CODIGO PROCESAL
PENAL

LIBRO I

Disposiciones
generales

TITULO I

Garantías
fundamentales, interpretación y aplicación de la ley

Juez natural, juicio previo. Presunción de
inocencia. "Non bis in idem".

Artículo 1° - Nadie podrá ser juzgado por
otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y
competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las
disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme
no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado
goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Interpretación restrictiva y analógica

Art. 2° - Toda disposición legal que coarte la
libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este
Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser
interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por
analogía.

"In dubio pro reo"

Art. 3° - En caso de duda deberá estarse a lo
que sea más favorable al imputado.

Normas prácticas

Art. 4° - Los tribunales competentes, en acuerdo
plenario dictarán las normas prácticas que sean necesarias para
aplicar este Código, sin alterar sus alcances y espíritu.

TITULO
II

Acciones que
nacen del delito

CAPITULO I

Acción
penal

Acción pública

Art. 5° - La acción penal pública se
ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de
oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no
podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos
expresamente previstos por la ley.

Acción dependiente de instancia privada

Art. 6° - La acción penal dependiente de
instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por
el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente.

Acción Privada

Art. 7° - La acción privada se ejerce por medio
de querella, en la forma especial que establece este Código.

Obstáculos al ejercicio de la acción penal

Art. 8° - Si el ejercicio de la acción penal
dependiere de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previos, se
observarán los límites establecidos por este Código en los
artículos 189 y siguientes.

Regla de no prejudicialidad

Art. 9° - Los tribunales deben resolver todas las
cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.

Cuestiones prejudiciales

Art. 10. - Cuando la existencia del delito dependa de una
cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la
acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en la
otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.

Apreciación

Art. 11. - No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, los tribunales podrán apreciar si la cuestión
prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que
aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso,
ordenarán que éste continúe.

Juicio previo

Art. 12. - El juicio previo de la otra jurisdicción
podrá ser promovido y proseguido por el Ministerio fiscal, con
citación de las partes interesadas.

Libertad del imputado. Diligencias urgentes

Art. 13. - Resuelta la suspensión del proceso se
ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos
urgentes de la instrucción.

CAPITULO II

Acción
civil

Ejercicio

Art. 14. - La acción civil para la
restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la
pretensión resarcitoria civil podrá ser ejercida sólo por
el titular de aquélla, o por sus herederos en relación a su cuota
hereditaria, representantes legales o mandatarios, contra los partícipes
del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo
tribunal en que se promovió la acción penal.

Casos en que la Nación sea damnificada

Art. 15. - La acción civil será ejercida por
los representantes del Cuerpo de Abogados del Estado cuando el Estado nacional
resulte perjudicado por el delito.

Oportunidad

Art. 16. - La acción civil sólo podrá
ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la acción
penal.

La absolución del procesado no impedirá al
tribunal penal pronunciarse sobre la acción civil, en la sentencia.

Ejercicio posterior

Art. 17. - Si la acción penal no puede proseguir en
virtud de causa legal, la acción civil podrá ser ejercida en sede
civil.

TITULO
III

El juez

CAPITULO I

Jurisdicción

Naturaleza y extensión

Art. 18. - La competencia penal se ejerce por los jueces y
tribunales que la Constitución Nacional y la ley instituyan, y se
extenderá a todos los delitos que cometieren en su territorio, o en el
alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto
de la Capital, o a bordo de aeronaves en el espacio aéreo y de los
delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro
país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades
argentinas en el desempeño de su cargo. Es improrrogable y se extiende
al conocimiento de las contravenciones cometidas en la misma
jurisdicción. (Párrafo sustituido por art. 20 del Anexo I de
la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

El mismo principio regirá para los delitos y
contravenciones sobre los cuales corresponda jurisdicción federal,
cualquiera que sea el asiento del tribunal.

Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento

Art. 19. - Si a una persona se le imputare un delito de
jurisdicción nacional y otro de jurisdicción federal, será
juzgado primero en la jurisdicción federal. Del mismo modo se
procederá en el caso de delitos conexos. (Párrafo sustituido
por art. 21 del Anexo I de la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

Sin perjuicio de ello, el proceso de jurisdicción
nacional podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre
que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones a la
defensa del imputado.

Jurisdicciones comunes. Prioridad de juzgamiento

Art. 20. - Si a una persona se le imputare un delito de
jurisdicción nacional y otro de jurisdicción provincial,
será juzgada primero en la Capital Federal o Territorio nacional, si el
delito imputado en ellos es de mayor gravedad o, siendo ésta igual, o
aquél se hubiere cometido anteriormente. Del mismo modo se
procederá en el caso de delitos conexos. Pero el tribunal, si lo
estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o
diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.

Unificación de penas

Art. 21. - Cuando una persona sea condenada en diversas
jurisdicciones y corresponda unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la
ley sustantiva, el tribunal solicitará o remitirá copia de la
sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor.

CAPITULO II

Competencia

Sección
Primera

Competencia en
razón de la materia

Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación

Art. 22. - La Corte Suprema de Justicia de la Nación
conoce en los casos y formas establecidos por la Constitución Nacional y
leyes vigentes.

Competencia de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Art. 23. - La Cámara de Casación juzga de los
recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.

(Artículo sustituido por art. 22 del Anexo I de
la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

Competencia de la Cámara de Apelación

Art. 24. - La Cámara de Apelación
conocerá:

1°;) De los recursos interpuestos contra las
resoluciones de los jueces de instrucción, correccional de menores y de
ejecución, cuando corresponda, en los casos de la suspensión del
proceso a prueba.

2°) De los recursos de queja por petición
retardada o denegada por los mismos jueces.

3°) De las cuestiones de competencia que se planteen
entre ellos. (Inciso sustituido por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

Competencia de los tribunales en lo criminal

Art. 25. - Los tribunales en lo criminal juzgarán en
única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro
tribunal.

Competencia del juez de instrucción

Art. 26. - El juez de instrucción investiga los
delitos de acción pública de competencia criminal, excepto en los
supuestos en los que el ministerio fiscal ejercite la facultad que le otorga el
artículo 196.

Competencia del juez correccional

Art. 27. - El juez en lo correccional investigará y
juzgará en única instancia:

1) En los delitos reprimidos con pena no privativa de la
libertad, de su competencia.

2) En los delitos reprimidos con pena privativa de la
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

3) En grado de apelación en las resoluciones sobre
faltas o contravenciones policiales y de queja por denegación de este
recurso.

Competencia del tribunal de menores

Art. 28. - El tribunal de menores juzgará en
única instancia en los delitos cometidos por menores que no hayan
cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho,
aunque hubiese excedido dicha edad al tiempo del juzgamiento, y que
estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres (3)
años.

Competencia del juez de menores

Art. 29. - El juez de menores conocerá:

1) En la investigación de los delitos de
acción pública cometidos por menores que no hayan cumplido
dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho.

2) En el juzgamiento en única instancia en los
delitos y contravenciones cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho
(18) años al tiempo de la comisión del hecho y que estén
reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad
que no exceda de tres (3) años.

3) En los casos de simple inconducta, abandono material o
peligro moral de menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al
tiempo de encontrarse en esa situación, conforme lo establecen las leyes
especiales.

Competencia del juez de ejecución

Art. 30. - El Tribunal de Ejecución conocerá
de los asuntos establecidos en el libro V del Código Procesal Penal.

Competencia de la Cámara Federal de
Casación Penal

Artículo 30 bis. - La Cámara Federal de
Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad,
casación y revisión interpuestos contra la sentencia y
resoluciones dictadas por los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con
asiento en la Capital Federal, y en las provincias, la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y
las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias,
jueces nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y
jueces federales de primera instancia con asiento en las provincias y
tribunales orales y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en toda la
República considerada a este efecto como una sola jurisdicción
judicial. Asimismo, entiende en los casos previstos en el artículo 72
bis de la Ley 24.121.

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley
N° 26.371, B.O. 30/5/2008. Vigencia: ver artículo 14,
implementación de la norma de referencia)

Competencia de la Cámara Federal de
Apelación

Art. 31. - La Cámara Federal de Apelación
conocerá sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:

1) De los recursos deducidos contra las resoluciones de los
jueces federales.

2) De los recursos de queja por justicia retardada o
denegada por los mismos.

3) De las cuestiones de competencia entre los tribunales
federales en lo criminal y de los jueces federales de su competencia
territorial y entre jueces federales de su competencia territorial y otras
competencias territoriales.

Competencia del Tribunal Federal en lo Criminal

Art. 32. - El Tribunal Federal en lo Criminal
juzgará:

1°) En única instancia de los delitos cuya
competencia no se atribuya a otro tribunal.

2°) En única instancia de los delitos previstos
en el artículo 210 bis y en el título X del libro II del
Código Penal.

Competencia del juez federal

Art. 33. - El juez federal conocerá:

1°) En la instrucción de los siguientes delitos:

a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales
o por piratas, ciudadanos o extranjeros;

b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;

c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de
las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos
aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o
tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen
servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia
de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen
falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de
billetes de bancos autorizados por el Congreso.

d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos
donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la
jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la
Capital.

e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis,
145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código
Penal. (Inciso sustituido por art. 13 de la Ley
N° 26.364, B.O. 30/4/2008)

2°) En el juzgamiento en instancia única de
aquellos delitos señalados en el párrafo anterior que
estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa de la
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

Sección
Segunda

Determinación
de la competencia

Determinación

Art. 34. - Para determinar la competencia se tendrá
en cuenta la pena establecida por la ley para el delito consumado y las
circunstancias agravantes de calificación, no así la
acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia.

Cuando la ley reprima el delito con varias clases de pena,
se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.

Declaración de incompetencia

Art. 35. - La incompetencia por razón de la materia
deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso.

El tribunal que la declare remitirá las actuaciones
al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que
hubiere.

Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se
haya planteado la excepción, el tribunal juzgará los delitos de
competencia inferior.

Nulidad por incompetencia

Art. 36. - La inobservancia de las reglas para determinar
la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de
los actos, excepto los que no pueden ser repetidos, y salvo el caso de que un
tribunal de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de
competencia inferior.

Sección
Tercera

Competencia
territorial

Reglas generales

Art. 37. - Será competente el tribunal de la
circunscripción judicial donde se ha cometido el delito.

En caso de delito continuado o permanente, lo será
el de la circunscripción judicial en que cesó la
continuación o la permanencia.

En caso de tentativa, lo será el de la
circunscripción judicial donde se cumplió el último acto
de ejecución.

Regla subsidiaria

Art. 38. - Si se ignora o duda en que
circunscripción se cometió el delito, será competente el
tribunal que prevenga en la causa.

Declaración de la incompetencia

Art. 39. - En cualquier estado del proceso, el tribunal que
reconozca su incompetencia territorial deberá remitir la causa al
competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin
perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.

Efectos de la declaración de incompetencia

Art. 40. - La declaración de incompetencia territorial
no producirá la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.

Sección
Cuarta

Competencia por
conexión

Casos de conexión

Art. 41. - Las causas serán conexas en los
siguientes casos si:

1°) Los delitos imputados han sido cometidos
simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque lo fueren en
distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas.

2°) Un delito ha sido cometido para perpetrar o
facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona
su provecho o la impunidad.

3°) Si a una persona se le imputaren varios delitos.

Reglas de conexión

Art. 42. - Cuando se sustancien causas conexas por delitos
de acción pública y jurisdicción nacional, aquéllas
se acumularán y será tribunal competente:

1°) Aquel a quien corresponda el delito más
grave.

2°) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma
pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido.

3°) Si los delitos fueren simultáneos, o no
constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya
procedido a la detención del imputado, o, en su defecto, el que haya
prevenido.

4°) Si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal
que debe resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la
mejor y más pronta administración de justicia.

La acumulación de causas no obstará a que se
puedan tramitar por separado las distintas actuaciones sumariales.

Excepción a las reglas de conexión

Art. 43. - No procederá la acumulación de
causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos
los procesos deberá intervenir un solo tribunal, de acuerdo con las
reglas del artículo anterior.

Si correspondiere unificar las penas, el tribunal lo
hará al dictar la última sentencia.

CAPITULO III

Relaciones
jurisdiccionales

Sección
Primera

Cuestiones de
jurisdicción y competencia

Tribunal competente

Art. 44. - Si dos tribunales se declaran simultánea
y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un delito, el
conflicto será resuelto por la Cámara de Apelaciones superior del
juez que previno.

Promoción

Art. 45. - El ministerio fiscal y las otras partes
podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante
el tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el tribunal que
consideren incompetente.

El que optare por uno de estos medios no podrá
abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlo simultánea o sucesivamente.

Al plantear la cuestión, el recurrente deberá
manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio, y
si resultare lo contrario será condenado en costas, aunque
aquélla sea resuelta a su favor o abandonada.

Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a
decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiere dictado
primero.

Oportunidad

Art. 46. - La cuestión de competencia podrá
ser promovida en cualquier estado de la instrucción, y hasta antes de
fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 36, 39 y 376.

Procedimiento de la inhibitoria

Art. 47. - Cuando se promueva la inhibitoria se observarán
las siguientes reglas:

1°) El tribunal ante quien se proponga resolverá
dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal, en su caso,
por igual término.

2°) Cuando se deniegue el requerimiento de
inhibición, la resolución será apelable ante la
Cámara de Apelaciones.

3°) Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con
él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la
competencia.

4°) El tribunal requerido, cuando reciba el oficio
inhibitorio, resolverá previa vista por tres (3) días al
ministerio fiscal y a las otras partes; cuando haga lugar a la inhibitoria, su
resolución será apelable. Si la resolución declara su
incompetencia, los autos serán remitidos oportunamente al tribunal que
la propuso, poniendo a su disposición al imputado y a los elementos de
convicción que hubiere.

5°) Si se negare la inhibición, el auto
será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma
prevista en el inciso 4, y se le pedirá que conteste si reconoce la
competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la
Cámara de Apelaciones.

6°) Recibido el oficio expresado en el inciso anterior,
el tribunal que propuso la inhibitoria resolverá en el término de
tres (3) días y sin más trámite, si sostiene o no su
competencia; en el primer caso remitirá los antecedentes a la
Cámara de Apelaciones y se lo comunicará al tribunal requerido
para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, se lo
comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado.

7°) El conflicto será resuelto dentro de tres
(3) días, previa vista por igual término al ministerio fiscal,
remitiéndose de inmediato la causa al tribunal competente.

Procedimiento de la declinatoria

Art. 48. - La declinatoria se substanciará en la
forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Efectos

Art. 49. - Las cuestiones de competencia no
suspenderán la instrucción, que será continuada:

a) Por el tribunal que primero conoció la causa.

b) Si dos tribunales hubieren tomado conocimiento de la
causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición.

Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la
audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión
del incidente, sin perjuicio de que el tribunal ordene la instrucción
suplementaria prevista por el artículo 357.

Validez de los actos practicados

Art. 50. - Los actos de instrucción practicados
hasta la decisión de la competencia serán válidos, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 36, pero el tribunal a
quien correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o
ampliación.

Cuestiones de jurisdicción

Art. 51. - Las cuestiones de jurisdicción entre
tribunales nacionales, federales, o provinciales serán resueltas
conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.

(Artículo sustituido por art. 23 del Anexo I de
la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

Sección
Segunda

Extradición

Extradición solicitada a jueces del país

Art. 52. - Los tribunales solicitarán la
extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta
jurisdicción, acompañando al exhorto copia de la orden de
detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la
sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad
del requerido.

Extradición solicitada a otros jueces

Art. 53. - Si el imputado o condenado se encontrara en
territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía
diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de
reciprocidad.

Extradición solicitada por otros jueces

Art. 54. - Las solicitudes de extradición efectuadas
por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente, previa vista
por veinticuatro (24) horas al ministerio público, siempre que
reúnan los requisitos del artículo 52.

Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su
identidad, se le permitirá que personalmente o por intermedio del
defensor aclare los hechos e indique las pruebas que a su juicio pueden ser
útiles, después de lo cual, si la solicitud de extradición
fuese procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición del
tribunal requirente.

CAPITULO IV

Inhibición y
recusación

Motivos de inhibición

Art. 55. - El juez deberá inhibirse de conocer en la
causa cuando exista uno de los siguientes motivos:

1°) Si hubiera intervenido en el mismo proceso como
funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o
actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o
si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente
en favor o en contra de alguna de las partes involucradas. (Inciso
sustituido por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

2°) Si como juez hubiere intervenido o interviniere en
la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

3°) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con
algún interesado.

4°) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren
interés en el proceso.

5°) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere
estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados.

6°) Si él o sus parientes, dentro de los grados
preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o
comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.

7°) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u
otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de
alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o
constituidos, bajo la forma de sociedades anónimas.

8°) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido
acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por
ellos.

9°) Si antes de comenzar el proceso alguno de los
interesados le hubiere promovido juicio político.

10) Si hubiere dado consejos o manifestado
extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los
interesados.

11) Si tuviere amistad íntima, o enemistad
manifiesta con alguno de los interesados.

12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u
otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios
de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el
proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de
poco valor.

Interesados

Art. 56. - A los fines del artículo anterior, se
considerarán interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el
civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte.

Trámite de la inhibición

Art. 57. - El juez que se inhiba remitirá la causa,
por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su
curso inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al
tribunal correspondiente, si estimare que la inhibición no tiene
fundamento. El tribunal resolverá la incidencia sin trámite.

Cuando el juez que se inhiba forme parte de un tribunal
colegiado, le solicitará que le admita la inhibición.

Recusación

Art. 58. - Las partes, sus defensores o mandatarios,
podrán recusar al juez sólo cuando exista uno de los motivos
enumerados en el artículo 55.

Forma

Art. 59. - La recusación deberá ser
interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por un escrito que indique los
motivos en que se basa y los elementos de prueba, si los hubiere.

Oportunidad

Art. 60. - La recusación sólo podrá
ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades:
durante la instrucción, antes de su clausura; en el juicio, durante el
término de citación; y cuando se trate de recursos, en el primer
escrito que se presente, o durante el plazo para interponer adhesiones.

Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior
integración del tribunal, la recusación podrá interponerse
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o de ser aquélla
notificada, respectivamente.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Trámite y competencia

Art. 61. - Si el juez admitiere la recusación se
procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57. En caso
contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe al
tribunal competente que, previa audiencia en que se recibirá la prueba e
informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno.

Recusación de jueces

Art. 62. - Si el juez fuere recusado y no admitiere la
causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará
la investigación aún durante el trámite del incidente;
pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán
declarados nulos siempre que lo pidiese el recusante en la primera oportunidad
que tomare conocimiento de ellos.

Recusación de secretarios y auxiliares

Art. 63. - Los secretarios y auxiliares deberán
inhibirse y podrán ser recusados por los motivos expresados en el
artículo 55 y el tribunal ante el cual actúen averiguará
sumariamente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso
alguno.

Efectos

Art. 64. - Producida la inhibición o aceptada la
recusación, el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el
proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente
desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la
intervención de los nuevos magistrados será definitiva.

TITULO
IV

Partes,
defensores y derechos de testigos y víctimas

CAPITULO I

El ministerio
fiscal

Función

Art. 65. - El ministerio fiscal promoverá y
ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.

Atribuciones del fiscal de cámara

Art. 66. - Además de las funciones generales,
acordadas por la ley, el fiscal de cámara actuará ante las
cámaras de casación, de apelaciones y federales, en la forma en
que lo disponga la ley orgánica del ministerio público.

Atribuciones del fiscal del tribunal de juicio

Art. 67. - Además de las funciones generales
acordadas por la ley, el fiscal del tribunal de juicio actuará durante
el juicio ante el tribunal respectivo, y podrá llamar al agente fiscal
que haya intervenido en la instrucción en los siguientes casos:

1°) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le
suministre informaciones o coadyuve con él, inclusive durante el debate.

2°) Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con el
requerimiento fiscal, o le fuere imposible actuar, para que mantenga oralmente
la acusación.

3°) Cuando en virtud de lo establecido en el
artículo 196, la investigación del o los delitos de que se trate
haya sido encomendada al agente fiscal.

Atribuciones del agente fiscal

Art. 68. - El agente fiscal actuará, en su caso,
ante los jueces de instrucción y en lo correccional, cumplirá la
función atribuida por el artículo anterior y colaborará
con el fiscal del tribunal de juicio cuando éste lo requiera. En los
supuestos en los que en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 la
dirección de la investigación de los delitos de acción
pública quede a cargo del agente fiscal, deberá ajustar su
proceder a las reglas establecidas en el título II del libro II de este
Código.

Forma de actuación

Art. 69. - Los representantes del ministerio fiscal
formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y
conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez;
procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás
casos.

Poder coercitivo

Art. 70. - En el ejercicio de sus funciones, el ministerio
público dispondrá de los poderes acordados al tribunal por el
artículo 120.

Inhibición y recusación

Art. 71. - Los miembros del ministerio público
deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos
establecidos respecto de los jueces, con excepción de los previstos en
la primera parte del inciso 8 y en el 10 del artículo 55.

La recusación, lo mismo que las cuestiones de
inhibición, serán resueltas en juicio oral y sumario por el juez
o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado.

CAPITULO II

El imputado

Calidad del imputado

Art. 72. - Los derechos que este Código acuerda al
imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso,
cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como
partícipe de un hecho delictuoso. Cuando estuviere detenido, el imputado
o sus familiares podrán formular sus instancias por cualquier medio ante
el funcionario encargado de la custodia, el que las comunicará
inmediatamente al órgano judicial competente.

Derecho del imputado

Art. 73. - La persona a quien se le imputare la
comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene
derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal,
personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las
pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.

Identificación

Art. 74. - La identificación se practicará
por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas
particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y cuando no
sea posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé
falsamente, se procederá a su identificación por testigos, en la
forma prescrita para los reconocimientos por los artículos 270 y
siguientes, y por los otros medios que se juzguen oportunos.

Identidad física

Art. 75. - Cuando sea cierta la identidad física de
la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados y obtenidos no
alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en
cualquier estado de la misma o durante la ejecución.

Incapacidad

Art. 76. - Si se presumiere que el imputado, en el momento
de cometer el hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo
hacía inimputable, podrá disponerse provisionalmente su internación
en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para
sí o para los terceros.

En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos
por el curador o si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la
intervención correspondiente a los defensores ya nombrados.

Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años
sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres
o tutor.

Incapacidad sobreviniente

Art. 77. - Si durante el proceso sobreviniere la
incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la
tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para
sí o para los terceros, ordenará la internación de
aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará
trimestralmente sobre el estado del enfermo.

La suspensión del trámite del proceso
impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el
momento que se ordene, sin perjuicio de que se averigue el hecho o se prosiga
aquél contra los demás imputados.

Examen mental obligatorio

Art. 78. - El imputado será sometido a examen
mental, siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena
no menor de diez (10) años de prisión, o cuando fuere sordomudo,
o menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70), o si fuera
probable la aplicación de una medida de seguridad.

CAPITULO III

Derechos de la
víctima y el testigo

Art. 79. - Desde el inicio de un proceso penal hasta su
finalización, el Estado nacional garantizará a las
víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un
órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:

a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
autoridades competentes;

b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la
autoridad competente designe;

c) A la protección de la integridad física y
moral, inclusive de su familia;

d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal
en el que ha participado;

e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70)
años, mujer embarazada o enfermo grave a cumplir el acto procesal en el
lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la
autoridad competente con la debida anticipación.

Art. 80. - Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:

a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de
las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de
constituirse en actor civil o tener calidad de querellante;

b) A ser informada sobre el estado de la causa y la
situación del imputado;

c) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial
podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales
intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello
no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.

Art. 81. - Los derechos reconocidos en este capítulo
deberán ser enunciados por el órgano judicial competente, al
momento de practicar la primera citación de la víctima o del
testigo.

CAPITULO IV

El querellante
particular

Derecho de querella

Art. 82. - Toda persona con capacidad civil particularmente
ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a
constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar
elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances
que en este Código se establezcan.

Cuando se trate de un incapaz, actuará por él
su representante legal.

Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte
del ofendido, podrán ejercer este derecho el cónyuge
supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante
legal.

Si el querellante particular se constituyera a la vez en
actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los
requisitos para ambos institutos.

Art. 82 bis. - Intereses colectivos. Las asociaciones o
fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte
querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa,
humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto
estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se
consideren lesionados.

No será obstáculo para el ejercicio de esta
facultad la constitución en parte querellante de aquellas personas a las
que se refiere el artículo 82.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 26.550 B.O. 27/11/2009)

Forma y contenido de la presentación

Art. 83. - Forma y contenido de la presentación. La
pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por
escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el
poder, con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo pena de
inadmisibilidad:

1º) Nombre, apellido o razón social, domicilios
real y legal del querellante.

2º) Relación sucinta del hecho en que se funda.

3º) Nombre, apellido y domicilio del o de los
imputados, si lo supiere.

4º) La acreditación de los extremos de
personería que invoca, en su caso. Si se tratare de una
asociación o fundación, deberá acompañar
además copia fiel de los instrumentos que acrediten su
constitución conforme a la ley.

5º) La petición de ser tenido por querellante y
la firma.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley
N° 26.550 B.O. 27/11/2009)

Oportunidad

Art. 84. - La constitución en parte querellante se
regirá por lo dispuesto en el artículo 90. El pedido será
resuelto por decreto fundado o auto en el término de tres (3)
días. La resolución será apelable.

Unidad de representación. Responsabilidad.
Desistimiento

Art. 85. - Serán aplicables los artículos
416, 419 y 420. No procederá la unidad de representación entre
particulares y asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley
N° 26.550 B.O. 27/11/2009)

Deber de atestiguar

Art. 86. - La intervención de una persona como
querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el
proceso.

CAPITULO V

El actor civil

Constitución de parte

Art. 87. - Para ejercer la acción civil emergente
del delito en el proceso penal, su titular, deberá constituirse en actor
civil.

Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio,
no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas en las
formas prescriptas para el ejercicio de las acciones civiles.

Demandados

Art. 88. - La constitución de actor civil
procederá aun cuando no estuviere individualizado el imputado.

Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente
demandados, la acción podrá ser dirigida contra uno o más
de ellos.

Pero si lo fuera contra los segundos deberá
obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.

Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se
entenderá que se dirige contra todos.

Forma del acto

Art. 89. - La constitución de parte civil
podrá hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que
contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el
domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y los motivos
en que se funda la acción.

Art. 90. - La constitución de parte civil
podrá tener lugar en cualquier estado del proceso hasta la clausura de
la instrucción.

Pasada dicha oportunidad, la constitución
será rechazada sin más trámite, sin perjuicio de accionar
en la sede correspondiente.

Facultades

Art. 91. - El actor civil tendrá en el proceso la
intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso
y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas
cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.

Notificación

Art. 92. - La constitución del actor civil
deberá ser notificada al imputado y al civilmente demandado y
producirá efectos a partir de la última notificación. En
el caso del artículo 88, primera parte, la notificación se
hará en cuanto se individualice al imputado.

Demanda

Art. 93. - El actor civil deberá concretar su
demanda dentro de tres (3) días de notificado de la resolución
prevista en el artículo 346.

La demanda se formulará por escrito y con las
formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de
la Nación y será notificada de inmediato al civilmente demandado.

Desistimiento

Art. 94. - El actor podrá desistir de la
acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas
que su intervención hubiere causado.

El desistimiento importa renuncia de la acción
civil. Se lo tendrá por desistido cuando no concrete la demanda en la
oportunidad fijada en el artículo 93 o no comparezca al debate o se
aleje de la audiencia sin haber formulado conclusiones.

Carencia de recursos

Art. 95. - El actor civil carece de recursos contra el auto
de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, sin perjuicio de las acciones que
pudieren corresponderle en sede civil.

Deber de atestiguar

Art. 96. - La intervención de una persona como actor
civil no la exime del deber de declarar como testigo en el proceso penal.

CAPITULO VI

El civilmente
demandado

Citación

Art. 97. - Las personas que según la ley civil
respondan por el imputado del daño que cause el delito podrán ser
citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la
acción resarcitoria quien, en su escrito, expresará el nombre y
el domicilio del demandado y los motivos en que funda su acción.

Oportunidad y forma

Art. 98. - El decreto que ordene la citación, que
podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 90,
contendrá el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la
indicación del proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que
nunca será menor de cinco (5) días.

La resolución será notificada al imputado.

Nulidad

Art. 99. - Será nula esta citación cuando
adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del
civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba.

La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni
impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la
jurisdicción respectiva.

Caducidad

Art. 100. - El desistimiento del actor civil hará
caducar la intervención del civilmente demandado.

Contestación de la demanda. Excepciones.
Reconvención

Art. 101. - El civilmente demandado deberá contestar
la demanda dentro de los seis (6) días de notificado de la misma. En el
mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime
pertinentes y reconvenir.

La forma se regirá por lo establecido por el
Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Trámite

Art. 102. - El trámite de las excepciones y la
reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del
Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Los plazos serán en todos los casos de tres (3)
días.

La resolución de las excepciones podrá, sin
embargo ser diferida por el tribunal para la sentencia por auto fundado.

Art. 103. - Aun cuando estuviesen pendientes de
resolución las excepciones y defensas, las partes civiles deberán
ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad, en el período establecido por
el artículo 354.

CAPITULO VII

Defensores y
mandatarios

Derecho del imputado

Art. 104. - El imputado tendrá derecho a hacerse
defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor
oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello
no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal
sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le ordenará
que elija defensor dentro del término de tres (3) días, bajo
apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial.

En ningún caso el imputado podrá ser
representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el
imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el
otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil.

Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado.

El imputado podrá designar defensor aún
estando incomunicado y por cualquier medio.

Número de defensores

Art. 105. - El imputado no podrá ser defendido
simultáneamente por más de dos abogados.

Cuando intervengan dos defensores, la notificación
hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución
de uno por el otro no alterará trámites ni plazos.

Obligatoriedad

Art. 106. - El cargo de defensor del imputado, una vez
aceptado, es obligatorio. La aceptación será obligatoria para el
abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del
defensor oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por una
razón atendible.

El defensor tendrá derecho a examinar los autos
antes de aceptar el cargo, salvo el caso de secreto del sumario. Tendrá
tres (3) días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento
por no efectuado.

Defensa de oficio

Art. 107. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 104 y en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la
indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los
abogados de la matrícula.

Si el imputado no lo hiciere hasta el momento de
recibírsele declaración indagatoria, el juez designará de
oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse
personalmente.

Nombramiento posterior

Art. 108. - La designación del defensor de oficio no
perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de su confianza;
pero la sustitución no se considerará operada hasta que el
designado acepte el cargo y fije domicilio.

Artículo 109: Defensor común

Art. 109. - La defensa de varios imputados podrá ser
confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si
ésta fuere advertida, el tribunal proveerá, aun de oficio, a las
sustituciones necesarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.

Otros defensores y mandatarios

Art. 110. - El actor civil y el civilmente demandado
actuarán en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con
patrocinio letrado.

Sustitución

Art. 111. - Los defensores de los imputados podrán
designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento
legítimo, con consentimiento del acusado.

En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente
asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá derecho a
prórroga de plazos o audiencias.

Abandono

Art. 112. - En ningún caso el defensor del imputado
podrá abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado. Si
así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por
el defensor oficial. Hasta entonces estará obligado a continuar en el
desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma
causa.

Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el
debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga
máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no
podrá volverse a suspender por la misma causa, aun cuando el tribunal
conceda la intervención de otro defensor particular, lo que no
excluirá la del oficial.

El abandono de los defensores o mandatarios de las partes
civiles no suspenderá el proceso.

Sanciones

Art. 113. - El incumplimiento injustificado de las
obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser
corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo de un juez de
primera instancia, además de la separación de la causa. El
abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar
las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones.
Estas serán sólo apelables cuando las dicte el juez. El
órgano judicial deberá comunicarlo al Colegio Público de
Abogados a sus efectos.

TITULO
V

Actos Procesales

CAPITULO I

Disposiciones
generales

Idioma

Art. 114. - En los actos procesales deberá usarse el
idioma nacional bajo pena de nulidad.

Fecha

Art. 115. - Para fechar un acto deberá indicarse el
lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora será
consignada sólo cuando especialmente se lo exija.

Cuando la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad,
ésta sólo podrá ser declarada cuando aquélla no
pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de otros
conexos con él.

El secretario o auxiliar autorizado del tribunal
deberá poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba,
expresando la fecha y hora de presentación.

Día y hora

Art. 116. - Los actos procesales deberán cumplirse
en días y horas hábiles, salvo los de instrucción. Para
los de debate, el tribunal podrá habilitar los días y horas que
estime necesarios.

Juramento y promesa de decir la verdad

Art. 117. - Cuando se requiera la prestación de
juramento, éste será recibido, según corresponda, por el
juez o por el presidente del tribunal, bajo pena de nulidad, de acuerdo con las
creencias del que lo preste, quien será instruido de las penas
correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual se le
leerán las pertinentes disposiciones legales y prometerá decir la
verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula
"lo juro" o "lo prometo".

Declaraciones

Art. 118. - El que debe declarar en el proceso lo
hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el
tribunal lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los
hechos.

En primer término, el declarante será
invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y
después, si fuere necesario, se lo interrogará.

Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni
sugestivas.

En los casos de delitos dependientes de instancia privada,
la víctima y/o sus representantes legales sólo prestarán
declaración ante el juez, el agente fiscal y su abogado, debiendo
evitarse los interrogatorios humillantes.

Cuando se proceda por escrito, se consignarán las
preguntas y respuestas.

Declaraciones especiales

Art. 119. - Para recibir juramento y examinar a un sordo se
le presentará por escrito la fórmula de las preguntas; si se
tratare de un mudo se le harán oralmente las preguntas y
responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y
respuestas serán escritas.

Si dichas personas no supieren leer o escribir, se
nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de
él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

CAPITULO II

Actos y
resoluciones judiciales

Poder coercitivo

Art. 120. - En el ejercicio de sus funciones, el tribunal
podrá requerir la intervención de la fuerza pública y
disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento
de los actos que ordene.

Asistencia del secretario

Art. 121. - El tribunal será siempre asistido en el
cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará todas sus
resoluciones con firma entera precedida por la fórmula: "Ante
mí".

Resoluciones

Art. 122. - Las decisiones del tribunal serán dadas
por sentencia, auto o decreto.

Dictará sentencia para poner término al
proceso, después de su integral tramitación; auto, para resolver
un incidente o artículo del proceso o cuando este Código lo
exija; decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente
prescrita.

Las copias de las sentencias y de los autos serán
protocolizadas por el secretario.

Motivación de las resoluciones

Art. 123. - Las sentencias y los autos deberán ser
motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la
misma sanción, cuando la ley lo disponga.

Firma de las resoluciones

Art. 124. - Las sentencias y los autos deberán ser
suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuaren; los
decretos, por el juez o el presidente del tribunal. La falta de firma
producirá la nulidad del acto.

Término

Art. 125. - El tribunal dictará los decretos el
día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de
los cinco (5) días, salvo que se disponga otro plazo; y las sentencias,
en las oportunidades especialmente previstas.

Rectificación

Art. 126. - Dentro del término de tres (3)
días de dictadas las resoluciones, el tribunal podrá rectificar
de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material
contenidos en aquéllas, siempre que ello no importe una
modificación esencial.

La instancia de aclaración suspenderá el
término para interponer los recursos que procedan.

Queja por retardo de justicia

Art. 127. - Vencido el término en que deba dictarse
una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho y, si
dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el
retardo al tribunal que ejerza la superintendencia, el que, previo informe del
denunciado, proveerá enseguida lo que corresponda. Si la demora fuere
imputable al presidente o a un miembro de un tribunal colegiado, la queja
podrá formularse ante este mismo tribunal; y si lo fuere a la Corte
Suprema de Justicia, el interesado podrá ejercitar los derechos que le
acuerda la Constitución.

Resolución definitiva

Art. 128. - Las resoluciones judiciales quedarán
firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto
no sean oportunamente recurridas.

Copia auténtica

Art. 129. - Cuando por cualquier causa se destruyan,
pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales
necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de
aquéllos.

Restitución y renovación

Art. 130. - Si no hubiere copia de los actos, el tribunal
ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que
evidencien su reexistencia y contenido. Cuando esto no fuera posible,
dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.

Copia e informes

Art. 131. - El tribunal ordenará la
expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una
autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo
interés en obtenerlos.

CAPITULO III

Suplicatorias,
exhortos, mandamientos y oficios

Reglas generales

Art. 132. - Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera
de la sede del tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento
por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se
dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o
inferior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de
la aplicación de lo dispuesto al respecto en las leyes convenio con las
provincias.

Art. 132 bis. - En las causas en que se investigue alguno
de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del CODIGO
PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma forma conexa con aquéllas,
cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o la demora en el
procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de la
investigación, el Juez o el Fiscal a cargo de ésta podrán
actuar en ajena jurisdicción territorial ordenando a las autoridades de
prevención las diligencias que entiendan pertinentes, debiendo comunicar
las medidas dispuestas al Juez del lugar. Las autoridades de prevención
deberán poner en conocimiento del Juez del lugar los resultados de las
diligencias practicadas.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Comunicación directa

Art. 133. - Los tribunales podrán dirigirse
directamente a cualquier autoridad administrativa, la que prestará su
cooperación y expedirá los informes que le soliciten dentro del
tercer día de recibido el pedido del juez o, en su caso, en el plazo que
éste fije.

Exhortos con tribunales extranjeros

Art. 134. - Los exhortos a tribunales extranjeros se
diligenciarán por vía diplomática en la forma establecida
por los tratados o costumbres internacionales.

Los de tribunales extranjeros serán diligenciados en
los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y
por las leyes del país o en la forma que se establezca en los convenios
firmados con los distintos países, con sujeción al principio de
reciprocidad.

Exhortos de otras jurisdicciones

Art. 135. - Los exhortos de otras jurisdicciones
serán diligenciados, sin retardo, previa vista fiscal, siempre que no
perjudiquen la jurisdicción del tribunal.

Denegación y retardo

Art. 136. - Si el diligenciamiento de un exhorto fuere
denegado o demorado, el tribunal exhortante podrá dirigirse al tribunal
superior pertinente, el cual, previa vista fiscal, resolverá si
corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento.

Comisión y transferencia del exhorto

Art. 137. - El tribunal exhortado podrá comisionar
el despacho del exhorto a otro inferior, cuando el acto deba practicarse fuera
del lugar de su asiento, o remitirlo al tribunal a quien se debió
dirigir, si ese lugar no fuera de su competencia.

CAPITULO IV

Actas

Regla general

Art. 138. - Cuando el funcionario público que intervenga
en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en
su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las
disposiciones de este Capítulo. A tal efecto, el juez y el fiscal
serán asistidos por un Secretario, y los funcionarios de policía
o fuerzas de seguridad por dos testigos, que en ningún caso
podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas
que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro,
inspecciones oculares, requisa personal.

Contenido y formalidades

Art. 139. - Las actas deberán contener: la fecha; el
nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya impedido,
en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir; la
indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las
declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o
a requerimiento; si las dictaron los declarantes.

Concluida o suspendida la diligencia, el acta será
firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban hacerlo. Cuando
alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello.

Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se le
informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por
una persona de su confianza, lo que se hará constar.

Nulidad

Art. 140. - El acta será nula si falta la
indicación de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del
secretario o testigos de actuación, o la información prevista en
la última parte del artículo anterior.

Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o
sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de ésta.

Testigos de actuación

Art. 141. - No podrán ser testigos de
actuación los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los
que en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia.

CAPITULO V

Notificaciones,
citaciones y vistas

Regla general

Art. 142. - Las resoluciones generales se harán
conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de
dictadas, salvo que el tribunal dispusiere un plazo menor y no obligarán
sino a las personas debidamente notificadas.

Personas habilitadas

Art. 143. - Las notificaciones serán practicadas por
el secretario o el empleado del tribunal que corresponda o se designe
especialmente.

Cuando la persona que se deba notificar esté fuera
de la sede del tribunal, la notificación se practicará por
intermedio de la autoridad judicial que corresponda.

Lugar del acto

Art. 144. - Los fiscales y defensores oficiales
serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en la
secretaría del tribunal o en el domicilio constituido.

Si el imputado estuviere preso, será notificado en
la secretaría o en el lugar de su detención, según lo
resuelva el tribunal.

Las personas que no tuvieren domicilio constituido
serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se
hallaren.

Domicilio legal

Art. 145. - Al comparecer en el proceso, las partes
deberán constituir domicilio dentro del radio del ejido urbano del
asiento del tribunal.

Notificaciones a los defensores y mandatarios

Art. 146. - Si las partes tuvieren defensor o mandatario,
solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones, salvo que
la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquéllas sean
notificadas.

Modo de la notificación

Art. 147. - La notificación se hará
entregando a la persona que debe ser notificada, una copia autorizada de la
resolución, dejándose debida constancia en el expediente.

Si se tratare de sentencias o de autos, la copia se
limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.

Notificación en la oficina

Art. 148. - Cuando la notificación se haga
personalmente en la secretaría o en el despacho del fiscal o del
defensor oficial se dejará constancia en el expediente, con
indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el
notificado, quien podrá sacar copia de la resolución. Si
éste no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, lo harán dos
testigos requeridos al efecto, no pudiendo servirse para ello de los
dependientes de la oficina.

Notificaciones en los domicilios

Art. 149. - Cuando la notificación se haga en el
domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará
dos copias autorizadas de la resolución con indicación del
tribunal y el proceso en que se dictó; entregará una al
interesado y al pie de la otra, que se agregará al expediente,
dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y
hora de la diligencia, firmando juntamente con el notificado.

Cuando la persona a quien se deba notificar no fuera
encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna mayor de
dieciocho (18) años que resida allí, prefiriéndose a los
parientes del interesado y, a falta de ellos, a sus empleados o dependientes.
Si no se encontrare a ninguna de esas personas, la copia será entregada
a un vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, con preferencia el
más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la
notificación hará constar a qué persona hizo entrega de la
copia y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el
notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre o
firmar, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación
donde se practique el acto, de lo que se dejará constancia, en presencia
de un testigo que firmará la diligencia.

Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo
hará un testigo a su ruego.

Notificación por edictos

Art. 150. - Cuando se ignore el lugar donde reside la
persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por
edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para
averiguarlo.

Los edictos contendrán, según el caso, la
designación del tribunal que entendiere en la causa; el nombre y
apellido del destinatario de la notificación; del delito que motiva el
proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la
resolución que se notifica; el término dentro del cual
deberá presentarse el citado, así como el apercibimiento de que,
en caso de no hacerlo, será declarado rebelde; la fecha en que se expide
el edicto y la firma del secretario.

Un ejemplar del número del Boletín Oficial en
que se hizo la publicación será agregado al expediente.

Disconformidad entre original y copia

Art. 151. - En caso de disconformidad entre el original y
la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por él
recibida.

Nulidad de la notificación

Art. 152. - La notificación será nula:

1°) Si hubiere existido error sobre la identidad de la
persona notificada.

2°) Si la resolución hubiere sido notificada en
forma incompleta.

3°) Si en la diligencia no constara la fecha o, cuando
corresponda, la entrega de la copia.

4°) Si faltare alguna de las firmas prescritas.

Citación

Art. 153. - Cuando sea necesaria la presencia de una persona
para algún acto procesal, el órgano judicial competente
ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con
las formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el
artículo siguiente, pero bajo pena de nulidad en la cédula se expresará:
el tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en
que el citado deberá comparecer.

Citaciones especiales

Art. 154. - Los testigos, peritos, intérpretes y
depositarios podrán ser citados por medio de la policía, o por
carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se les
advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen
la orden judicial y que, en este caso, serán conducidos por la fuerza
pública de no mediar causa justificada.

El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente.
La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que
causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere.

Vistas

Art. 155. - Las vistas sólo se ordenarán
cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas por las personas
habilitadas para notificar.

Modo de correr las vistas

Art. 156. - Las vistas se correrán entregando al
interesado, bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenaren.

El secretario o empleado hará constar la fecha del
acto mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el
interesado.

Notificación

Art. 157. - Cuando no se encontrare a la persona a quien se
deba correr vista, la resolución será notificada conforme a lo
dispuesto en el artículo 149.

El término correrá desde el día
hábil siguiente.

El interesado podrá retirar de secretaría el
expediente por el tiempo que faltare para el vencimiento del término.

Término de las vistas

Art. 158. - Toda vista que no tenga término fijado
se considerará otorgada por tres (3) días.

Falta de devolución de las actuaciones

Art. 159. - Vencido el término por el cual se
corrió la vista sin que las actuaciones sean devueltas, el tribunal
librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o
se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y hacer uso de
la fuerza pública.

Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento
por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa de hasta el
diez por ciento (10%) del sueldo de un magistrado de primera instancia, sin
perjuicio de la detención y la formación de causa que
corresponda.

Nulidad de las vistas

Art. 160. - Las vistas serán nulas en los mismos
casos en que lo sean las notificaciones.

CAPITULO VI

Términos

Regla general

Art. 161. - Los actos procesales se practicarán
dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije
término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los
términos correrán para cada interesado desde su
notificación o, si fueren comunes, desde la última que se
practique y se contarán en la forma establecida por el Código
Civil.

Cómputo

Art. 162. - En los términos se computarán
únicamente los días hábiles y los que se habiliten, con
excepción de los incidentes de excarcelación, en los que
aquéllos serán continuos.

En este caso, si el término venciera en día
feriado, se considerará prorrogado de derecho al primer día
hábil siguiente.

Improrrogabilidad

Art. 163. - Los términos son perentorios e
improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.

Prórroga especial

Art. 164. - Si el término fijado venciere
después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella
podrá ser realizado durante las dos primeras horas del día
hábil siguiente.

Abreviación

Art. 165. - La parte a cuyo favor se hubiere establecido un
término, podrá renunciarlo o consentir su abreviación
mediante manifestación expresa.

CAPITULO VII

Nulidades

Regla general

Art. 166. - Los actos procesales serán nulos
sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente
prescriptas bajo pena de nulidad.

Nulidad de orden general

Art. 167. - Se entenderá siempre prescripta bajo
pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:

1°) Al nombramiento, capacidad y constitución
del juez, tribunal o representante del ministerio fiscal.

2°) A la intervención del juez, ministerio
fiscal y parte querellante en el proceso y a su participación en los
actos en que ella sea obligatoria.

3°) A la intervención, asistencia y
representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece.

Declaración

Art. 168. - El tribunal que compruebe una causa de nulidad
tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo
hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte.

Solamente deberán ser declaradas de oficio, en
cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el
artículo anterior que impliquen violación de las normas
constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.

Quien puede oponer la nulidad

Art. 169. - Excepto los casos en que proceda la
declaración de oficio, sólo podrán oponer la nulidad, las
partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la
observancia de las disposiciones legales respectivas.

Oportunidad y forma de la oposición

Art. 170. - Las nulidades sólo podrán ser
opuestas bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades:

1°) Las producidas en la instrucción, durante
ésta o en el término de citación a juicio.

2°) Las producidas en los actos preliminares del
juicio, hasta inmediatamente después de abierto el debate.

3°) Las producidas en el debate, al cumplirse el acto o
inmediatamente después.

4°) Las producidas durante la tramitación de un
recurso, hasta inmediatamente después de abierta la audiencia, o en el
memorial.

La instancia de nulidad será motivada, bajo pena de
inadmisibilidad, y el incidente se tramitará en la forma establecida
para el recurso de reposición.

Modo de subsanar las nulidades

Art. 171. - Toda nulidad podrá ser subsanada del
modo establecido en este Código, salvo las que deban ser declaradas de
oficio.

Las nulidades quedarán subsanadas:

1°) Cuando el ministerio fiscal o las partes no las
opongan oportunamente.

2°) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan
aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

3°) Si, no obstante su irregularidad, el acto hubiere
conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

Efectos

Art. 172. - La nulidad de un acto, cuando fuere declarada,
hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.

Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además,
a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por
conexión con el acto anulado.

El tribunal que la declare ordenará, cuando fuere
necesario y posible, la renovación, ratificación o
rectificación de los actos anulados.

Sanciones

Art. 173. - Cuando un tribunal superior declare la nulidad
de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de
la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley.

LIBRO
II

Instrucción

TITULO I

Actos iniciales

CAPITULO I

Denuncia

Facultad de denunciar

Art. 174. - Toda persona que se considere lesionada por un
delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser
lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al
agente fiscal o a la policía. Cuando la acción penal depende de
instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a
instar, conforme a lo dispuesto a este respecto por el Código Penal. Con
las formalidades previstas en el capítulo IV, del título IV, del
libro primero, podrá pedirse ser tenido por parte querellante.

Forma

Art. 175. - La denuncia presentada ante la policía
podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por
representante o por mandatario especial. En este último caso
deberá agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial
reciba la denuncia en forma escrita comprobará y hará constar la
identidad del denunciante. Cuando sea verbal, se extenderá en un acta de
acuerdo con el Capítulo IV, Título V, del Libro I.

En el caso que la denuncia sea presentada ante la
fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente,
por representante o por mandatario especial. En este último caso
deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario que
la reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del
denunciante.

A los fines de comprobar su identidad, el denunciante
podrá presentar cualquier documento válido de identidad.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley
N° 26.395 B.O. 28/8/2008)

Art. 175 bis - Cuando la denuncia escrita sea presentada
ante la policía, el funcionario que la reciba, luego de la
comprobación de identidad señalada en el artículo 175
CPPN, deberá colocar en el escrito un sello que acredite la hora y el
día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y el
número de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de
la presentación o firmando la copia, a pedido del denunciante.

En ningún caso se podrá rechazar la presentación
de la denuncia, sin perjuicio del trámite judicial que ulteriormente
corresponda.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 26.395 B.O. 28/8/2008)

Contenido

Art. 176. - La denuncia deberá contener, en cuanto
fuere posible, la relación del hecho, con las circunstancias del lugar,
tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus
partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan
conducir a su comprobación y calificación legal.

Obligación de denunciar

Art. 177. - Tendrán obligación de denunciar
los delitos perseguibles de oficio:

1°) Los funcionarios o empleados públicos que
los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos
y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto
a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al
prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén
bajo el amparo del secreto profesional.

Prohibición de denunciar

Art. 178. - Nadie podrá denunciar a su
cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito
aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado
igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.

Responsabilidad del denunciante

Art. 179. - El denunciante no será parte en el
proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto por el delito en
que pudiere incurrir.

Denuncia ante el juez

Art. 180. - El juez que reciba una denuncia la
transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término
de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél
fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al
artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida
a otra jurisdicción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el juez de instrucción que reciba una denuncia podrá,
dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia
del caso fije uno menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el
artículo 196, primer párrafo, en cuyo caso el agente fiscal
asumirá la dirección de la investigación conforme a las
reglas establecidas en el título II, del libro II de este Código
o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra
jurisdicción.

Será desestimada cuando los hechos referidos en ella
no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que
disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra
jurisdicción, será apelable, aún por quien
pretendía ser tenido por parte querellante.

Denuncia ante el agente fiscal

Art. 181. - Cuando la denuncia sea presentada ante el
agente fiscal, éste procederá conforme a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 196 o requerirá la desestimación
o remisión a otra jurisdicción.

Se procederá luego, de acuerdo con el
artículo anterior.

Denuncia ante la policía o las fuerzas de
seguridad

Art. 182. - Cuando la denuncia sea hecha ante la
policía o las fuerzas de seguridad, ellas actuarán con arreglo al
artículo 186.

CAPITULO II

Actos de la
policía judicial y de las fuerzas de seguridad

Función

Art. 183. - La policía o las fuerzas de seguridad
deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por
orden de autoridad competente, los delitos de acción pública,
impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores,
individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la
acusación.

Si el delito fuera de acción pública
dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando
reciba la denuncia prevista por el artículo 6.

Atribuciones, deberes y limitaciones

Art. 184. - Los funcionarios de la policía o de las
fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones:

1°) Recibir denuncias.

2°) Cuidar que los rastros materiales que hubiere
dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique
hasta que lo disponga la autoridad competente.

3°) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las
personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de
aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo las
diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta
inmediatamente al juez.

4°) Si hubiera peligro de que cualquier demora
comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado
de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones
que aconseje la policía científica.

5°) Disponer con arreglo al artículo 230, los allanamientos
del artículo 227, las requisas e inspecciones del artículo 230
bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato aviso al
órgano judicial competente.

6°) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del
local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha cometido un delito
grave, o proceder conforme al artículo 281 dando inmediato aviso al
órgano judicial competente.

7°) Interrogar a los testigos.

8°) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y
formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación
cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término
máximo de diez (10) horas, que no podrá prolongarse por
ningún motivo sin orden judicial.

En tales supuestos deberá practicarse un informe
médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona
al momento de su aprehensión.

9°) En los delitos de acción pública y
únicamente en los supuestos del artículo 285, requerir del
sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre
circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las
investigaciones. Esta información no podrá ser documentada ni
tendrá valor alguno en el proceso.

10) No podrán recibir declaración al
imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su
identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los
derechos y garantías contenidos en los artículos 104,
párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 298 de este
Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo
pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la
comunicación que hará el juez a la autoridad superior del
funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por el
incumplimiento.

Si hubiese razones de urgencia para que el imputado
declare, o éste manifestara su deseo de hacerlo, y el juez a quien
corresponda intervenir en el asunto no estuviere próximo, se
arbitrarán los medios para que su declaración sea recibida por
cualquier juez que posea su misma competencia y materia.

11) Usar de la fuerza pública en la medida de la
necesidad.

Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de
seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que
los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del
tribunal.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Art. 184 bis - Cuando se tratare de delitos cometidos por
personas que tuvieran estado militar y en el interior de establecimientos
militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá
notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las facultades y
obligaciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 8º y
9º del artículo anterior hasta que se haga presente en el lugar la
autoridad judicial competente.

(Artículo incorporado por art. 24 del Anexo I de
la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

Secuestro de correspondencia: Prohibición

Art. 185. - Los funcionarios de la policía y fuerzas
de seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que
la remitirán intacta a la autoridad judicial competente; sin embargo, en
los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que
autorizará la apertura si lo creyere oportuno.

Comunicación y procedimiento

Art. 186. - Los encargados de la prevención,
comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la
iniciación de actuaciones de prevención. Bajo la dirección
del juez o del fiscal, según correspondiere, y en carácter de
auxiliares judiciales, formarán las actuaciones de prevención que
contendrán:

1°) Lugar y fecha en que fueron iniciadas.

2°) Los datos personales de quienes en ellas
intervinieron.

3°) Las declaraciones recibidas, los informes que se
hubieran producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.

Concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones de
prevención serán remitidas al juez competente o al fiscal,
según corresponda.

Las actuaciones de prevención deberán
practicarse dentro del término de cinco días, prorrogables por
otros cinco días previa autorización del juez o fiscal,
según corresponda, sin perjuicio de que posteriormente se practiquen
actuaciones complementarias con aquellas diligencias que quedaren pendientes.

(Artículo Sustituido por art. 2° de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Sanciones

Art. 187. - Los funcionarios de la policía o de las
fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que
omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo
cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el
Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y
previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el
artículo 159 segunda parte o arresto de hasta 15 días,
recurribles --dentro de los tres días-- ante el órgano judicial
que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda
aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de
seguridad de que se trate.

(Artículo sustituido por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

CAPITULO II BIS:

Actos de las
fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate.

(Capítulo incorporado por art. 25 del Anexo I de
la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)

Art. 187 bis - La autoridad militar en zona de combate
podrá detener al infractor del artículo 240 bis del Código
Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o
partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a
disposición del juez federal competente.

Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en
condiciones de seguridad antes de los cinco (5) días corridos a partir
de la detención, el comandante de la zona convocará a un juez que
se hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.

A este efecto, el comandante preferirá un juez
federal o nacional y, a falta de éstos, un juez provincial letrado.
Preferirá también un juez con alguna competencia en la zona, pero
si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque fuere
circunstancialmente.

CAPITULO III

Actos del
Ministerio Fiscal

Requerimiento

Art. 188. - El agente fiscal requerirá al juez
competente la instrucción, cuando la denuncia de un delito de
acción pública se formule directamente ante el magistrado o la
policía y las fuerzas de seguridad, y aquél no decidiera hacer
uso de la facultad que le acuerda el primer párrafo del artículo
196.

En los casos en que la denuncia de un delito de
acción pública fuera receptada directamente por el agente fiscal
o éste promoviera la acción penal de oficio, si el juez de instrucción,
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196,
decidiera tomar a su cargo la investigación, el agente fiscal
deberá así requerirla.

El requerimiento de instrucción contendrá:

1°) Las condiciones personales del imputado, o, si se
ignoraren, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer.

2°) La relación circunstanciada del hecho con
indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de
ejecución.

3°) La indicación de las diligencias
útiles a la averiguación de la verdad.

CAPITULO IV

Obstáculos
fundados en privilegio constitucional

Desafuero

Art. 189. - (Artículo derogado por art. 6° de
la Ley
N° 25.320 B.O. 13/9/2000)

Antejuicio

Art. 190. - (Artículo derogado por art. 6° de
la Ley
N° 25.320 B.O. 13/9/2000)

Procedimiento

Art. 191. - (Artículo derogado por art. 6° de
la Ley
N° 25.320 B.O. 13/9/2000)

Varios imputados

Art. 192. - Cuando se proceda contra varios imputados y
sólo alguno o algunos de ellos gocen de privilegio constitucional, el
proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.

TITULO
II

Sección I

Disposiciones
generales para la instrucción

Finalidad

Art. 193. - La instrucción tendrá por objeto:

1°) Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante
las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.

2°) Establecer las circunstancias que califiquen el
hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad.

3°) Individualizar a los partícipes.

4°) Verificar la edad, educación, costumbres,
condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el
estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que
actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las
demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad.

5°) Comprobar la extensión del daño
causado por el delito, aunque el damnificado no se hubiera constituido en actor
civil.

Investigación directa

Art. 194. - El juez de instrucción deberá
proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan
cometidos en su circunscripción judicial, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 196.

Iniciación

Art. 195. - La instrucción será iniciada en
virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o
información policial, según lo dispuesto en los artículos
188 y 186, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en
tales actos.

El juez rechazará el requerimiento fiscal u
ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el
hecho imputado no cosntituya delito o no se pueda proceder. La
resolución será apelable por el agente fiscal y la parte
querellante.

Art. 196. - El juez de instrucción podrá
decidir que la dirección de la investigación de los delitos de
acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal,
quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la
sección II del presente título.

En aquellos casos en los cuales la denuncia de la
comisión de un delito de acción pública sea receptada
directamente por el agente fiscal, o promovida por él la acción
penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en conocimiento
de ella al juez de instrucción, practicará las medidas de
investigación ineludibles, cuando corresponda, solicitará al juez
de instrucción que recepte la declaración del imputado, conforme
las reglas establecidas en la sección II de este título, luego de
lo cual el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a
su cargo la investigación, o si continuará en ella el agente fiscal.

Los jueces en lo correccional, en lo penal
económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la
Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la
misma facultad que el párrafo primero del presente artículo
otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción. (Párrafo
incorporado por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

Artículo 196

Art. 196 bis. - No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, en los sumarios por hechos ilícitos de
competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor
individualizado, la dirección de la investigación quedará
desde el inicio de las actuaciones delegada al Ministerio Público
Fiscal, con noticia al juez competente en turno.

En las causas en que se investigue alguno de los delitos
previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION,
o que tramiten en forma conexa con aquéllas, aun cuando tengan autores
individualizados, la dirección de la investigación quedará
a cargo del MINISTERIO PUBLICO FISCAL desde el inicio de las actuaciones hasta
la conclusión del sumario, con noticia al Juez competente en turno. (Párrafo
incorporado por art. 2° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.409 B.O. 20/4/2001)

Art. 196 ter. - En esos mismos supuestos, la policía
o las fuerzas de seguridad deberán dar noticia en forma inmediata a la
unidad funcional respectiva que a tal fin establezca el Procurador General de
la Nación, de los delitos de acción pública de competencia
criminal de instrucción o correccional, según corresponda,
comunicando asimismo al juez de turno la comisión de tales
ilícitos y la intervención dada al Ministerio Público
Fiscal.

Esta comunicación estará a cargo de la unidad
funcional respectiva, cuando las causas no sean originadas en la
prevención.

(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley
N° 25.409 B.O. 20/4/2001)

Art. 196 quáter. - En los casos en que la investigación
de los delitos mencionados en el artículo 196 bis, hiciere posible la
imputación a persona o personas determinadas, el funcionario del
Ministerio Público a cargo de la unidad funcional respectiva,
deberá remitir las actuaciones al fiscal a quien hubiese correspondido
intervenir por sorteo, turno o circuito territorial. Ello, sin perjuicio de la
actuación conjunta o alternativa que pueda disponer el Procurador
General de la Nación, de acuerdo a las facultades del artículo 33
incisos d), e), g) y n) de la Ley 24.946.

El fiscal interviniente, remitirá las actuaciones al
juez competente para que en el plazo de tres días haga uso de la
facultad que le otorga el artículo 196 primer párrafo.

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley
N° 25.409 B.O. 20/4/2001)

Defensor y domicilio

Art. 197. - En la primera oportunidad, inclusive durante la
prevención policial pero, en todo caso, antes de la indagatoria, el juez
invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no
aceptare inmediatamente el cargo, procederá conforme al artículo
107. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente
antes de practicarse los actos aludidos en los artículos 184,
penúltimo párrafo, y 294 bajo pena de nulidad de los mismos.

En el mismo acto, cuando el imputado esté en
libertad, deberá fijar domicilio. Si estuviere detenido se
informará a la persona que indique su lugar de detención.

Participación del ministerio público

Art. 198. - El ministerio fiscal podrá intervenir en
todos los actos de la instrucción y examinar en cualquier momento las
actuaciones.

Si el agente fiscal hubiere expresado el propósito
de asistir a un acto, será avisado con suficiente tiempo y bajo
constancia, pero aquél no se suspenderá ni retardará por
su ausencia. Cuando asista, tendrá los deberes y las facultades que
prescribe el artículo 203.

Proposición de diligencias

Art. 199. - Las partes podrán proponer diligencias.
El juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles;
su resolución será irrecurrible.

Derecho de asistencia y facultad judicial

Art. 200. - Los defensores de las partes tendrán
derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos,
reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto en el
artículo 218, siempre que por su naturaleza y características se
deban considerar definitivos e irreproducibles, lo mismo que a las
declaraciones de los testigos que por su enfermedad u otro impedimento sea presumible
que no podrán concurrir al debate.

El juez podrá permitir la asistencia del imputado o
del ofendido, cuando sea útil para esclarecer los hechos o necesaria por
la naturaleza del acto.

Las partes tendrán derecho a asistir a los registros
domiciliarios.

Notificación: casos urgentísimos

Art. 201. - Antes de proceder a realizar alguno de los
actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro
domiciliario, el juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean
notificados el ministerio fiscal, la parte querellante y los defensores; mas la
diligencia se practicará en la oportunidad establecida, aunque no
asistan.

Sólo en casos de suma urgencia se podrá
proceder sin notificación o antes del término fijado,
dejándose constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.

Posibilidad de asistencia

Art. 202. - El juez permitirá que los defensores
asistan a los demás actos de la instrucción, siempre que ello no
ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una
pronta y regular actuación. La resolución será
irrecurrible.

Admitida la asistencia, se avisará verbalmente a los
defensores antes de practicar los actos, si fuere posible, dejándose
constancia.

Deberes y facultades de los asistentes

Art. 203. - Los defensores que asistan a los actos de
instrucción no podrán hacer signos de aprobación o
desaprobación, y en ningún caso tomarán la palabra sin
expresa autorización del juez, a quien deberán dirigirse cuando
el permiso les fuere concedido. En este caso podrán proponer medidas,
formular preguntas, hacer las observaciones que estimen pertinentes o pedir que
se haga constar cualquier irregularidad. La resolución que recaiga al
respecto será siempre irrecurrible.

Carácter de las actuaciones

Art. 204. - El sumario será público para las
partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la
indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo
párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el
secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en
peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos
definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para
aquéllos.

La reserva no podrá durar más de diez (10)
días y será decretada sólo una vez, a menos que la
gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que
aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá
decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados.

El sumario será siempre secreto para los
extraños.

Incomunicación

Art. 205. - El juez podrá decretar la incomunicación
del detenido por un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas,
prorrogable por otras veinticuatro (24) mediante auto fundado, cuando existan
motivos para temer que se pondrá de acuerdo con terceros u
obstaculizará de otro modo la investigación.

Cuando la autoridad policial haya ejercitado la facultad
que le confiere el inciso 8 del artículo 184, el juez sólo
podrá prolongar la incomunicación hasta completar un
máximo de setenta y dos (72) horas.

En ningún caso la incomunicación del detenido
impedirá que éste se comunique con su defensor inmediatamente
antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto que requiera
su intervención personal.

Se permitirá al incomunicado el uso de libros u
otros objetos que solicite, siempre que no puedan servir para eludir la
incomunicación o atentar contra su vida o la ajena.

Asimismo se le autorizará a realizar actos civiles
impostergables, que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen los fines de la
instrucción.

Limitaciones sobre la prueba

Art. 206. - No regirán en la instrucción las
limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con
excepción de las relativas al estado civil de las personas.

Duración y prórroga

Art. 207. - La instrucción deberá practicarse
en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese
término resultare insuficiente, el juez solicitará
prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá
acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la
demora y la naturaleza de la investigación.

Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy
difícil investigación, la prórroga otorgada podrá
exceder excepcionalmente de dicho plazo.

Art. 207 bis. - En las causas en que se investigue alguno
de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del CODIGO
PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, los
términos fijados en el artículo 207 de este Código se
reducirán en la mitad. El Fiscal a cargo de la instrucción
podrá solicitar una prórroga de dicho término, en las
condiciones estipuladas en el artículo precitado y previa
autorización del Procurador General de la Nación.

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Actuaciones

Art. 208. - Las diligencias del sumario se harán
constar en actas que el secretario extenderá y compilará conforme
a lo dispuesto en el capítulo IV, título V, del libro I, de este
Código.

Sección II

Forma

Art. 209. - El representante del ministerio fiscal
procederá con arreglo a lo dispuesto por este Código para
practicar las actividades a que lo faculta el artículo 196 y que le
servirán de base a su requerimiento (artículo 347).

Atribuciones

Art. 210. - En el supuesto que el juez de instrucción
proceda según el párrafo primero del artículo 196, el
representante del ministerio fiscal, practicará los actos procesales que
considere indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro
órgano judicial. En este caso, los requerirá a quien corresponda.

Luego de promovida la acción penal de oficio o
recibida la denuncia por el representante del ministerio fiscal, éste
comunicará inmediatamente dicha circunstancia al juez de
instrucción y procurará la obtención de los medios
probatorios imprescindibles según las reglas establecidas en el presente
título.

Cuando fuere necesario la producción de actos que
por su naturaleza y características fuesen definitivos e
irreproducibles, inmediatamente solicitará dichas medidas al
órgano judicial que corresponda.

Art. 211. - Desde el inicio del proceso el representante
del ministerio fiscal garantizará al imputado el ejercicio al derecho de
defensa establecido en el artículo 104, y en su caso, proveerá a
su defensa de oficio (artículo 107).

Facultades

Art. 212. - En el plazo establecido para desarrollar la
investigación (artículo 207), el representante del ministerio
público podrá citar a testigos (artículo 240), requerir
los

informes que estime pertinentes y útiles
(artículo 222), disponer las medidas que considere necesarias en el
ejercicio de sus funciones (artículo 120) y practicar las inspecciones
de lugares y cosas (artículo 216) con la debida orden judicial de
allanamiento en caso de ser necesario.

Las partes le podrán proponer actos procesales o la obtención
de medios de prueba en cualquier momento de la investigación. El
representante del ministerio fiscal observando las reglas de la presente
sección, los llevará a cabo si los considera pertinentes y
útiles.

Art. 212 bis. - No obstante lo establecido en el
artículo 213 inciso a), cuando hubiese motivo bastante para sospechar
que una persona ha participado en la comisión de alguno de los delitos
previstos por los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION,
o en alguna otra infracción penal cuya investigación resulte
conexa con aquéllas, el Fiscal procederá a recibirle
declaración, salvo que el imputado manifestase su voluntad de declarar
ante el Juez.

Cuando la declaración sea recibida por el Fiscal,
éste procederá de acuerdo con lo establecido por los
artículos 294 y siguientes de este Código. Concluida la
diligencia, el Fiscal remitirá copia de todo lo actuado al Juez, al solo
efecto de que éste resuelva la situación del imputado
(artículos 306 y siguientes).

Cuando la declaración sea recibida por el Juez, el
Fiscal le remitirá inmediatamente las actuaciones, conservando copia de
sus partes pertinentes a efectos de continuar con la investigación.

En ambos casos, antes de comenzar la declaración,
deberá informarse detalladamente al imputado, si correspondiese, las
disposiciones contenidas en el artículo 41 ter del CODIGO PENAL DE LA
NACION.

El Juez deberá pronunciarse en el término
improrrogable de CINCO (5) días desde la realización de la
audiencia. La resolución será apelable, sin efecto suspensivo,
dentro del término de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Requerimientos

Art. 213. - En esta etapa, el representante del ministerio
fiscal requerirá, bajo pena de nulidad, al juez de instrucción
que practique los siguientes actos:

a) La recepción de la declaración del
imputado (artículo 294);

b) Toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del
imputado, con excepción de los delitos cometidos en flagrancia
(artículo 284) o de suma urgencia (artículos 281, 282), en cuyo
caso nunca podrá superar las seis (6) horas.

También deberá requerir inmediatamente,
cuando corresponda, la cesación de las mismas;

c) La producción de los actos irreproducibles y
definitivos;

d) Toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a la
suspensión de la persecución penal o al sobreseimiento del
imputado;

e) Todo otro acto no comprendido en el artículo 212,
y que el Código Procesal Penal sólo faculte practicar a un juez.

Art. 214. - En caso de que el juez de instrucción
dispusiera que continuará con la dirección de la
investigación, los actos procesales cumplidos por el representante del
ministerio fiscal, de acuerdo con las normas de este Código,
conservarán su validez.

Sin perjuicio de ello, el juez de instrucción
procederá conforme al artículo 195.

Art. 215. - En el supuesto que el juez de
instrucción conceda (artículo 196, párrafo primero) o
autorice continuar (artículo 196, párrafo segundo) al
representante del ministerio fiscal la dirección de la
investigación, éste reunirá los elementos probatorios
respecto de los extremos de la imputación penal, en su caso,
correrá vista al querellante (artículo 347), luego de lo cual
expedirá en los términos del inciso 2) del artículo 347.

En ningún caso, podrá requerirse la
elevación a juicio, bajo pena de nulidad, sin que el imputado haya
prestado declaración o que conste que se negó a prestarla.

Inmediatamente después comunicará su dictamen
al juez de instrucción. Si éste no está de acuerdo con el
mismo, se procederá según lo establecido por el párrafo
segundo del artículo 348.

En caso contrario, dictará el sobreseimiento o se
procederá conforme a los artículos 349 y siguientes de este
Código.

TITULO
III

Medios de prueba

CAPITULO I

Inspección
judicial y reconstrucción del hecho

Inspección judicial

Art. 216. - El juez de instrucción
comprobará, mediante la inspección de personas, lugares y cosas,
los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado; los
describirá detalladamente y, cuando fuere posible, recogerá o
conservará los elementos probatorios útiles.

Ausencia de rastros

Art. 217. - Si el hecho no dejó rastros o no produjo
efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el
juez describirá el estado actual y, en lo posible, verificará el
anterior. En caso de desaparición o alteración averiguará
y hará constar el modo, tiempo y causa de ella.

Inspección corporal y mental

Art. 218. - Cuando lo juzgue necesario, el juez
podrá proceder a la inspección corporal y mental del imputado,
cuidando que en lo posible se respete su pudor.

Podrá disponer igual medida respecto de otra
persona, con la misma limitación, en los casos de grave y fundada
sospecha o de absoluta necesidad.

En caso necesario, la inspección podrá
practicarse con el auxilio de peritos.

Al acto sólo podrá asistir el defensor o una
persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de
tal derecho.

Art. 218 bis. - Obtención de ácido
desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la obtención de
ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando
ello fuere necesario para su identificación o para la
constatación de circunstancias de importancia para la
investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado
donde se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.

Para tales fines, serán admisibles mínimas
extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras
biológicas, a efectuarse según las reglas del saber
médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad
física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida,
según la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.

La misma será practicada del modo menos lesivo para
la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en
consideración su género y otras circunstancias particulares. El
uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida en
ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su
realización.

Si el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea
posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá
ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por
medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos
que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual
podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa
personal.

Asimismo, cuando en un delito de acción
pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la
presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará
teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su
revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene.
A tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización de las
medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá del
modo indicado en el cuarto párrafo.

En ningún caso regirán las prohibiciones del
artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 26.549 B.O. 27/11/2009)

Facultades coercitivas

Art. 219. - Para realizar la inspección, el juez
podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que
hubieren sido halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier
otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los
testigos, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.

Identificación de cadáveres

Art. 220. - Si la instrucción se realizare por causa
de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuere desconocido,
antes de procederse al entierro del cadáver o después de su
exhumación, hecha la descripción correspondiente, se lo
identificará por medio de testigos y se tomarán sus impresiones
digitales.

Cuando por los medios indicados no se obtenga la
identificación y el estado del cadáver lo permita, éste
será expuesto al público antes de practicarse la autopsia, a fin
de que quien tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento los comunique
al juez.

Reconstrucción del hecho

Art. 221. - El juez podrá ordenar la
reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo
efectuarse de un modo determinado.

No podrá obligarse al imputado a intervenir en la
reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla.

Operaciones técnicas

Art. 222. - Para la mayor eficacia de las inspecciones y
reconstrucciones, el juez podrá ordenar todas las operaciones
técnicas y científicas convenientes.

Juramento

Art. 223. - Los testigos, peritos e intérpretes que
intervengan en actos de inspección o reconstrucción,
deberán prestar juramento, bajo pena de nulidad.

CAPITULO II

Registro
domiciliario y requisa personal

Registro

Art. 224. - Si hubiere motivo para presumir que en
determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del
delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o
de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará
por auto fundado el registro de ese lugar.

El juez podrá proceder personalmente o delegar la
diligencia en el fiscal o en los funcionarios de la policía o de las
fuerzas de seguridad. En caso de delegación, expedirá una orden
de allanamiento escrita, que contendrá: la identificación de
causa en la que se libra; la indicación concreta del lugar o lugares que
habrán de ser registrados; la finalidad con que se practicará el
registro y la autoridad que lo llevará a cabo. El funcionario actuante
labrará un acta conforme lo normado por los artículos 138 y 139
de este Código.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la
diligencia, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el
allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos. El
destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción
al Juez emisor y corroborará que los datos de la orden, referidos en el
párrafo anterior, sean correctos. Podrá usarse la firma digital.
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION o el órgano en que ésta
delegue dicha facultad, reglamentará los recaudos que deban adoptarse
para asegurar la seriedad, certidumbre y autenticidad del procedimiento. (Párrafo
incorporado por art. 5° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los
testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese
al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el
acta, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se
encontrare objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al
que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le
comunicará al juez o fiscal interviniente.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Allanamiento de morada

Art. 225. - Cuando el registro deba efectuarse en un lugar
habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá
realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora
cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente
graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.

Allanamiento de otros locales

Art. 226. - Lo establecido en el primer párrafo del
artículo anterior no regirá para los edificios públicos y
oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo,
el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté
destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a
cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la
investigación.

Para la entrada y registro en el Congreso el juez
necesitará la autorización del presidente de la Cámara
respectiva.

Allanamiento sin orden

Art. 227. - No obstante lo dispuesto en los
artículos anteriores, la policía podrá proceder al
allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1°) Por incendio, explosión, inundación u
otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2°) Se denunciare que personas extrañas han sido
vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios
manifiestos de ir a cometer un delito.

3°) Se introduzca en una casa o local algún
imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.

4°) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que
allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.

5°) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o
local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la
libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física
(artículo 34 inciso 7 del CODIGO PENAL DE LA NACION). El representante
del MINISTERIO PUBLICO FISCAL deberá autorizar la diligencia y
será necesaria su presencia en el lugar. (Inciso incorporado por art.
6° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Formalidades para el allanamiento

Art. 228. - La orden de allanamiento será notificada
al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté
ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de
edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al
notificado se le invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará
constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su
resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la
investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si
alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

Autorización del registro

Art. 229. - Cuando para el cumplimiento de sus funciones o
por razones de higiene, moralidad y orden público alguna autoridad
competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al
juez orden de allanamiento expresando los fundamentos del pedido. Para resolver
la solicitud, el juez podrá requerir las informaciones que estime
pertinentes.

Requisa personal

Art. 230. - El juez ordenará la requisa de una
persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para
presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de
proceder a la medida podrá invitársela a exhibir el objeto de que
se trate.

Las requisas se practicarán separadamente,
respetando el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer
serán efectuadas por otra.

La operación se hará constar en acta que
firmará el requisado; si no la suscribiere, se indicará la causa.
La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no
obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas.

Art 230 bis. - Los funcionarios de la policía y fuerza
de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e
inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el
interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con
la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o
constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la
comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias
particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas:

a) con la concurrencia de circunstancias previas o
concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas
respecto de persona o vehículo determinado; y,

b) en la vía pública o en lugares de acceso
público.

La requisa o inspección se llevará a cabo, de
acuerdo a lo establecido por el 2° y 3er. párrafo del
artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo
231, y se labrará acta conforme lo dispuesto por los artículos
138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que
disponga lo que corresponda en consecuencia.

Tratándose de un operativo público de
prevención podrán proceder a la inspección de
vehículos.

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

CAPITULO III

Secuestro

Orden de secuestro

Art. 231. - El juez podrá disponer el secuestro de
las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que
puedan servir como medios de prueba.

Sin embargo, esta medida será dispuesta y cumplida
por los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad, cuando
el hallazgo de esas cosas fuera resultado de un allanamiento o de una requisa
personal o inspección en los términos del artículo 230
bis, dejando, constancia de ello en el acta respectiva y dando cuenta inmediata
del procedimiento realizado al juez o al fiscal intervinientes.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Orden de presentación

Art. 232. - En lugar de disponer el secuestro el juez
podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los
sujetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta
orden no podrá dirigirse a las personas que puedan o deban abstenerse de
declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o de
Estado.

Custodia del objeto secuestrado

Art. 233. - Los efectos secuestrados serán
inventariados y puestos, bajo segura custodia, a disposición del
tribunal. En caso necesario podrá disponerse su depósito.

El juez podrá ordenar la obtención de copias
o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan
desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a
la instrucción.

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello
del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los
documentos en cada una de sus hojas.

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará
previamente su identidad e integridad. Concluido el acto, aquéllos
serán repuestos y de todo se dejará constancia.

Intercepción de correspondencia

Art. 234. - Siempre que lo considere útil para la
comprobación del delito el juez podrá ordenar, mediante auto
fundado, la intercepción y el secuestro de la correspondencia postal o
telegráfica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a
éste, aunque sea bajo nombre supuesto.

Apertura y examen de correspondencia. Secuestro

Art. 235. - Recibida la correspondencia o los efectos
interceptados, el juez procederá a su apertura en presencia del
secretario, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y
leerá, por sí, el contenido de la correspondencia.

Si tuvieren relación con el proceso, ordenará
el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y
dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes
próximos, bajo constancia.

Intervención de comunicaciones telefónicas

Art. 236. - El juez podrá ordenar, mediante auto
fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o
cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o
conocerlas.

Bajo las mismas condiciones, el Juez podrá ordenar
también la obtención de los registros que hubiere de las
comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él. (Párrafo
incorporado por art. 7° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

En las causas en que se investigue alguno de los delitos
previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION,
o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando existiese peligro en
la demora, debidamente justificado, dichas facultades podrán ser
ejercidas por el representante del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, mediante auto
fundado, con inmediata comunicación al Juez, quien deberá
convalidarla en el término improrrogable de veinticuatro horas, bajo
pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba introducida a
partir de él. (Párrafo incorporado por art. 7° de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Documentos excluidos de secuestro

Art. 237. - No podrán secuestrarse las cartas o
documentos que se envíen o entreguen a defensores para el
desempeño de su cargo.

Devolución

Art. 238. -Los objetos secuestrados que no estén
sometidos a la confiscación, restitución, o embargo, serán
devueltos tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se
sacaron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en
calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de
exhibirlos cada vez que le sea requerido. Los efectos sustraídos
serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado, salvo que se
oponga a ello el poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados.
Cuando se trate de automotores, se aplicará lo dispuesto por el
artículo 10 ter de la Ley 20.785.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley
N° 26.348, B.O. 21/1/2008)

Reintegro de inmuebles

Art. 238 Bis. - En las causas por infracción al
artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y
aun sin dictado de auto de procesamiento, el juez, a pedido del damnificado,
podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la
posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el
damnificado fuere verosímil. El juez, podrá fijar una caución
si lo considerare necesario.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.324 B.O. 13/10/2000)

CAPITULO IV

Testigos

Deber de interrogar

Art. 239. - El juez interrogará a toda persona que
conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser
útil para descubrir la verdad.

Obligación de testificar

Art. 240. - Toda persona tendrá la obligación
de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuánto
supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Capacidad de atestiguar y apreciación

Art. 241. - Toda persona será capaz de atestiguar,
sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con
las reglas de la sana crítica.

Prohibición de declarar

Art. 242. - No podrán testificar en contra del
imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes
o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o
de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo
liga con el imputado.

Facultad de abstención

Art. 243. - Podrán abstenerse de testificar en
contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos
que el testigo fuere denunciante, querellante o actor civil o que el delito
aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o
más próximo que el que lo liga con el imputado.

Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de
nulidad, el juez advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad,
de lo que se dejará constancia.

Deber de abstención

Art. 244. - Deberán abstenerse de declarar sobre los
hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del
propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros
de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los
médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del
arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de
Estado.

Sin embargo, estas personas no podrán negar su
testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el
interesado, salvo las mencionadas en primer término.

Si el testigo invocare erróneamente ese deber con
respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, el juez
procederá, sin más, a interrogarlo.

Citación

Art. 245. - Para el examen de testigos, el juez
librará orden de citación con arreglo al artículo 154,
excepto los casos previstos en los artículos 250 y 251.

Sin embargo, en caso de urgencia, podrán ser citados
por cualquier medio, inclusive verbalmente.

El testigo podrá también presentarse
espontáneamente, lo que se hará constar.

Declaración por exhorto o mandamiento

Art. 246. - Cuando el testigo resida en un lugar distante
del juzgado o sean difíciles los medios de transporte, se
comisionará la declaración de aquél, por exhorto o
mandamiento a la autoridad judicial de su residencia, salvo que el juez
considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho
investigado y la importancia del testimonio. En este caso fijará
prudencialmente la indemnización que corresponda al citado.

Compulsión

Art. 247. - Si el testigo no se presentare a la primera
citación, se procederá conforme al artículo 154, sin
perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda.

Si después de comparecer el testigo, se negare a
declarar, se dispondrá su arresto hasta por dos (2) días, al
término de los cuales, cuando persista en la negativa, se
iniciará contra él causa criminal.

Arresto inmediato

Art. 248. - Podrá ordenarse el inmediato arresto de
un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte,
fugue o ausente. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir
la declaración, el que nunca excederá de veinticuatro (24) horas.

Forma de la declaración

Art. 249. - Antes de comenzar la declaración, el
testigo será instruido acerca de las penas por falso testimonio y
prestará juramento de decir verdad, con excepción de los menores
inimputables y de los condenados como partícipes del delito que se
investiga o de otro conexo.

El juez interrogará separadamente a cada testigo,
requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión,
domicilio, vínculos de parentesco y de interés con las partes y
cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.

Después de ello le interrogará sobre el hecho
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118.

Para cada declaración se labrará un acta con
arreglo a los artículos 138 y 139.

Tratamiento especial

Art. 250. - No estarán obligados a comparecer el
presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y
vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y
provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las
provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los
oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su
equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores
de las universidades oficiales. (Párrafo sustituido por art. 26 del
Anexo I de la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación)

Según la importancia que el juez atribuya a su
testimonio y el lugar en que se encuentren, aquellas personas declararán
en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un
informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento.

Los testigos enumerados podrán renunciar a este
tratamiento especial.

Art. 250 Bis. - Cuando se trate de víctimas de los
delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I,
capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su
comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el
siguiente procedimiento:

a) Los menores aludidos sólo serán
entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o
adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en
ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las
partes;

b) El acto se llevará a cabo en un gabinete
acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del
menor;

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional
actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que
arriban;

d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de
oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior
del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de
video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso,
previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al
profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes,
así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que
serán canalizadas teniendo en cuenta las características del
hecho y el estado emocional del menor.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o
cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el
tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.852 B.O. 8/1/2004)

Art. 250 Ter. - Cuando se trate de víctimas
previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha de ser requerida su
comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los
18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio,
requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para
la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados.
En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 250 bis.

(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley
N° 25.852 B.O. 8/1/2004)

Examen en el domicilio

Art. 251. - Las personas que no puedan concurrir al
tribunal por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su
domicilio o lugar de alojamiento o internación.

Falso testimonio

Art. 252. - Si un testigo incurriere presumiblemente en
falso testimonio se ordenarán las copias pertinentes y se las
remitirá al juez competente, sin perjuicio de ordenarse su
detención.

CAPITULO V

Peritos

Facultad de ordenar las pericias

Art. 253. - El juez podrá ordenar pericias siempre
que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la
causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna
ciencia, arte o técnica.

Calidad habilitante

Art. 254. - Los peritos deberán tener título
de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse
y estar inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial
competente. Si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere
peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a persona de
conocimiento o práctica reconocidos.

Incapacidad e incompatibilidad

Art. 255. - No podrán ser peritos: los incapaces;
los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o que hayan sido
citados como tales en la causa; los que hubieren sido eliminados del registro
respectivo por sanción; los condenados o inhabilitados.

Excusación y recusación

Art. 256. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, son causas legales de excusación y
recusación de los peritos las establecidas para los jueces.

El incidente será resuelto por el juez, oído
el interesado y previa averiguación sumaria, sin recurso alguno.

Obligatoriedad del cargo

Art. 257. - El designado como perito tendrá el deber
de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave
impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez, al
ser notificado de la designación.

Si no acudiere a la citación o no presentare el
informe a debido tiempo, sin causa justificada, incurrirá en las
responsabilidades señaladas para los testigos por los artículos
154 y 247.

Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo
juramento.

Nombramiento y notificación

Art. 258. - El juez designará de oficio a un perito,
salvo que considere indispensable que sean más. Lo hará entre los
que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere, entre
los funcionarios públicos que, en razón de su título
profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen
acerca del hecho o circunstancia que se quiere establecer.

Notificará esta resolución al ministerio
fiscal, a la parte querellante y a los defensores antes que se inicien las
operaciones periciales, bajo pena de nulidad, a menos que haya suma urgencia o
que la indagación sea extremadamente simple.

En estos casos, bajo la misma sanción, se les
notificará que se realizó la pericia, que puedan hacer examinar
sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuere posible, su
reproducción.

Facultad de proponer

Art. 259. - En el término de tres (3) días, a
contar de las respectivas notificaciones previstas en el artículo
anterior, cada parte podrá proponer, a su costa, otro perito legalmente
habilitado, conforme a lo dispuesto en el artículo 254.

Directivas

Art. 260. - El juez dirigirá la pericia,
formulará concretamente las cuestiones a elucidar, fijará el
plazo en que ha de expedirse el perito y, si lo juzgare conveniente,
asistirá a las operaciones.

Podrá igualmente autorizar al perito para examinar
las actuaciones o para asistir a determinados actos procesales.

Conservación de objetos

Art. 261. - Tanto el juez como los peritos
procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de
modo que la pericia pueda repetirse.

Si fuere necesario destruir o alterar los objetos
analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones,
los peritos deberán informar al juez antes de proceder.

Ejecución. Peritos nuevos

Art. 262. - Los peritos practicarán unidos el
examen, deliberarán en sesión secreta, a la que sólo
podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su
informe en común. En caso contrario, harán por separado sus
respectivos dictámenes.

Si los informes discreparen fundamentalmente, el juez
podrá nombrar más peritos, según la importancia del caso,
para que los examinen e informen sobre su mérito o, si fuere factible y
necesario, realicen otra vez la pericia.

Dictamen y apreciación

Art. 263. - El dictamen pericial podrá expedirse por
informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere
posible:

1°) La descripción de las personas, lugares,
cosas o hechos examinados en las condiciones en que hubieren sido hallados.

2°) Una relación detallada de todas las
operaciones practicadas y sus resultados.

3°) Las conclusiones que formulen los peritos conforme
a los principios de su ciencia, arte o técnica.

4°) Lugar y fecha en que se practicaron las
operaciones. El juez valorará la pericia de acuerdo con las reglas de la
sana crítica.

Autopsia necesaria

Art. 264. - En todo caso de muerte violenta o sospechosa de
criminalidad se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección
exterior resultare evidente la causa de la muerte.

Cotejo de documentos

Art. 265. - Cuando se trate de examinar o cotejar
algún documento, el juez ordenará la presentación de las
escrituras de comparación, pudiendo utilizarse escritos privados si no
hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de estos escritos
podrá disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona
hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de estos escritos
podrá disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que
deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.

El juez podrá disponer también que alguna de
las partes forme cuerpo de la escritura. De la negativa se dejará
constancia.

Reserva y sanciones

Art. 266. - El perito deberá guardar reserva de todo
cuanto conociere con motivo de su actuación.

El juez podrá corregir con medidas disciplinarias la
negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos y aún
sustituirlos sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan
corresponder.

Honorarios

Art. 267. - Los peritos nombrados de oficio o a pedido del
ministerio público tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos
que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de
conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la
pericia requiera.

El perito nombrado a petición de parte podrá
cobrarlos siempre, directamente a ésta o al condenado en costas.

CAPITULO VI

Intérpretes

Designación

Art. 268. - El juez nombrará un intérprete
cuando fuere necesario traducir documentos o declaraciones que,
respectivamente, se encuentren o deban producirse en idioma distinto al
nacional, aun cuando tenga conocimiento personal de aquél.

El declarante podrá escribir su declaración,
la que se agregará al acta junto con la traducción.

Normas aplicables

Art. 269. - En cuanto a la capacidad para ser
intérprete, incompatibilidad, excusación, recusación,
derechos y deberes, términos, reserva y sanciones disciplinarias,
regirán las disposiciones relativas a los peritos.

CAPITULO VII

Reconocimientos

Casos

Art. 270. - El juez podrá ordenar que se practique
el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la
menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

El reconocimiento se efectuará por medios
técnicos, por testigos o cualquier otro, inmediatamente de ser posible,
bajo apercibimiento de ser sancionado el órgano judicial que así
no lo hiciere.

Interrogatorio previo

Art. 271. - Antes del reconocimiento, quien haya de
practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se
trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente
o en imagen.

El declarante prestará juramento, a excepción
del imputado.

Forma

Art. 272. - La diligencia de reconocimiento se
practicará enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del que haya
de verificarlo, junto con otras dos o más personas de condiciones
exteriores semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida, quien elegirá
colocación en la rueda.

En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser
visto, según el juez lo estime oportuno, el que deba practicar el
reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la
que haya hecho referencia, invitándoselo a que, en caso afirmativo, la
designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que
observare entre su estado actual y el que presentaba en la época a que
se refiere su declaración. La diligencia se hará constar en acta,
donde se consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive
el nombre y el domicilio de los que hubieren formado la rueda.

Pluralidad de reconocimiento

Art. 273. - Cuando varias personas deban identificar o
reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que
aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá labrarse una
sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar o
reconocer, podrá hacerse el reconocimiento de todas en un solo acto.

Reconocimiento por fotografía

Art. 274. - Cuando sea necesario identificar o reconocer a
una persona que no estuviere presente y no pudiere ser habida, y de la que se
tuvieren fotografías, se les presentarán éstas, con otras
semejantes de distintas personas, al que debe efectuar el reconocimiento. En lo
demás, se observarán las disposiciones precedentes.

Reconocimiento de cosas

Art. 275. - Antes del reconocimiento de una cosa el juez
invitará a la persona que deba efectuarlo a que la describa.

En lo demás y en cuanto fuere posible,
regirán las reglas que anteceden.

CAPITULO VIII

Careos

Procedencia

Art. 276. - El juez podrá ordenar el careo de
personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o
circunstancias importantes, o cuando lo estime de utilidad. El imputado
podrá también solicitarlo, pero no podrá ser obligado a
carearse.

Juramento

Art. 277. - Los que hubieren de ser careados
prestarán juramento antes del acto, bajo pena de nulidad, a
excepción del imputado.

Forma

Art. 278. - El careo se verificará por regla general
entre dos personas. Al del imputado podrá asistir su defensor.

Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las
declaraciones que se reputen contradictorias y se llamará la
atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se
reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o
rectificación que resulte se dejará constancia, así como
de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra;
pero no se hará referencia a las impresiones del juez acerca de la
actitud de los careados.

TITULO
IV

Situación
del imputado

CAPITULO I

Presentación
y comparecencia)

Presentación espontánea

Art. 279. - La persona contra la cual se hubiera iniciado o
esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez
competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la
forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier
efecto. La presentación espontánea no impedirá que se
ordene la detención, cuando corresponda.

Restricción de la libertad

Art. 280. - La libertad personal sólo podrá
ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los
límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de
la verdad y la aplicación de la ley.

El arresto o la detención se ejecutarán de modo
que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los
afectados y labrándose un acta que éstos firmarán, si
fueren capaces, en la que se les comunicará la razón del
procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el juez que
intervendrá.

Arresto

Art. 281. - Cuando en el primer momento de la
investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas
no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos, y no pueda
dejarse de proceder sin peligro para la instrucción, el juez
podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen
entre sí antes de prestar declaración y, aún ordenar el
arresto si fuere indispensable.

Ambas medidas no podrán prolongarse por más
tiempo que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual
se procederá sin tardanza y no durarán más de ocho (8)
horas. Sin embargo, se podrá prorrogar dicho plazo por ocho (8) horas
más, por auto fundado, si circunstancias extraordinarias así lo
exigieran.

Vencido este plazo podrá ordenarse, si fuere el
caso, la detención del presunto culpable.

Citación

Art. 282. - Cuando el delito que se investigue no
esté reprimido con pena privativa de la libertad o parezca procedente
una condena de ejecución condicional, el juez, salvo los casos de
flagrancia, ordenará la comparecencia del imputado por simple
citación.

Si el citado no se presentare en el término que se
le fije ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará su
detención.

Detención

Art. 283. - Salvo lo dispuesto en el artículo
anterior, el juez librará orden de detención para que el imputado
sea llevado a su presencia, siempre que haya motivo para recibirle indagatoria.

La orden será escrita, contendrá los datos
personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se
le atribuye, y será notificada en el momento de ejecutarse o
inmediatamente después, con arreglo al artículo 142.

Sin embargo, en caso de suma urgencia, el juez podrá
impartir la orden verbal o telegráficamente, haciéndolo constar.

Detención sin orden judicial

Art. 284. - Los funcionarios y auxiliares de la
policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial:

1°) Al que intentare un delito de acción
pública reprimido con pena privativa de libertad, en el momento de
disponerse a cometerlo.

2°) Al que fugare, estando legalmente detenido.

3°) Excepcionalmente a la persona contra la cual
hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga
o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo
ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención, y

4°) A quien sea sorprendido en flagrancia en la
comisión de un delito de acción pública reprimido con pena
privativa de libertad.

Tratándose de un delito cuya acción dependa
de instancia privada, inmediatamente será informado quien pueda
promoverla, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el
detenido será puesto en libertad.

Flagrancia

Art. 285. - Se considera que hay flagrancia cuando el autor
del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente
después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el
ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta
rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

Presentación del detenido

Art. 286. - El funcionario o auxiliar de la policía
que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá
presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis (6)
horas, ante la autoridad judicial competente.

Detención por un particular

Art. 287. - En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 4
del artículo 284; los particulares serán facultados para
practicar la detención, debiendo entregar inmediatamente el detenido a
la autoridad judicial o policial.

CAPITULO II

Rebeldía
del imputado

Casos en que procede

Art. 288. - Será declarado rebelde el imputado que
sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación
judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o
se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia.

Declaración

Art. 289. - Transcurrido el término de la
citación o comprobada la fuga o la ausencia, el tribunal
declarará la rebeldía por auto y expedirá orden de
detención, si antes no se hubiere dictado.

Efectos sobre el proceso

Art. 290. - La declaración de rebeldía no
suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere declarada durante
el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y
continuará para los demás imputados presentes.

Declarada la rebeldía, se reservarán las
actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere
indispensable conservar.

La acción civil podrá tramitarse en la sede
respectiva. Cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por fuerza, la
causa continuará según su estado.

Efectos sobre la excarcelación y las costas

Art. 291. - La declaración de rebeldía
implicará la revocatoria de la excarcelación y obligará al
imputado al pago de las costas causadas por el incidente.

Justificación

Art. 292. - Si el imputado se presentare con posterioridad
a la declaración de su rebeldía y justificare que no
concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un
grave y legítimo impedimento, aquélla será revocada y no
producirá los efectos previstos en el artículo anterior.

CAPITULO III

Suspensión
del proceso a prueba

Art. 293. - En la oportunidad que la ley penal permita la
suspensión de la persecución, el órgano judicial
competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde
las partes tendrán derecho a expresarse.

Cuando así ocurra, el órgano judicial
competente en la misma audiencia especificará concretamente las
instrucciones e imposiciones a que deba someterse el imputado y deberá
comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que
somete al imputado a prueba.

CAPITULO IV

Indagatoria

Procedencia y término

Art. 294. - Cuando hubiere motivo bastante para sospechar
que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez
procederá a interrogarla; si estuviere detenida, inmediatamente, o a
más tardar en el término de veinticuatro (24) horas desde su
detención. Este término podrá prorrogarse por otro tanto
cuando el magistrado no hubiere podido recibir la declaración, o cuando
lo pidiere el imputado para designar defensor.

Asistencia

Art. 295. - A la declaración del imputado
sólo podrán asistir su defensor, y el ministerio fiscal. El
imputado será informado de este derecho antes de comenzar con su
declaración.

Libertad de declarar

Art. 296. - El imputado podrá abstenerse de
declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de
decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza
ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su
voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su
confesión.

La inobservancia de este precepto hará nulo el acto,
sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda.

Interrogatorio de identificación

Art. 297. - Después de proceder a lo dispuesto en
los artículos 107, 197, 295 y 296, el juez invitará al imputado a
dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere; edad, estado
civil, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilios
principales, lugares de residencia anterior y condiciones de vida; si sabe leer
y escribir; nombre, estado civil y profesión de los padres; si ha sido
procesado y, en su caso, por qué causa, por qué tribunal,
qué sentencia recayó y si ella fue cumplida.

Formalidades previas

Art. 298. - Terminado el interrogatorio de
identificación, el juez informará detalladamente al imputado
cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas
existentes en su contra y que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio
implique una presunción de culpabilidad.

Si el imputado se negare a declarar, ello se hará
constar en el acta. Si rehusare suscribirla, se consignará el motivo.

Forma de la indagatoria

Art. 299. - Si el imputado no se opusiere a declarar, el
juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o
aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas.
Salvo que aquél prefiera dictar su declaración, se le hará
constar fielmente; en lo posible, con sus mismas palabras.

Después de esto el juez podrá formular al
indagado las preguntas que estime convenientes, en forma clara y precisa, nunca
capciosa o sugestiva. El declarante podrá dictar las respuestas, que no
serán instadas perentoriamente. El ministerio fiscal y los defensores
tendrán los deberes y facultades que les acuerdan los artículos
198 y 203.

Si por la duración del acto se notaren signos de
fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será
suspendida hasta que ellos desaparezcan.

Información al imputado

Art. 300. - Antes de terminarse la declaración
indagatoria, o después de haberse negado el imputado a prestarla, el
juez le informará las disposiciones legales sobre libertad provisional.

Acta

Art. 301. - Concluida la indagatoria, el acta será
leída en voz alta por el secretario, bajo pena de nulidad, y de ello se
hará mención, sin perjuicio de que también la lean el
imputado y su defensor.

Cuando el declarante quiera concluir o enmendar algo, sus
manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito.

El acta será suscripta por todos los presentes.

Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere hacerlo, esto
se hará constar y no afectará la validez de aquélla. Al
imputado le asiste el derecho de rubricar todas las fojas de su
declaración, por sí o por su defensor.

Indagatorias separadas

Art. 302. - Cuando hubieren varios imputados en la misma
causa, las indagatorias se recibirán separadamente, evitándose
que se comuniquen antes de que todos hayan declarado.

Declaraciones espontáneas

Art. 303. - El imputado podrá declarar cuantas veces
quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca
sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.

Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe
aquélla, siempre que lo considere necesario.

Investigación por el juez

Art. 304. - El juez deberá investigar todos los
hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido
el imputado.

Identificación y antecedentes

Art. 305. - Recibida la indagatoria, el juez
remitirá a la oficina respectiva los datos personales del imputado y
ordenará que se proceda a su identificación.

CAPITULO V

Procesamiento

Término y requisitos

Art. 306. - En el término de diez (10) días,
a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del
imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para
estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como
partícipe de éste.

Indagatoria previa

Art. 307. - Bajo pena de nulidad no podrá ordenarse
el procesamiento del imputado sin habérsele recibido indagatoria, o sin
que conste su negativa a declarar.

Forma y contenido

Art. 308. - El procesamiento será dispuesto por
auto, el cual deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos
personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo;
una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los
motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del
delito, con cita de las disposiciones aplicables.

Falta de mérito

Art. 309. - Cuando, en el término fijado por el
artículo 306, el juez estimare que no hay mérito para ordenar el
procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto que así
lo declare, sin perjuicio de proseguir la investigación, y
dispondrá la libertad de los detenidos que hubiere, previa
constitución de domicilio.

Procesamiento sin prisión preventiva

Art. 310. - Cuando se dicte auto de procesamiento sin
prisión preventiva, por no reunirse los requisitos del artículo
312, se dejará o pondrá en libertad provisional al imputado y el
juez podrá disponer que no se ausente de determinado lugar, que no concurra
a determinado sitio o que se presente a determinada autoridad en las fechas
periódicas que se le señalen. Si es aplicable al hecho alguna
inhabilitación especial, podrá disponer también que se
abstenga de esa actividad.

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, títulos I, II, III, V y VI, y título V,
capítulo I del Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar
conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias
del caso hicieren presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez
podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del
procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia familiar y la
exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se
dará intervención al asesor de menores para que promuevan las
acciones que correspondan. (Párrafo incorporado por art. 8° de la
Ley
N° 24.417 B.O. 3/1/1995)

Carácter y recursos

Art. 311. - Los autos de procesamiento y de falta de
mérito, podrán ser revocados y reformados de oficio durante la
instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse
apelación sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el
ministerio público; del segundo, por este último y el querellante
particular.

Art. 311 bis. - En las causas por infracción a los
arts. 84 y 94 del Código Penal, cuando las lesiones o muerte sean
consecuencia del uso de automotores, el Juez podrá en el auto de
procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir,
reteniéndole a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la
resolución al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito.

Esta medida cautelar durará como mínimo tres
meses y puede ser prorrogada por períodos no inferiores al mes, hasta el
dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas pueden ser revocadas
o apeladas.

El período efectivo de inhabilitación
provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de
inhabilitación sólo si el imputado aprobare un curso de los
contemplados en el artículo 83, inciso d), de la Ley de Tránsito
y Seguridad Vial.

(Artículo incorporado por art. 93 de la Ley
N° 24.449 B.O. 10/2/1995)

CAPITULO VI

Prisión
preventiva

Procedencia

Art. 312. - El juez ordenará la prisión
preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que
confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere concedido
cuando:

1°) Al delito o al concurso de delitos que se le
atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime, prima
facie, que no procederá condena de ejecución condicional.

2°) Aunque corresponda pena privativa de libertad que
permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder la
libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 319.

Tratamiento de presos

Art. 313. - Excepto lo previsto por el artículo
siguiente, los que fueren sometidos a prisión preventiva serán
alojados en establecimientos diferentes a los de los penados. Se
dispondrá su separación por razones de sexo, edad,
educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les atribuye.

Podrán procurarse, a sus expensas, las comodidades
que no afecten al régimen carcelario y la asistencia médica que
necesiten, sin perjuicio de la gratuita que deberá prestarles al
establecimiento donde se alojen, por medio de sus médicos oficiales,
recibir visitas íntimas periódicas sin distinción de sexo,
en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar los medios de
correspondencia, salvo las restricciones impuestas por la ley.

Los jueces podrán autorizarlos, mediante
resolución fundada, a salir del establecimiento y ser trasladados bajo
debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave
enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que
prudencialmente se determine.

Prisión domiciliaria

Art. 314. - El juez ordenará la detención
domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder, de acuerdo al
Código Penal, cumplimiento de la pena de prisión en el domicilio.

Menores

Art. 315. - Las disposiciones sobre la prisión
preventiva no regirán con respecto a los menores de dieciocho (18)
años, siéndoles aplicables las correspondientes normas de su
legislación específica.

CAPITULO VII

Exención
de prisión. Excarcelación

Exención de prisión. Procedencia

Art. 316. - Toda persona que se considere imputada de un
delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta
se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva,
podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entiende en
aquélla, su exención de prisión.

El juez calificará el o los hechos de que se trate,
y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los
ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de
prisión al imputado. No obstante ello, también podrá
hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de
ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos
previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal.
(Expresión "…, salvo que se le impute alguno de los delitos
previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal"
incorporada por art. 12 de la Ley
N° 24.410 B.O. 2/1/1995)

Si el juez fuere desconocido, el pedido podrá
hacerse al juez de turno, quien determinará el juez interviniente y le
remitirá, si correspondiere, la solicitud.

Excarcelación. Procedencia

Art. 317. - La excarcelación podrá
concederse:

1°) En los supuestos que correspondiere la
exención de prisión.

2°) Cuando el imputado hubiere cumplido en
detención o prisión preventiva el máximo de la pena
prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le atribuyan.

3°) Cuando el imputado hubiere cumplido en
detención o prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal,
que a primera vista resultare adecuada.

4°) Cuando el imputado hubiere cumplido la pena
impuesta por la sentencia no firme.

5°) Cuando el imputado hubiere cumplido en
detención o prisión preventiva un tiempo que, de haber existido
condena, le habría permitido obtener la libertad condicional, siempre
que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.

Excarcelación. Oportunidad

Art. 318. - La excarcelación será acordada en
cualquier estado del proceso de oficio o a pedido del imputado o su defensor o
cuando el imputado hubiere comparecido espontáneamente o fuere citado
conforme con lo previsto en los artículos 279 y 282, respectivamente.

Cuando el pedido fuere formulado antes del auto de
procesamiento, el juez tendrá en cuenta la calificación legal del
hecho que se atribuya o aparezca cometido, sin perjuicio de revocar o modificar
su decisión al resolver la situación del imputado; si fuere
posterior, atenderá a la calificación contenida en dicho auto.

Restricciones

Art. 319. - Podrá denegarse la exención de
prisión o excarcelación, respetándose el principio de
inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y
provisional valoración de las características del hecho, la
posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones
personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones
anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará
eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.

Cauciones

Art. 320. - La exención de prisión o la
excarcelación se concederá, según el caso, bajo
caución juratoria, personal o real.

La caución tendrá por exclusivo objeto
asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y
las órdenes del tribunal, y en su caso, que se someterá a la
ejecución de la sentencia condenatoria.

El juez determinará la caución de modo que
constituya un motivo para que el imputado se abstenga de infringir sus
obligaciones.

Queda absolutamente prohibido fijar una caución de
imposible cumplimiento para el imputado, teniendo en cuenta su situación
personal, las características del hecho atribuido y su personalidad
moral.

Regla: caución juratoria

Art. 321. - La caución juratoria consistirá
en la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las condiciones
impuestas por el juez, quien le podrá imponer las obligaciones
establecidas en el artículo 310.

Caución personal

Art. 322. - La caución personal consistirá en
la obligación que el imputado asuma junto con uno o más fiadores
solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el juez fije al
conceder la excarcelación.

Capacidad y solvencia del fiador

Art. 323. - Podrá ser fiador el que tenga capacidad
para contratar, acredite solvencia suficiente y no tenga otorgadas más
de cinco (5) fianzas subsistentes.

Caución real

Art. 324. - La caución real se constituirá
depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables, u otorgando
prendas o hipotecas por la cantidad que el juez determine.

Los fondos o valores depositados quedarán sometidos
a privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de
la caución.

Esta caución sólo será procedente
cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades
de las dos cauciones precedentemente establecidas y que, por la naturaleza
económica del delito atribuido, se conforme como la más adecuada.

Forma de la caución

Art. 325. - Las cauciones se otorgarán antes de
ordenarse la libertad, en actas que serán suscriptas ante el secretario.
En caso de gravamen hipotecario, además se agregará al proceso el
título de propiedad y previo informe de ley, el juez ordenará por
auto la inscripción de aquél en el Registro de Hipotecas.

Forma, domicilio y notificaciones

Art. 326. - El imputado y su fiador deberán fijar
domicilio en el acto de prestar la caución, denunciando el real y las
circunstancias de trabajo que pudieren imponerle al imputado su ausencia de
éste por más de veinticuatro (24) horas, lo que no podrá
ser alterado sin autorización del magistrado interviniente. El fiador
será notificado de las resoluciones que se refieran a las obligaciones
del excarcelado, y deberá comunicar inmediatamente al juez si temiere
fundadamente la fuga del imputado.

Cancelación de las cauciones

Art. 327. - La caución se cancelará y las
garantías serán restituidas:

1°) Cuando el imputado, revocada la
excarcelación, fuere constituido en prisión dentro del
término que se le acordó.

2°) Cuando se revoque el auto de prisión
preventiva se sobresea en la causa, se absuelva al acusado o se lo condene en
forma condicional.

3°) Cuando el condenado se presente a cumplir la pena
impuesta o sea detenido dentro del término fijado.

Sustitución

Art. 328. - Si el fiador no pudiere continuar como tal por
motivos fundados, podrá pedir al juez que lo sustituya por otra persona.
También podrá sustituirse la caución real.

Emplazamiento

Art. 329. - Si el imputado no compareciera al ser citado o
se sustrajere a la ejecución de la pena privativa de libertad, el
tribuna fijará un término no mayor de diez (10) días para
que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será
notificada al fiador y al imputado apercibiéndolos de que la
caución se hará efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo
no compareciere o no justificare un caso de fuerza mayor que lo impida.

Efectividad

Art. 330. - Al vencimiento del plazo previsto por el
artículo anterior, el tribunal dispondrá, según el caso y
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 326, segundo
párrafo, la ejecución del fiador, la transferencia de los bienes
que se depositaron en caución, al Poder Judicial de la Nación
según lo dispuesto por el artículo 3, inciso d) de la ley 23.853,
o la venta en remate público de los bienes hipotecados o prendados. Para
la liquidación de las cauciones se procederá con arreglo al
artículo 516.

Trámite

Art. 331. - Los incidentes de exención de
prisión y de excarcelación se tramitarán por cuerda
separada.

La solicitud se pasará en vista al ministerio
fiscal, el que deberá expedirse inmediatamente, salvo que el juez por
las dificultades del caso, le conceda un término que nunca podrá
ser mayor de veinticuatro (24) horas. El juez resolverá de inmediato.

Recursos

Art. 332. - El auto que conceda o niegue la exención
de prisión o la excarcelación será apelable por el
ministerio fiscal, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro del
término de veinticuatro (24) horas.

Revocación

Art. 333. - El auto de exención de prisión o
de excarcelación será revocable de oficio o a petición del
ministerio fiscal. Deberá revocarse cuando el imputado no cumpla las
obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusa bastante
o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su
detención.

TITULO
V

Sobreseimiento

Oportunidad

Art. 334. - El juez, en cualquier estado de la
instrucción, podrá dictar el sobreseimiento, total o parcial, de
oficio, o a pedido de parte, salvo el caso del artículo 336, inciso 1,
en que procederá en cualquier estado del proceso.

Alcance

Art. 335. - El sobreseimiento cierra definitiva e
irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se
dicta.

Procedencia

Art. 336. - El sobreseimiento procederá cuando:

1°) La acción penal se ha extinguido.

2°) El hecho investigado no se cometió.

3°) El hecho investigado no encuadra en una figura
legal.

4°) El delito no fue cometido por el imputado.

5°) Media una causa de justificación,
inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria.

En los incisos 2, 3, 4 y 5 el juez hará la
declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que
hubiere gozado el imputado.

Forma

Art. 337. - El sobreseimiento se dispondrá por auto
fundado, en el que se analizarán las causales en el orden dispuesto en
el artículo anterior, siempre que fuere posible.

Será apelable en el término de tres (3)
días por el ministerio fiscal, y la parte querellante, sin efecto
suspensivo.

Podrá serlo también por el imputado o su
defensor cuando no se haya observado el orden que establece el artículo
anterior, o cuando se le imponga a aquél una medida de seguridad.

Efectos

Art. 338. - Decretado el auto de sobreseimiento se
ordenará la libertad del imputado, si estuviere detenido, se
efectuarán las correspondientes comunicaciones al Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal, y si aquél fuere total, se
archivará el expediente y las piezas de convicción que no
corresponda restituir.

TITULO
VI

Excepciones

Clases

Art. 339. - Durante la instrucción, las partes
podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial
pronunciamiento:

1°) Falta de jurisdicción o de competencia.

2°) Falta de acción, porque no se pudo promover
o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida, o estuviere
extinguida la acción penal.

Si concurrieren dos o más excepciones,
deberán interponerse conjuntamente.

Trámite

Art. 340. - Las excepciones se substanciarán y
resolverán por incidente separado, sin perjuicio de continuarse la
instrucción.

Se deducirán por escrito, debiendo ofrecerse en su
caso y bajo pena de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en
que se basan.

Del escrito en que se deduzcan excepciones se
correrá vista al ministerio fiscal y a las otras partes interesadas.

Prueba y resolución

Art. 341. - Evacuada la vista dispuesta por el
artículo anterior, el juez dictará auto resolviendo primero la
excepción de jurisdicción o de competencia; pero si las
excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente se
ordenará la recepción de la prueba por un término que no
podrá exceder de quince (15) días, vencido el cual se
citará a las partes a una audiencia para que, oral y brevemente, hagan
su defensa. El acta se labrará en forma sucinta.

Falta de jurisdicción o de competencia

Art. 342. - Cuando se hiciere lugar a la falta de
jurisdicción o de competencia, el juez remitirá las actuaciones
al tribunal correspondiente y pondrá a su disposición los
detenidos que hubiere.

Excepciones perentorias

Art. 343. - Cuando se hiciere lugar a una excepción
perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad
del imputado que estuviere detenido.

Excepción dilatoria

Art. 344. - Cuando se hiciere lugar a una excepción
dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del
imputado; sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan, con
excepción de los actos irreproducibles, se continuará la causa
una vez que se salve el obstáculo formal al ejercicio de la
acción.

Recurso

Art. 345. - El auto que resuelva la excepción
será apelable por las partes dentro del término de tres (3)
días.

TITULO
VII

Clausura de la
instrucción y elevación a juicio

Vista al querellante y al fiscal

Art. 346. - Cuando el juez hubiere dispuesto el
procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción,
correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por el
término de seis (6) días, prorrogable por otro período
igual en casos graves o complejos.

Dictamen fiscal y del querellante

Art. 347. - La parte querellante y el agente fiscal
manifestarán al expedirse:

1°) Si la instrucción está completa o, en
caso contrario, qué diligencias considere necesarias.

2°) Cuando la estimaren completa, si corresponde
sobreseer o elevar la causa a juicio.

El requerimiento de elevación a juicio deberá
contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado; una
relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su
calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que
se funda.

Proposición de diligencias

Art. 348. - Si la parte querellante y el agente fiscal
solicitaren diligencias probatorias, el juez las practicará siempre que
fueren pertinentes y útiles y, una vez cumplidas, les devolverá
el sumario para que se expidan, conforme al inciso 2 del artículo
anterior.

El juez dictará sobreseimiento si estuviere de
acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo
con el sobreseimiento pedido por el fiscal o sea que sólo el querellante
estimara que debe elevar la causa a juicio, dará intervención por
seis (6) días a la Cámara de Apelaciones. Si ésta entiende
que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al fiscal
interviniente e isntruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal
de Cámara o al que siga en orden de turno.

Facultades de la defensa

Art. 349. - Siempre que el agente fiscal requiera la
elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes
serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el
término de seis (6) días:

1°) Deducir excepciones no interpuestas con
anterioridad.

2°) Oponerse a la elevación a juicio, instando
el sobreseimiento.

Si no dedujere excepciones u oposición, la causa
será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la
instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres
(3) días de vencido el plazo anterior.

Incidente

Art. 350. - Si el defensor dedujere excepciones, se
procederá con arreglo a lo dispuesto en el título VI de este
libro; si se opusiere a la elevación a juicio, el juez dictará,
en el término de cinco (5) días, auto de sobreseimiento o de
elevación a juicio.

Auto de elevación

Art. 351. - El auto de elevación a juicio
deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha, los datos personales
del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente demandado,
una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su
calificación legal y la parte dispositiva.

Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada
la "litis" en las demandas, reconvenciones y sus contestaciones.

Cuando existan varios imputados, aunque uno sólo de
ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio
deberá dictarse respecto de todos.

Recursos

Art. 352. - El auto de elevación a juicio es
inapelable. El auto de sobreseimiento podrá ser apelado por el agente
fiscal y por la parte querellante en el término de tres (3) días.

Clausura

Art. 353. - Además del caso previsto por el
artículo 350, la instrucción quedará clausurada cuando el
juez dicte el decreto de elevación a juicio, quede firme el auto que lo
ordena o el sobreseimiento.

La existencia de recursos pendientes de resolución
ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, o la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ningún
caso impedirá la elevación a juicio de las actuaciones, y
sólo podrá obstar a la fijación de la audiencia prevista
por el artículo 359.

Las cuestiones que se vinculen exclusivamente con la
libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso
impedirán la prosecución de las actuaciones hasta la sentencia
definitiva.

La radicación de la causa ante el tribunal oral se
comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a
cargo decidir el recurso que se encuentre pendiente. El tribunal de alzada
dará prioridad al tratamiento de los planteos de los que depende la
realización del juicio, además de aquellos efectuados en el marco
de causas con personas detenidas.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley
N° 26.373, B.O. 30/5/2008. Vigencia: de aplicación
inmediata a todos los procesos en trámite que se rigen por el
Código Procesal Penal de la Nación)

TITULO
IX

(Título
incorporado por art.1° de la Ley
N° 24.826 B.O. 19/6/1997)

Instrucción
sumaria

Art. 353 bis. - Cuando una persona haya sido sorprendida en
flagrancia de un delito de acción pública, y el juez considerare
prima facie que no procederá la prisión preventiva del imputado,
la investigación quedará directamente a cargo del agente fiscal,
quien actuará con las facultades previstas en el libro II,
sección II.

En la primera oportunidad el agente fiscal le hará
conocer al imputado cuál es el hecho que se le atribuye y cuáles
son las pruebas existentes en su contra, y lo invitará a elegir
defensor.

El imputado podrá presentarse ante el fiscal con su
abogado defensor, aun por escrito, aclarando los hechos e indicando las pruebas
que, a su juicio, puedan ser útiles.

La instrucción del agente fiscal no podrá
extenderse por un plazo superior a los quince (15) días.

El imputado podrá solicitar al juez ser oido en
declaración indagatoria. En tal caso la instrucción se
regirá por las normas comunes.

Art. 353 ter. - Reunidos los elementos probatorios respecto
de los extremos de la imputación penal, el agente fiscal correrá
vista al querellante, si lo hubiere, luego de lo cual se expedirá en los
términos del inciso 2 del artículo 347.

El juicio tramitará conforme las reglas del libro
III que correspondan al caso. También podrá tramitar según
las reglas del juicio abreviado.

LIBRO
III

Juicios

TITULO I

Juicio
común

CAPITULO I

Actos
preliminares

Citación a juicio

Art. 354. - Recibido el proceso, luego de que se verifique
el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el presidente
del tribunal citará al ministerio fiscal y a las otras partes a fin de
que en el término de diez (10) días, comparezcan a juicio,
examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las
pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a
la del tribunal, el término será de quince (15) días.

Ofrecimiento de prueba

Art. 355. - El ministerio fiscal y las otras partes, al
ofrecer prueba, presentarán la lista de testigos, peritos e
intérpretes, con indicación de los datos personales de cada uno,
limitándola, en lo posible, a los más útiles y que mejor
conocen el hecho que se investiga.

También podrán manifestar que se conforman
con la lectura de las declaraciones testificales y pericias de la
instrucción. En caso de conformidad de las partes a este respecto, y
siempre que el tribunal lo acepte, no se citarán esos testigos o
peritos.

Sólo podrá requerirse la designación
de nuevos peritos para que dictaminen sobre puntos que anteriormente no fueron
objeto de examen pericial. Cuando se ofrezcan nuevos testigos, deberán
expresarse, bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los cuales
serán examinados.

Admisión y rechazo de la prueba

Art. 356. - El presidente del tribunal ordenará la
recepción oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas.

El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba
ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie
ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella
pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción.

Instrucción suplementaria

Art. 357. - Antes del debate, con noticia de las partes, el
presidente, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar los actos de
instrucción indispensables que se hubieren omitido o denegado o fuere
imposible cumplir en la audiencia o recibir declaración a las personas
que presumiblemente no concurrirán al debate por enfermedad u otro
impedimento.

A tal efecto, podrá actuar uno de los jueces del
tribunal o librarse las providencias necesarias.

Excepciones

Art. 358. - Antes de fijada la audiencia para el debate,
las partes podrán deducir las excepciones que no hayan planteado con
anterioridad; pero el tribunal podrá rechazar sin más
trámite las que fueren manifiestamente improcedentes.

Designación de audiencia

Art. 359. - Vencido el término de citación a
juicio fijado por el artículo 354 y, en su caso, cumplida la
instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el presidente
fijará día y hora para el debate con intervalo no menor de diez
(10) días, ordenando la citación de las partes y la de los
testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. Ese término
podrá ser abreviado en el caso de que medie conformidad del presidente y
las partes.

El imputado que estuviere en libertad y las demás
personas cuya presencia sea necesaria, serán citadas bajo apercibimiento
conforme al artículo 154.

Cuando de la preparación del juicio y su
característica se infiera que la audiencia de debate se
prolongará por más de diez (10) días, el tribunal
requerirá la designación de un juez sustituto, quien tendrá
las mismas obligaciones de asistencia que los miembros del tribunal y la
facultad de interrogar, pero no de participar en deliberaciones para la
resolución de incidencias ni en la prevista en el artículo 396. A
tal efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá
conformar una lista de conjueces para el supuesto de sobrecarga de tareas por
parte de los jueces de cámara del fuero penal. Su designación
deberá ser notificada a las partes bajo pena de nulidad a efectos de que
se interpongan las recusaciones que se estime pertinentes. (Párrafo
incorporado por art.1° de la Ley
N° 25.770 B.O. 16/9/2003. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación)

Art. 359 bis. - En las causas en que se investigue alguno
de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL
DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, los
términos que fija el artículo 354 se reducirán a CINCO (5)
y OCHO (8) días, respectivamente, y el término que establece el
artículo 359 se reducirá a CINCO (5) días.

(Artículo incorporado por art. 9 de la Ley
N° 25.760 B.O. 18/11/2003)

Unión y separación de juicios

Art. 360. - Si por el mismo delito atribuido a varios
imputados se hubieren formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá
ordenar la acumulación, de oficio o a pedido de parte, siempre que ella
no determine un grave retardo.

Si la acusación tuviere por objeto varios delitos
atribuidos a uno o más imputados, el tribunal podrá disponer, de
oficio o a pedido de parte, que los juicios se realicen separadamente, pero, en
lo posible, uno después del otro.

Sobreseimiento

Art. 361. - Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que
el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una
causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario
el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más
benigna o del artículo 132 ó 185 inciso 1 del Código
Penal, el tribunal dictará, de oficio o a pedido de parte, el
sobreseimiento.

Indemnización de testigos y anticipación
de gastos

Art. 362. - El tribunal fijará prudencialmente la
indemnización que corresponda a los testigos, peritos e
intérpretes que deban comparecer, cuando éstos la soliciten,
así como también los gastos necesarios para el viaje y la
estadía cuando aquéllos no residan en la ciudad donde
actúa el tribunal ni en sus proximidades.

La parte querellante, el actor civil y el civilmente
demandado deberán anticipar los gastos necesarios para el traslado e
indemnización de sus respectivos testigos, peritos e intérpretes,
ofrecidos y admitidos, salvo que también hubieren sido propuestos por el
ministerio fiscal o el imputado, en cuyo caso, así como en el de que
fueren propuestos únicamente por el ministerio público o por el
imputado, serán costeados por el Estado con cargo al último de
ellos de reintegro en caso de condena.

CAPITULO II

Debate

Sección I

Audiencias

Oralidad y publicidad

Art. 363. - El debate será oral y público,
bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá resolver, aún de
oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la
publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad.

La resolución será fundada, se hará
constar en el acta y será irrecurrible. Desaparecida la causa de la
clausura, se deberá permitir el acceso al público.

Prohibiciones para el acceso

Art. 364. - No tendrán acceso a la sala de
audiencias los menores de dieciocho (18) años, los condenados y
procesados por delitos reprimidos con pena corporal, los dementes y los ebrios.

Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro el
tribunal podrá ordenar también el alejamiento de toda persona
cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado
número.

Continuidad y suspensión

Art. 365. - El debate continuará durante todas las
audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero
podrá suspenderse, por un término máximo de diez (10)
días, en los siguientes casos:

1°) Cuando se deba resolver alguna cuestión
incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente.

2°) Cuando sea necesario practicar algún acto
fuera del lugar de la audiencia, y no pueda verificarse en el intervalo entre
una y otra sesión.

3°) Cuando no comparezcan testigos, peritos o
intérpretes cuya intervención el tribunal considere
indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras
pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública o
declare conforme con el artículo 357.

4°) Si algún juez, fiscal o defensor se
enfermare hasta el punto de no poder continuar su actuación en el
juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados.

5°) Si el imputado se encontrare en la situación
prevista por el inciso anterior, caso en que deberá comprobarse su
enfermedad por médicos forenses, sin perjuicio de que se ordene la
separación de causa que dispone el artículo 360. Asimismo, si
fueren dos o más los imputados y no todos se encontraren impedidos por
cualquier otra causa de asistir a la audiencia, el juicio se suspenderá
tan solo respecto de los impedidos y continuará para los demás, a
menos que el tribunal considere que es necesario suspenderlo para todos.

6°) Si alguna revelación o retractación
inesperada produjere alteraciones sustanciales en la causa, haciendo necesaria
una instrucción suplementaria.

7°) Cuando el defensor lo solicite conforme al
artículo 381.

En caso de suspensión el presidente anunciará
el día y hora de la nueva audiencia, y ello valdrá como
citación para los comparecientes. El debate continuará desde el
último acto cumplido en la audiencia en que se dispuso la
suspensión. Siempre que ésta exceda el término de diez
(10) días, todo el debate deberá realizarse de nuevo, bajo pena
de nulidad.

Cuando el debate se hubiere prolongado por más de
diez (10) días efectivos de audiencia y se diera el supuesto del inciso
4° respecto del juez, o cuando el fiscal o el defensor no tengan
posibilidad de reemplazo, la audiencia podrá suspenderse hasta treinta
(30) días hábiles. Podrá disponerse idéntica
suspensión en el caso de verificarse las mismas circunstancias.
(Párrafo incorporado por art. 2° de la Ley
N° 25.770 B.O. 16/9/2003. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación)

Cuando se hubiere efectuado la previsión de convocar
al juez sustituto y se esté por cumplir el plazo de suspensión
extraordinaria prevista en el párrafo anterior o la
reincorporación del juez fuere imposible, el sustituto pasará a
integrar el tribunal con facultades plenas hasta la conclusión del
debate y los trámites posteriores. No se admitirá la reiteración
de incidencias ya resueltas. En los supuestos de suspensión o
aplazamiento de una audiencia de debate los jueces podrán intervenir en
otras, salvo que expresamente se disponga lo contrario. (Párrafo
incorporado por art. 2° de la Ley
N° 25.770 B.O. 16/9/2003. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación)

Asistencia y representación del imputado

Art. 366. - El imputado asistirá a la audiencia
libre en su persona, pero el presidente dispondrá la vigilancia y
cautela necesarias para impedir su fuga o violencias.

Si no quisiere asistir o continuar en la audiencia,
será custodiado en una sala próxima; se procederá en lo
sucesivo como si estuviere presente, y para todos los efectos será
representado por el defensor.

Si fuere necesario practicar su reconocimiento podrá
ser compelido a la audiencia por la fuerza pública.

Cuando el imputado se encuentre en libertad, el tribunal
podrá ordenar su detención, aunque esté en libertad
provisional, para asegurar la realización del juicio.

Postergación extraordinaria

Art. 367. - En caso de fuga del imputado, el tribunal
ordenará la postergación del debate, y en cuanto sea detenido
fijará nueva audiencia.

Asistencia del fiscal y defensor

Art. 368. - La asistencia a la audiencia del fiscal y del
defensor o defensores es obligatoria. Su inasistencia, no justificada, es
pasible de sanción disciplinaria.

En este caso el tribunal podrá reemplazarlos en el
orden y forma que corresponda, en el mismo día de la audiencia, cuando
no sea posible obtener su comparecencia.

Obligación de los asistentes

Art. 369. - Las personas que asistan a la audiencia
deberán permanecer respetuosamente y en silencio; no podrán
llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni adoptar una
conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni
producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Poder de policía y disciplina

Art. 370. - El presidente ejercerá el poder de
policía y disciplina de la audiencia, y podrá corregir en el
acto, con llamados de atención, apercibimiento, multas de acuerdo con el
artículo 159, segunda parte, o arresto hasta de ocho (8) días,
las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio
de expulsar al infractor de la sala de audiencias.

La medida será dictada por el tribunal cuando afecte
al fiscal, a las otras partes o a los defensores.

Si se expulsare al imputado, su defensor lo
representará para todos los efectos.

Delito cometido en la audiencia

Art. 371. - Si en la audiencia se cometiere un delito de
acción pública, el tribunal ordenará levantar un acta y la
inmediata detención del presunto culpable; éste será
puesto a disposición del juez competente a quien se le remitirá
aquélla y las copias o los antecedentes necesarios para la
investigación.

Forma de las resoluciones

Art. 372. - Durante el debate las resoluciones se
dictarán verbalmente, dejándose constancia de ellas en el acta.

Lugar de la audiencia

Art. 373. - El tribunal podrá disponer que la
audiencia se lleve a cabo en otro lugar que aquel en que tiene su sede, pero
dentro de su circunscripción judicial, cuando lo considere conveniente y
beneficioso para una más eficaz investigación o pronta
solución de la causa.

Sección II

Actos del debate

Apertura

Art. 374. - El día fijado y en el momento oportuno
se constituirá el tribunal en la sala de audiencias y comprobará
la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intérpretes
que deban intervenir. El presidente advertirá al imputado que
esté atento a lo que va a oir y ordenará la lectura del
requerimiento fiscal y, en su caso, del auto de remisión a juicio,
después de lo cual declarará abierto el debate.

Dirección

Art. 375. - El presidente dirigirá el debate,
ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales,
recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la
discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que no
conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de
la acusación ni la libertad de defensa.

Cuestiones preliminares

Art. 376. - Inmediatamente después de abierto por
primera vez el debate, serán planteadas y resueltas, bajo pena de
caducidad, las nulidades a que se refiere el inciso 2 del artículo 170 y
las cuestiones atinentes a la constitución del tribunal.

En la misma oportunidad y con igual sanción, se
plantearán las cuestiones referentes a la incompetencia por razón
del territorio, a la unión o separación de juicios, a la
admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a
la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad
de proponerlas surja en el curso del debate.

Trámite del incidente

Art. 377. - Todas las cuestiones preliminares serán
tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva considerarlas
sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del proceso.

En la discusión de las cuestiones incidentales el
fiscal y el defensor de cada parte hablarán solamente una vez, por el
tiempo que establezca el presidente.

Declaraciones del imputado

Art. 378. - Después de la apertura del debate o de
resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución
del juicio, el presidente procederá, bajo pena de nulidad, a recibir la
declaración al imputado, conforme a los artículos 296 y
siguientes, advirtiéndole que el debate continuará aunque no
declare.

Si el imputado se negare a declarar o incurriere en
contradicciones, las que se le harán notar, el presidente
ordenará la lectura de las declaraciones prestadas por aquél en
la instrucción.

Posteriormente, y en cualquier momento del debate, se le
podrán formular preguntas aclaratorias.

Declaración de varios imputados

Art. 379. - Si los imputados fueren varios, el presidente
podrá alejar de la sala de audiencias a los que no declaren, pero
después de todas las indagatorias deberá informarles sumariamente
de lo ocurrido durante su ausencia.

Facultades del imputado

Art. 380. - En el curso del debate el imputado podrá
efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se
refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación
y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere.

El imputado tendrá también la facultad de
hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda; pero no lo
podrá hacer durante su declaración o antes de responder a
preguntas que se le formulen. En estas oportunidades nadie le podrá
hacer sugerencia alguna.

Ampliación del requerimiento fiscal

Art. 381. - Si de las declaraciones del imputado o del
debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o
circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el
requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito
que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación.

En tal caso, bajo pena de nulidad, el presidente le
explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le
atribuyen, conforme a lo dispuesto en los artículos 298 y 299, e
informará a su defensor que tiene derecho a pedir la suspensión
del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.

Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal
suspenderá el debate por un término que fijará
prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la
defensa.

El nuevo hecho que integre el delito o la circunstancia
agravante sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos
en la imputación y en el juicio.

Recepción de pruebas

Art. 382. - Después de la indagatoria el tribunal
procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos
siguientes, salvo que considere conveniente alterarlo.

En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se
observarán en el debate las reglas establecidas en el libro II sobre los
medios de prueba y lo dispuesto en el artículo 206.

Peritos e intérpretes

Art. 383. - El presidente hará leer la parte
sustancial del dictamen presentado por los peritos y éstos, cuando
hubieren sido citados, responderán bajo juramento a las preguntas que
les sean formuladas, compareciendo según el orden en que sean llamados y
por el tiempo que sea necesaria su presencia.

El tribunal podrá disponer que los peritos
presencien determinados actos del debate; también los podrá citar
nuevamente, siempre que sus dictámenes resultaren poco claros o
insuficientes y, si fuere posible, hará efectuar las operaciones
periciales en la misma audiencia.

Estas disposiciones regirán, en lo pertinente, para
los intérpretes.

Examen de los testigos

Art. 384. - De inmediato, el presidente procederá al
examen de los testigos en el orden que estime conveniente, pero comenzando con
el orden que estime conveniente, pero comenzando con el ofendido.

Antes de declarar, los testigos no podrán
comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oir o ser informados
de los que ocurre en la sala de audiencias.

Después de declarar, el presidente resolverá
si deben permanecer incomunicados en antesala.

Elementos de convicción

Art. 385. - Los elementos de convicción que hayan
sido secuestrados se presentarán, según el caso, a las partes y a
los testigos, a quienes se invitará a reconocerlos y a declarar lo que
fuere pertinente.

Examen en el domicilio

Art. 386. - El testigo, perito o intérprete que no
compareciere a causa de un impedimento legítimo, podrá ser
examinado en el lugar donde se encuentre por un juez del tribunal, con
asistencia de las partes.

Inspección judicial

Art. 387. - Cuando fuere necesario el tribunal podrá
resolver, aún de oficio, que se practique la inspección de un
lugar, lo que podrá ser realizado por un juez del tribunal, con asistencia
de las partes.

Asimismo, podrá disponer el reconocimiento de
personas y la realización de careos.

Nuevas pruebas

Art. 388. - Si en el curso del debate se tuviera
conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, o se
hicieren indispensables otros ya conocidos, el tribunal podrá ordenar,
aún de oficio, la recepción de ellos.

Interrogatorios

Art. 389. - Los jueces, y con la venia del presidente y en
el momento en que éste considere oportuno, el fiscal, las otras partes y
los defensores podrán formular preguntas a las partes, testigos, peritos
e intérpretes.

El presidente rechazará toda pregunta inadmisible;
su resolución podrá ser recurrida de inmediato ante el tribunal.

Falsedades

Art. 390. - Si un testigo, perito o intérprete
incurriera presumiblemente en falso testimonio, se procederá conforme a
lo dispuesto por el artículo 371.

Lectura de declaraciones testificales

Art. 391. - Las declaraciones testimoniales no
podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las
recibidas durante la instrucción, salvo en los siguientes casos y
siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción:

1°) Cuando el ministerio fiscal y las partes hubieren
prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citación
se ordenó.

2°) Cuando se trate de demostrar contradicciones o
variaciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar
la memoria del testigo.

3°) Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere
ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado
por cualquier causa para declarar.

4°) Cuando el testigo hubiere declarado por medio de
exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido su testimonio de conformidad
a lo dispuesto en los artículos 357 ó 386.

Lectura de documentos y actas

Art. 392. - El tribunal podrá ordenar la lectura de
las denuncias y otros documentos de las declaraciones prestadas por
coimputados, ya sobreseídos o absueltos, condenados o prófugos,
como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, de las
actas judiciales y de las de otro proceso agregado a la causa.

También se podrán leer las actas de
inspección, registro domiciliario, requisa personal o de
vehículos y secuestro que hubieren practicado las autoridades de
prevención, con arreglo a dichas normas; pero si éstas hubieran
sido citadas como testigos, la lectura sólo podrá efectuarse,
bajo pena de nulidad, en los casos previstos por los incisos 2 y 3 del
artículo anterior, a menos que el fiscal y las partes lo consientan.

(Artículo sustituido por art. 6 de la Ley
N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Discusión final

Art. 393. - Terminada la recepción de las pruebas,
el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la
parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del
civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y
formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto
el presentado por el actor civil que estuviere ausente.

El actor civil limitará su alegato a los puntos
concernientes a la responsabilidad civil, conforme con el artículo 91.
Su representante letrado, como el del civilmente demandado, podrá
efectuar la exposición.

Si intervinieren dos (2) fiscales o dos (2) defensores del
mismo imputado, todos podrán hablar dividiéndose sus tareas.

Sólo el ministerio fiscal, la parte querellante y el
defensor del imputado podrán replicar, correspondiendo al tercero la
última palabra.

La réplica deberá limitarse a la
refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido
discutidos.

El presidente podrá fijar prudencialmente un
término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la
naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas.

En último término el presidente
preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a
las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el
debate.

CAPITULO III

Acta del debate

Contenido

Art. 394. - El secretario levantará un acta del
debate, bajo pena de nulidad.

El acta contendrá:

1°) El lugar y fecha de la audiencia con mención
de las suspensiones ordenadas.

2°) El nombre y apellido de los jueces, fiscales,
defensores y mandatarios.

3°) Las condiciones personales del imputado y de las
otras partes.

4°) El nombre y apellido de los testigos, peritos e
intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de
los otros elementos probatorios incorporados al debate.

5°) Las instancias y conclusiones del ministerio fiscal
y de las otras partes.

6°) Otras menciones prescriptas por la ley o las que el
presidente ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las partes y fueren
aceptadas.

7°) Las firmas de los miembros del tribunal, del fiscal,
defensores, mandatarios y secretario, el cual previamente la leerá a los
interesados.

La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa
nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida por la ley.

Resumen, grabación y versión
taquigráfica

Art. 395. - Cuando en las causas de prueba compleja el
tribunal lo estimare conveniente, el secretario resumirá al fina de cada
declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en cuenta.
También podrá ordenarse la grabación o la versión
taquigráfica, total o parcial, del debate.

CAPITULO IV

Sentencia

Deliberación

Art. 396. - Terminado el debate, los jueces que hayan
intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en
sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario,
bajo pena de nulidad.

Reapertura del debate

Art. 397. - Si el tribunal estimare de absoluta necesidad
la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas,
podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la discusión
quedará limitada al examen de aquéllas.

Normas para la deliberación

Art. 398. - El tribunal resolverá todas las
cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, fijándolas, en lo
posible, dentro del siguiente orden: las incidentales que hubieren sido
diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso,
participación del imputado, calificación legal que corresponda,
sanción aplicable, restitución, reparación o
indemnización más demandas y costas.

Los jueces emitirán su voto motivado sobre cada una
de ellas en forma conjunta o en el orden que resulte de un sorteo que se
hará en cada caso. El tribunal dictará sentencia por
mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate
conforme a las reglas de la sana crítica, haciéndose mención
de las disidencias producidas.

Cuando en la votación se emitan más de dos
opiniones sobre las sanciones que correspondan, se aplicará el
término medio.

Requisitos de la sentencia

Art. 399. - La sentencia contendrá: la fecha y el
lugar en que se dicta; la mención del tribunal que la pronuncia; el
nombre y apellido del fiscal y de las otras partes; las condiciones personales
del imputado o los datos que sirvan para identificarlo; la enunciación
del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación; la
exposición sucinta de los motivos de hecho y de derecho en que se
fundamente; las disposiciones legales que se apliquen; la parte dispositiva y
la firma de los jueces y del secretario.

Pero si uno de los jueces no pudiere suscribir la sentencia
por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar
y aquélla valdrá sin esa firma.

Lectura de la sentencia

Art. 400. - Redactada la sentencia, cuyo original se
agregará al expediente, el tribunal se constituirá nuevamente en
sala de audiencias, luego de ser convocadas las partes y los defensores. El
presidente la leerá, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan.

Si la complejidad del asunto a lo avanzado de la hora
hicieran necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha
oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva, fijándose
audiencia para la lectura integral. Esta se efectuará, bajo pena de
nulidad, en las condiciones previstas en el párrafo anterior y en el
plazo máximo de cinco (5) días a contar del cierre del debate.

La lectura valdrá en todo caso como notificación
para los que hubieran intervenido en el debate.

Cuando se hubiere verificado la suspensión
extraordinaria prevista en el artículo 365, el plazo establecido en el
párrafo anterior será de diez (10) días y se podrá
extender hasta veinte (20) días cuando la audiencia se hubiere
prolongado por más de tres meses y hasta cuarenta (40) días
cuando hubiere sido de más de seis meses. (Párrafo incorporado
por art. 3° de la Ley
N° 25.770 B.O. 16/9/2003. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación)

Sentencia y acusación

Art. 401. - En la sentencia, el tribunal podrá dar
al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el
auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba
aplicar penas más graves o medidas de seguridad.

Si resultare del debate que el hecho es distinto del
enunciado en tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del
proceso al juez competente.

Absolución

Art. 402. - La sentencia absolutoria ordenará,
cuando fuere el caso, la libertad del imputado y la cesación de las
restricciones impuestas provisionalmente, o la aplicación de medidas de
seguridad, o la restitución o indemnización demandadas.

Condena

Art. 403. - La sentencia condenatoria fijará las
penas y medidas de seguridad que correspondan y resolverá sobre el pago
de las costas.

Dispondrá también, cuando la acción
civil hubiere sido ejercida, la restitución del objeto materia del
delito, la indemnización del daño causado y la forma en que
deberán ser atendidas las respectivas obligaciones.

Sin embargo, podrá ordenarse la restitución
aunque la acción no hubiese sido intentada.

Nulidades

Art. 404. - La sentencia será nula si:

1°) El imputado no estuviere suficientemente
individualizado.

2°) Faltare o fuere contradictoria la
fundamentación.

3°) Faltare la enunciación de los hechos
imputados.

4°) Faltare o fuere incompleta en sus elementos
esenciales la parte resolutiva.

5°) Faltare la fecha o la firma de los jueces o del
secretario.

TITULO
II

Juicios
especiales

CAPITULO I

Juicio
correccional

Regla general

Art. 405. - El juicio correccional se realizará de
acuerdo a las normas del juicio común, salvo las que se establecen en
este capítulo, y el juez en lo correccional tendrá las
atribuciones propias del presidente y del tribunal de juicio.

Términos

Art. 406. - Los términos que fijan los
artículos 354 y 359 serán, respectivamente, de cinco (5) y tres
(3) días.

Apertura del debate

Art. 407. - Al abrirse el debate, el juez informará
detalladamente al imputado sobre el hecho que se le atribuye y las pruebas que
se aducen en su contra.

Omisión de pruebas

Art. 408. - Si el imputado confesara circunstanciada y
llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la
prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el juez, el
fiscal, la parte querellante y el defensor.

Sentencia

Art. 409. - El juez podrá pasar a deliberar o
dictará sentencia inmediatamente después de cerrar el debate
haciéndola constar en el acta.

Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora
hagan necesario diferir la redacción de la sentencia, su lectura se
efectuará, bajo pena de nulidad, en audiencia pública que se
fijará dentro de un plazo no mayor de tres (3) días.

CAPITULO II

Juicio de menores

Regla general

Art. 410. - En las causas seguidas contra menores de
dieciocho (18) años se procederá conforme a las disposiciones
comunes de este Código, salvo las que se establecen en este
capítulo.

Detención y alojamiento

Art. 411. - La detención de un menor sólo
procederá cuando hubiera motivos para presumir que no cumplirá la
orden de citación, o intentará destruir los rastros del hecho, o
se pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a
falsas declaraciones.

En tales casos el menor será alojado en un
establecimiento o sección especial, diferentes a los de mayores, donde
se lo clasificará según la naturaleza y modo de ejecución
del hecho que se le atribuye, su edad, desarrollo psíquico y
demás antecedentes y adaptabilidad social.

Toda medida a su respecto se adoptará previo
dictamen del asesor de menores.

Medidas tutelares

Art. 412. - El tribunal evitará, en lo posible, la
presencia del menor en los actos de la instrucción y observará lo
dispuesto a su respecto en el artículo 76.

Podrá disponer provisionalmente de todo menor
sometido a su competencia entregándolo para el cuidado y
educación a sus padres o a otra persona o institución que, por
sus antecedentes y condiciones, ofrezca garantías morales, previa
información sumaria, audiencia de los interesados y dictamen del asesor
de menores.

En tales casos, el tribunal podrá designar un
delegado para que ejerza la protección y vigilancia directa del menor y
periódicamente le informe sobre la conducta y condiciones de vida de
aquél.

Normas para el debate

Art. 413. - Además de las comunes, durante el debate
se observarán las siguientes reglas:

1°) El debate se realizará a puertas cerradas,
pudiendo asistir solamente el fiscal y las otras partes, sus defensores, los
padres, el tutor o guardador del menor y las personas que tengan interés
legítimo en presenciarlo.

2°) El imputado sólo asistirá al debate
cuando fuere imprescindible y será alejado de él en cuanto se
cumpla el objeto de su presencia.

3°) El asesor de menores deberá asistir al
debate bajo pena de nulidad y tendrá las facultades atribuidas al
defensor aun cuando el imputado tuviere patrocinio privado.

4°) El tribunal podrá oir a los padres, al tutor
o al guardador del menor, a los maestros, patrones o superiores que éste
tenga o hubiera tenido y a las autoridades tutelares que puedan suministrar
datos que permitan apreciar su personalidad. Estas declaraciones podrán
suplirse por la lectura de sus informes.

Se cumplirá además con lo dispuesto a su
respecto en el artículo 78.

Reposición

Art. 414. - De oficio, o a petición de parte, el
tribunal podrá reponer las medidas de seguridad y educación
adoptadas con respecto al menor. A tal efecto se podrá practicar la
información sumaria conveniente y deberá oírse en
audiencia a los interesados antes de dictar la resolución.

CAPITULO III

Juicios por
delitos de acción privada

SECCION PRIMERA

Querella

Derecho de querella

Art. 415. - Toda persona con capacidad civil que se
pretenda ofendida por un delito de acción privada tendrá derecho
a presentar querella ante el tribunal que corresponda y a ejercer conjuntamente
la acción civil reparatoria.

Igual derecho tendrá el representante legal del
incapaz, por los delitos de acción privada cometidos en perjuicio de
éste.

Unidad de representación

Art. 416. - Cuando los querellantes fueren varios, y
hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola
representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se
pusieren de acuerdo.

Acumulación de causas

Art. 417. - La acumulación de causas por delito de
acción privada se regirá por las disposiciones comunes, pero
ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de acción
pública.

También se acumularán las causas por injurias
recíprocas.

Forma y contenido de la querella

Art. 418. - La querella será presentada por escrito,
con tantas copias como querellados hubiere, personalmente o por mandatario
especial, agregándose en este caso el poder, y deberá expresar,
bajo pena de inadmisibilidad:

1°) El nombre, apellido y domicilio del querellante.

2°) El nombre, apellido y domicilio del querellado o,
si se ignoraren, cualquier descripción que sirva para identificarlo.

3°) Una relación clara, precisa y
circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha y hora en que
se ejecutó, si se supiere.

4°) Las pruebas que se ofrecen,
acompaÑándose en su caso la nómina de los testigos,
peritos e intérpretes, con indicación de sus respectivos
domicilios y profesiones.

5°) Si se ejerciere la acción civil, la
concreción de la demanda con arreglo al artículo 93.

6°) La firma del querellante, cuando se presentare
personalmente, o de otra persona, a su ruego, si no supiere o pudiere firmar,
en cuyo caso deberá hacerlo ante el secretario.

Deberá acompañarse, bajo pena de
inadmisibilidad, la documentación pertinente y de la que se haga
mérito; si no fuere posible hacerlo, se indicará el lugar donde
se encontrare.

Responsabilidad del querellante

Art. 419. - El querellante quedará sometido a la
jurisdicción del tribunal en todo lo referente al juicio por él
promovido y a sus consecuencias legales.

Desistimiento expreso

Art. 420. - El querellante podrá desistir
expresamente de la acción en cualquier estado del proceso, pero
quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores.

Reserva de la acción civil

Art. 421. - El desistimiento no puede supeditarse a
condiciones, pero podrá hacerse expresa reserva de la acción
emergente del delito cuando ésta no haya sido promovida juntamente con
la penal.

Desistimiento tácito

Art. 422. - Se tendrá por desistida la acción
privada cuando:

1°) El querellante o su mandatario no instaren el
procedimiento durante sesenta (60) días.

2°) El querellante o su mandatario no concurrieren a la
audiencia de conciliación o del debate, sin justa causa, la que
deberán acreditar antes de su iniciación siempre que fuere
posible y hasta los cinco (5) días posteriores.

3°) En el caso de las acciones por calumnias e injurias
previstas en el Código Penal, habiendo muerto o quedado incapacitado el
querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción,
dentro de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la incapacidad.

Efectos del desistimiento

Art. 423. - Cuando el tribunal declare extinguida la
acción penal por desistimiento del querellante, sobreseerá en la
causa y le impondrá las costas, salvo que las partes hubieran convenido
a este respecto otra cosa.

El desistimiento de la querella favorece a todos los que
hubieren participado en el delito que la motivó.

Sección II

Procedimiento

Audiencia de conciliación

Art. 424. - Presentada la querella, el tribunal
convocará a las partes a una audiencia de conciliación, a la que
podrán asistir los defensores.

Cuando no concurra el querellado, el proceso seguirá
su curso conforme con lo dispuesto en el artículo 428 y siguientes.

Conciliación y retractación

Art. 425. - Si las partes se concilian en la audiencia
prevista en el artículo anterior, o en cualquier estado posterior del
juicio, se sobreseerá en la causa y las costas serán en el orden
causado.

Si el querellado por delito contra el honor se retractare,
en dicha audiencia o al contestar la querella, la causa será
sobreseída y las costas quedarán a su cargo.

Si el querellante no aceptare la retractación, por
considerarla insuficiente, el tribunal decidirá la incidencia. Si lo
pidiere el querellante, se ordenará que se publique la
retractación en la forma que el tribunal estime adecuada.

Investigación preliminar

Art. 426. - Cuando el querellante ignore el nombre,
apellido o domicilio del autor del hecho, o deban agregarse al proceso
documentos que aquél no haya podido obtener, se podrá ordenar una
investigación preliminar para individualizar al querellado o conseguir
la documentación.

Prisión y embargo

Art. 427. - El tribunal podrá ordenar la
prisión preventiva del querellado, previa una información sumaria
y su declaración indagatoria, solamente cuando hubiere motivos graves
para sospechar que tratará de eludir la acción de la justicia y
concurrieren los requisitos previstos en los artículos 306 y 312.

Cuando el querellante ejerza la acción civil,
podrá pedir el embargo de los bienes del querellado, respecto de lo cual
se aplicarán las disposiciones comunes.

Citación a juicio y excepciones

Art. 428. - Si no se realizare la audiencia de
conciliación por ausencia del querellado o realizada, no se produjo
conciliación ni retractación, el tribunal citará al
querellado para que en el plazo de diez (10) días comparezca y ofrezca
prueba.

Durante ese término el querellado podrá
oponer excepciones previas, de conformidad con el título VI del libro
II, inclusive la falta de personería.

Si fuere civilmente demandado, deberá contestar la
demanda, de conformidad con el artículo 101.

Fijación de audiencia

Art. 429. - Vencido el término indicado en el
artículo anterior o resueltas las excepciones en el sentido de la
prosecución del juicio, el presidente fijará día y hora
para el debate, conforme con el artículo 359, y el querellante
adelantará, en su caso, los fondos a que se refiere el artículo
362, segundo párrafo, teniendo las mismas atribuciones que las que
ejerce el ministerio fiscal en el juicio común.

Artículo 430: Debate

Art. 430. - El debate se efectuará de acuerdo con
las disposiciones correspondientes al juicio común. El querellante
tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al ministerio
fiscal: podrá ser interrogado, pero no se le requerirá juramento.

Si el querellado o su representante no comparecieren al
debate se procederá en la forma dispuesta por el artículo 367.

Sentencia. Recursos. Ejecución.
Publicación

Art. 431. - Respecto de la sentencia, de los recursos y de
la ejecución de aquélla, se aplicarán las disposiciones
comunes.

En el juicio de calumnia o injurias podrá ordenarse,
a petición de parte, la publicación de la sentencia en la forma
que el tribunal estime adecuada,, a costa del vencido.

CAPITULO IV

(Capítulo
incorporado por art. 1° de la Ley
N° 24.825 B.O. 18/6/1997)

Juicio Abreviado

Art. 431 bis:

1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en
el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena
privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de
libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla,
podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a
juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso,
deberá concretar expreso pedido de pena.

En las causas de competencia criminal (artículo 32),
el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis,
podrá también celebrarse durante los actos preliminares del
juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el
debate (artículo 359).

2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar
acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor,
sobre la existencia del hecho y la participación de aquel, descriptas en
el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal
recaída.

A los fines de este artículo y en cualquier etapa
del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado,
el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo
que se dejará simple constancia.

3. El juez elevará la solicitud y la conformidad
prestada, sin otra diligencia, tribunal de juicio el que, tomará
conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere
hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud
argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su
discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará
a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de
10 días. Si hubiera querellante, previo a adopción de cualquiera
de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será
vinculante.

4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio
abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento
común con arreglo a los artículos 354 ó 405, según
corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su
defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de
pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas
recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a
que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena superior o
más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el
artículo 399.

6. Contra la sentencia será admisible el recurso de
casación según las disposiciones comunes.

7. La acción civil no será resuelta en este
procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las
partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin
embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer
el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre
el resultado de una reclamación civil posterior.

8. No regirá lo dispuesto en este artículo en
los supuestos de conexión de causa, si el imputado no admitiere el
requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo
que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio
abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su
conformidad.

LIBRO
IV

Recursos

CAPITULO I

Disposiciones
generales

Reglas generales

Art. 432. - Las resoluciones judiciales serán
recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos
por la ley.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo
a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés
directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas
podrán recurrir.

Recursos del ministerio fiscal

Art. 433. - En los casos establecidos por la ley, el
ministerio fiscal puede recurrir inclusive a favor del imputado; o, en caso de
condena del imputado, aún tan sólo en lo referente a la
acción civil que hubiera ejercido.

Recursos del imputado

Art. 434. - El imputado podrá recurrir de la
sentencia de sobreseimiento o absolutoria que le imponga una medida de
seguridad; o solamente de las disposiciones que contenga la sentencia
condenatoria sobre la restitución o el resarcimiento de los
daños.

Los recursos a favor del imputado podrán ser
deducidos por él o su defensor y, si fuere menor de edad, también
por sus padres o tutor, aunque éstos no tengan derecho a que se les
notifique la resolución.

Recursos de la parte querellante

Art. 435. - La parte querellante podrá recurrir de
las resoluciones judiciales sólo en los casos expresamente previstos en
este Código.

Recursos del actor civil

Art. 436. - El actor civil podrá recurrir de las
resoluciones judiciales sólo en lo concerniente a la acción por
él interpuesta.

Recursos del civilmente demandado

Art. 437. - El civilmente demandado podrá recurrir
de la sentencia cuando sea admisible el recurso del imputado, no obstante la
inacción de éste, siempre que se declare su responsabilidad.

Condiciones de interposición

Art. 438. - Los recursos deberán ser interpuestos,
bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se
determinan, con específica indicación de los motivos en que se
basen.

Adhesión

Art. 439. - El que tenga derecho a recurrir podrá
adherir al recurso concedido a otro siempre que exprese, bajo pena de
inadmisibilidad, los motivos en que se funda. La adhesión deberá
interponerse dentro del término de emplazamiento, salvo
disposición en contrario.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Recurso durante el juicio

Art. 440. - Durante el juicio sólo se podrá
deducir reposición, la que será resuelta en la etapa preliminar,
sin trámite; en el debate, sin suspender la sentencia, siempre que se
haya hecho expresa reserva inmediatamente después del proveído.

Cuando la sentencia sea irrecurrible, también lo
será la resolución impugnada.

Efecto extensivo

Art. 441. - Cuando en un proceso hubiere varios imputados
los recursos interpuestos por uno de ellos favorecerán a los
demás, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente
personales.

También favorecerá al imputado el recurso del
civilmente demandado cuando éste alegue la inexistencia del hecho, o se
niegue que el imputado lo cometió o que constituya delito, o sostenga
que se ha extinguido la acción penal, o que ésta no pudo
iniciarse o proseguirse.

Efecto suspensivo

Art. 442. - La interposición de un recurso ordinario
o extraordinario tendrá efecto suspensivo, salvo que expresamente se
disponga lo contrario.

Art. 442 bis. - En las causas en que se investigue alguno
de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL
DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, los autos,
interlocutorios y resoluciones que fueran apelados durante la
instrucción serán elevados al tribunal de alzada para que conozca
en forma conjunta de los recursos concedidos, una vez que el representante del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL estimare completa la instrucción y previo a
expedirse sobre su mérito en alguno de los sentidos que indica el
artículo 215 de este Código. Quedan exceptuados de esta
disposición los recursos interpuestos contra la resolución que
deniegue la exención de prisión, la excarcelación u ordene
la prisión preventiva del imputado.

(Artículo incorporado por art. 8 de la Ley
N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

Desistimiento

Art. 443. - Las partes podrán desistir de los
recursos interpuestos por ellas o sus defensores, sin perjudicar a los
demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas.

Para desistir de un recurso interpuesto, el defensor
deberá tener mandato expreso de su representado.

El ministerio fiscal podrá desistir, fundadamente,
de sus recursos, inclusive si los hubiere interpuesto un representante de grado
inferior.

Rechazo

Art. 444. - El tribunal que dictó la
resolución impugnada denegará el recurso cuando sea interpuesto
por quien no tenga derecho, o fuera de término, o sin observar las
formas prescriptas, o cuando aquélla sea irrecurrible.

Si el recurso hubiere sido concedido erróneamente el
tribunal de alzada deberá declararlo así, sin pronunciarse sobre
el fondo.

Competencia del tribunal de alzada

Art. 445. - El recurso atribuirá al tribunal de
alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la
resolución a que se refieren los motivos del agravio.

Los recursos interpuestos por el ministerio fiscal
permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del
imputado.

Cuando hubiere sido recurrida solamente por el imputado o a
su favor, la resolución no podrá ser modificada en su perjuicio.

CAPITULO
II

Recurso de
reposición

Procedencia

Art. 446. - El recurso de reposición
procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con
el fin de que el mismo tribunal que las dictó las revoque por contrario
imperio.

Trámite

Art. 447. - Este recurso se interpondrá, dentro del
tercer día, por escrito que lo fundamente. El tribunal resolverá
por auto, previa vista a los interesados, con la salvedad del artículo
440, primer párrafo.

Efectos

Art. 448. - La resolución que recaiga hará
ejecutoria, a menos que el recurso hubiera sido deducido junto con el de
apelación en subsidio, y éste sea procedente.

Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo
cuando la resolución recurrida fuere apelable con ese efecto.

CAPITULO
III

Recurso de
apelación

Procedencia

Art. 449. - El recurso de apelación procederá
contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de
instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones
expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable.

Forma y plazo

Art. 450. - La apelación se interpondrá por
escrito ante el juez que dictó la resolución y, salvo
disposición en contrario, dentro del plazo de TRES (3) días. Se
deberán indicar los motivos en que se base, bajo sanción de
inadmisibilidad.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Emplazamiento

Art. 451. - (Artículo derogado por art. 4° de
la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Elevación de actuaciones

Art. 452. - Las actuaciones serán remitidas de
oficio al tribunal de alzada inmediatamente después de la última
notificación.

Cuando la remisión del expediente entorpezca el
curso del proceso se elevará copia de las piezas relativas al asunto,
agregadas al escrito del apelante.

Si la apelación se produce en un incidente, se
elevarán sólo sus actuaciones.

En todo caso, el tribunal de alzada podrá requerir
el expediente principal.

Adhesión

Art. 453. - Concedido el recurso, quienes tengan derecho a
recurrir y no lo hubiesen hecho, podrán adherir en el plazo de TRES (3)
días desde su notificación.

En ese término el fiscal de cámara
deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso que
hubiese deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del
imputado. A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean
recibidas.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Audiencias

Art. 454. - Siempre que el tribunal de alzada no rechace el
recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 444, segundo
párrafo, en el plazo de TRES (3) días se decretará una
audiencia, la cual no se realizará antes de CINCO (5) días ni
después de TREINTA (30) días de recibidas las actuaciones.

La audiencia se celebrará con las partes que
comparezcan, pero si el recurrente no concurriera, se tendrá por
desistido el recurso a su respecto.

Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente se
otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los
fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas que
formularen, quienes podrán ampliar la fundamentación o desistir
de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar
peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso. Luego se permitirá
intervenir a quienes no hayan recurrido y finalmente se volverá a
ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen aclaraciones
respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.

El juez que preside la audiencia y, eventualmente los
demás jueces que integren el tribunal, podrán interrogar a los
recurrentes y a los demás intervinientes sobre las cuestiones planteadas
en el recurso y debatidas en la audiencia.

La audiencia será pública.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Resolución

Art. 455. - El tribunal deliberará y
resolverá en la misma audiencia, en los términos del
artículo 396.

En casos complejos, podrá dictar un intervalo de
hasta CINCO (5) días para continuar la deliberación y resolver.

Cuando la decisión cuestionada sea revocada, el
tribunal expondrá sus fundamentos por escrito, dentro de los CINCO (5)
días de dictada la resolución. Del mismo modo actuará si
al confirmar la decisión cuestionada tuviera en cuenta criterios no
considerados por el juez o tribunal que previno o si la decisión no hubiera
sido adoptada por unanimidad.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

CAPITULO
IV

Recurso de casación

Procedencia

Art. 456. - El recurso de casación podrá ser
interpuesto por los siguientes motivos:

1°) Inobservancia o errónea aplicación de
la ley sustantiva.

2°) Inobservancia de las normas que este Código
establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con
excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado
oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho
protesta de recurrir en casación.

Resoluciones recurribles

Art. 457. - Además de los casos especialmente
previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los
artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las
sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la
pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la
extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Recurso del ministerio fiscal

Art. 458. - El ministerio fiscal podrá recurrir,
además de los autos a que se refiere el artículo anterior:

1°) De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la
condena del imputado a más de tres (3) años de pena privativa de
la libertad, a multa de doscientos mil australes (A200.000) o a
inhabilitación por cinco (5) años o más.

2°) De la sentencia condenatoria, cuando se haya
impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida.

Recurso del imputado

Art. 459. - El imputado o su defensor podrán
recurrir:

1°) De la sentencia del juez en lo correccional que
condene a aquél a más de seis (6) meses de prisión, un (1)
año de inhabilitación o cien mil australes (A100.000) de multa.

2°) De la sentencia del tribunal en lo criminal que lo
condene a más de tres (3) años de prisión, doscientos mil
australes (A200.000) de multa o cinco (5) años de inhabilitación.

3°) De la resolución que le imponga una medida
de seguridad por tiempo indeterminado.

4°) De los autos en que se le deniegue la
extinción, conmutación o suspensión de la pena.

5°) De la sentencia que lo condene a restitución
o indemnización de un valor superior a once millones de australes
(A11.000.000).

Recurso de la parte querellante

Art. 460. - La parte querellante podrá recurrir en
los mismos casos en que puede hacerlo el ministerio fiscal.

Recurso del civilmente demandado

Art. 461. - El civilmente demandado podrá recurrir
cuando pueda hacerlo el imputado y no obstante la inacción de
éste, siempre que se declare su responsabilidad.

Recurso del actor civil

Art. 462. - El actor civil podrá recurrir:

1°) De la sentencia del juez en lo correccional, cuando
su agravio sea superior a siete millones de australes (A7.000.000).

2°) De la sentencia del tribunal en lo criminal, cuando
su agravio sea superior a once millones de australes (A11.000.000).

Interposición

Art. 463. - El recurso de casación será
interpuesto ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del
término de diez (10) días de notificada y mediante escrito con
firma de letrado, en el cual se citarán concretamente las disposiciones
legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se
expresará cuál es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esta oportunidad,
no podrá alegarse ningún otro.

Proveído

Art. 464. - El tribunal proveerá lo que corresponda
en el término de TRES (3) días.

Cuando el recurso sea concedido, se emplazará a los
interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el
término de TRES (3) días a contar desde que las actuaciones
tuvieren entrada en aquél.

Si el tribunal tuviere asiento en lugar distinto al del
juez de la causa, el emplazamiento se hará por el término de OCHO
(8) días.

Las actuaciones serán remitidas de oficio al
tribunal de alzada inmediatamente después de la última
notificación.

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Trámite

Art. 465. - Si en el término de emplazamiento no
compareciere el recurrente ni se produjere adhesión, se declarará
desierto el recurso, de oficio o a simple certificación de
secretaría, devolviéndose de inmediato las actuaciones.

En ese término el fiscal de cámara
deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso que
hubiere deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto a favor del
imputado.

A este fin se le notificará en cuanto las
actuaciones sean recibidas.

Cuando el recurso sea mantenido y la Cámara no lo
rechace, conforme a lo dispuesto en el artículo 444, el expediente
quedará por DIEZ (10) días en la oficina para que los interesados
lo examinen.

Vencido este término el presidente fijará
audiencia para informar, con intervalo no menor de DIEZ (10) días, y
señalará el tiempo de estudio para cada miembro de la
Cámara.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Trámite especial para revisión de autos o
decretos

Art. 465 bis. - Cuando el recurso de casación sea
interpuesto contra autos o decretos que sean equiparables a las sentencias
definitivas el trámite será el de los artículos 454 y 455.

Este trámite no será aplicable en los
recursos contra los autos que indica el artículo 457.

(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley
N° 26.374, B.O. 30/5/2008. Vigencia: a los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial)

Ampliación de fundamentos

Art. 466. - Durante el término de oficina los
interesados podrán desarrollar o ampliar por escrito los fundamentos de
los motivos propuestos siempre que, bajo pena de inadmisibilidad,
acompañen las copias necesarias de aquél, las que serán
entregadas inmediatamente a los adversarios.

Defensores

Art. 467. - Las partes deberán actuar bajo
patrocinio letrado. Cuando en caso de recurso interpuesto por otro, el imputado
no comparezca ante la Cámara o quede sin defensor, el presidente
nombrará en tal carácter al defensor oficial.

Debate

Art. 468. - El debate se efectuará el día
fijado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 465, con asistencia de
todos los miembros de la Cámara de Casación que deben dictar
sentencia. No será necesario que asistan y hablen todos los abogados de
las partes.

La palabra será concedida primero al defensor del
recurrente, pero si también hubiere recurrido el ministerio fiscal, y el
querellante, éstos hablarán en primer término y en ese
orden. No se admitirán réplicas, pero los abogados de las partes
podrán presentar breves notas escritas antes de la deliberación.

En cuanto fueren aplicables, regirán los
artículos 363, 364, 369, 370 y 375.

Deliberación

Art. 469. - Terminada la audiencia, los jueces
pasarán a deliberar conforme con el artículo 396, debiendo
observarse, en cuanto fuere aplicable, el artículo 398.

Cuando la importancia de las cuestiones a resolver lo
aconseje, o por lo avanzado de la hora, la deliberación podrá ser
diferida para otra fecha.

La sentencia se dictará dentro de un plazo
máximo de veinte (20) días, observándose en lo pertinente
el artículo 399 y la primera parte del artículo 400.

Casación por violación de la ley

Art. 470. - Si la resolución impugnada no hubiere
observado o hubiere aplicado erróneamente la ley substantiva, el
tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a
la doctrina cuya aplicación declare.

Anulación

Art. 471. - Si hubiera inobservancia de las normas
procesales, la cámara anulará lo actuado y remitirá el
proceso al tribunal que corresponda, para su substanciación.

Rectificación

Art. 472. - Los errores de derecho en la
fundamentación de la sentencia impugnada que no hayan influido en la
resolución, no la anularán, pero deberán ser corregidos.
También lo serán los errores materiales en la designación
o en el cómputo de las penas.

Libertad del imputado

Art. 473. - Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la
detención del imputado, la Cámara ordenará directamente la
libertad.

CAPITULO
V

Recurso de
inconstitucionalidad

Procedencia

Art. 474. - El recurso de inconstitucionalidad podrá
ser interpuesto contra las sentencias definitivas o autos mencionados en el
artículo 457 si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley,
ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la
Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las
pretensiones del recurrente.

Procedimiento

Art. 475. - Serán aplicables a este recurso las
disposiciones del capítulo anterior relativas al procedimiento y forma de
redactar la sentencia.

Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de
Casación declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de la disposición impugnada y confirmará o revocará el
pronunciamiento recurrido.

CAPITULO
VI

Recurso de queja

Procedencia

Art. 476. - Cuando sea denegado un recurso que procediere
ante otro tribunal, ante éste podrá presentarse directamente en
queja el recurrente, con el fin de que se declare mal denegado el recurso.

Procedimiento

Art. 477. - La queja se interpondrá por escrito,
dentro de los tres (3) días de notificado el decreto denegatorio si los
tribunales tuvieren su asiento en la misma ciudad; en caso contrario, el
término será de ocho (8) días.

De inmediato se requerirá informe, al respecto, del
tribunal contra el que se haya deducido y éste lo evacuará en el
plazo de tres (3) días.

Si lo estimare necesario para mejor proveer, el tribunal
ante el que se interponga el recurso ordenará que se le remita el
expediente en forma inmediata.

La resolución será dictada por auto,
después de recibido el informe o el expediente.

Efectos

Art. 478. - Si la queja fuere desechada, las actuaciones
serán devueltas, sin más trámite, al tribunal que
corresponda.

En caso contrario, se declarará mal denegado el
recurso, especificando la clase y efectos del que se concede, lo que se
comunicará a aquél, para que emplace a las partes y proceda
según el trámite respectivo.

CAPITULO
VII

Recurso de
revisión

Procedencia

Art. 479. - El recurso de revisión procederá
en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:

1°) Los hechos establecidos como fundamento de la
condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal
irrevocable.

2°) La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba
documental o testifical cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior
irrevocable.

3°) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada
a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese
declarado en fallo posterior irrevocable.

4°) Después de la condena sobrevengan o se
descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya
examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el
condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma
penal más favorable.

5°) Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal
más benigna que la aplicada en la sentencia.

Objeto

Art. 480. - El recurso deberá tender siempre a
demostrar la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometió, o
que falta totalmente la prueba en que se basó la condena, salvo que se
funde en la última parte del inciso 4 o en el 5 del artículo
anterior.

Personas que pueden deducirlo

Art. 481. - Podrán deducir el recurso de
revisión:

1°) El condenado y/o su defensor; si fuere incapaz, sus
representantes legales, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus
ascendientes, descendientes o hermanos.

2°) El ministerio fiscal.

Interposición

Art. 482. - El recurso de revisión será
interpuesto ante la Cámara de Casación, personalmente o mediante
defensor, por escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta
referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales
aplicables.

En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del
artículo 479 se acompañará copia de la sentencia
pertinente; pero cuando en el supuesto del inciso 3 de ese artículo la
acción penal estuviese extinguida o no pueda proseguir, el recurrente
deberá indicar las pruebas demostrativas del delito de que se trate.

Procedimiento

Art. 483. - En el trámite del recurso de
revisión se observarán las reglas establecidas para el de
casación, en cuanto sean aplicables.

El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y
diligencias que crean útiles, y delegar su ejecución en alguno de
sus miembros.

Efecto suspensivo

Art. 484. - Antes de resolver el recurso el tribunal
podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y
disponer, con o sin caución, la libertad provisional del condenado.

Sentencia

Art. 485. - Al pronunciarse en el recurso el tribunal
podrá anular la sentencia, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo
requiera, o pronunciando directamente la sentencia definitiva.

Nuevo juicio

Art. 486. - Si se remitiere un hecho a nuevo juicio en
éste no intervendrán los magistrados que conocieron del anterior.

En la nueva causa no se podrá absolver por el efecto
de una apreciación de los mismos hechos del primer proceso, con
prescindencia de los motivos que hicieron admisible la revisión.

Efectos civiles

Art. 487. - Cuando la sentencia sea absolutoria, además
de disponerse la inmediata libertad del condenado y el cese de toda
interdicción, deberá ordenarse la restitución de la suma
pagada en concepto de pena y de indemnización; esta última,
siempre que haya sido citado el actor civil.

Reparación

Art. 488. - La sentencia de la que resulte la inocencia de
un condenado podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los
daños y perjuicios causados por la condena, los que serán
reparados por el Estado siempre que aquél no haya contribuido con su
dolo o culpa al error judicial.

La reparación sólo podrá acordarse al
condenado o, por su muerte, a sus herederos forzosos.

Revisión desestimada

Art. 489. - El rechazo de un recurso de revisión no
perjudicará el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos
distintos, pero las costas de un recurso desechado serán siempre a cargo
de la parte que lo interpuso.

LIBRO
V

Ejecución

TITULO I

Disposiciones
Generales

Competencia

Art. 490. - Las resoluciones judiciales serán
ejecutadas por el tribunal que las dictó o por el juez de
ejecución, según el caso, el que tendrá competencia para
resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la
ejecución y harán las comunicaciones dispuestas por la ley.

Trámite de los incidentes. Recurso

Art. 491. - Los incidentes de ejecución
podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el interesado o su
defensor y serán resueltos previa vista a la parte contraria, en el
término de cinco (5) días. La parte querellante no tendrá
intervención.

Contra la resolución sólo procederá el
recurso de casación, pero éste no suspenderá la
ejecución a menos que así lo disponga el tribunal.

Sentencia absolutoria

Art. 492. - La sentencia absolutoria será ejecutada
por el tribunal de juicio inmediatamente, aunque sea recurrida. En este caso,
dicho tribunal practicará las inscripciones y notificaciones
correspondientes.

TITULO
II

Ejecución
penal

CAPITULO I

Penas

Cómputo y facultades del tribunal de
ejecución

Art. 493. - El tribunal de juicio hará practicar por
secretaría el cómputo de la pena, fijando la fecha de vencimiento
o su monto. Dicho cómputo será notificado al ministerio fiscal y
al interesado, quienes podrán observarlo dentro de los tres (3)
días.

Si se dedujere oposición, el incidente se
tramitará ante el tribunal de juicio y se procederá conforme a lo
dispuesto en el artículo 491. En caso contrario, el cómputo se
aprobará y la sentencia será comunicada inmediatamente al
tribunal de ejecución penal.

El juez de ejecución tendrá competencia para:

1°) Controlar que se respeten todas las
garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la
República Argentina, en el trato otorgado a los condenados, presos y
personas sometidas a medidas de seguridad.

2°) Controlar el cumplimiento por parte del imputado de
las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión
del procedimiento a prueba (artículo 293).

3°) Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencias de condena dictadas por el Poder Judicial de la Nación.

4°) Resolver todos los incidentes que se susciten en
dicho período.

5°) Colaborar en la reinserción social de los
liberados condicionalmente.

Pena privativa de la libertad

Art. 494. - Cuando el condenado a pena privativa de la
libertad no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que
aquélla no exceda de seis (6) meses y no exista sospecha de fuga. En
este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro de
los cinco (5) días.

Si el condenado estuviere preso, o cuando se constituyere
detenido, se ordenará su alojamiento en la cárcel penitenciaria
correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el
cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia.

Suspensión

Art. 495. - La ejecución de una pena privativa de la
libertad podrá ser diferida por el tribunal de juicio solamente en los siguientes
casos:

1°) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que
tenga un hijo menor de seis (6) meses al momento de la sentencia.

2°) Si el condenado se encontrare gravemente enfermo y
la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida, según el dictamen
de peritos designados de oficio.

Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente.

Salidas transitorias

Art. 496. - Sin que esto importe suspensión de la
pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado
salga del establecimiento carcelario en que se encuentre, por un plazo
prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes
morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo.
También gozarán de este beneficio los procesados privados de su
libertad.

Enfermedad y visitas íntimas

Art. 497. - Si durante la ejecución de la pena
privativa de libertad el condenado denotare sufrir alguna enfermedad, el
tribunal de ejecución, previo dictamen de peritos designados de oficio,
dispondrá su internación en un establecimiento adecuado, si no
fuere posible atenderlo en aquel donde está alojado o ello importara
grave peligro para su salud.

El tiempo de internación se computará a los
fines de la pena, siempre que el condenado se halle privado de su libertad
durante ese tiempo y que la enfermedad no haya sido simulada o procurada para
sustraerse de la pena. Los condenados, sin distinción de sexo,
podrán recibir visitas íntimas periódicas, las cuales se
llevarán a cabo resguardando la decencia, discreción y
tranquilidad del establecimiento.

Cumplimiento en establecimiento provincial

Art. 498. - Si la pena impuesta debe cumplirse en el
establecimiento de una provincia, el tribunal de ejecución
cursará comunicación al Poder Ejecutivo, a fin de que solicite
del gobierno de aquélla la adopción de las medidas pertinentes.

Inhabilitación accesoria

Art. 499. - Cuando la pena privativa de la libertad
importe, además, la inhabilitación accesoria del Código
Penal, el tribunal de ejecución ordenará las inscripciones,
anotaciones y demás medidas que correspondan.

Inhabilitación absoluta o especial

Art. 500. - La parte resolutiva de la sentencia que condena
a inhabilitación absoluta se hará publicar por el tribunal de
ejecución en el Boletín Oficial. Además, se
cursarán las comunicaciones al juez electoral y a las reparticiones o
poderes que corresponda, según el caso.

Cuando la sentencia imponga inhabilitación especial,
el tribunal de ejecución hará las comunicaciones pertinentes. Si
se refiere a alguna actividad privada, se comunicará a la autoridad
policial.

Pena de multa

Art. 501. - La multa deberá ser abonada dentro de
los diez (10) días desde que la sentencia quedó firme. Vencido
este término el tribunal de ejecución procederá conforme
con lo dispuesto en el Código Penal.

Para la ejecución de la pena de multa se
remitirán los antecedentes al ministerio fiscal, el cual
procederá por vía de ejecución de sentencia, pudiendo
hacerlo, en su caso, ante los jueces civiles

Detención domiciliaria

Art. 502. - El juez de ejecución o competente,
cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la
medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado,
de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a
cargo de organismos policiales o de seguridad.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley
N° 26.472, B.O. 20/1/2009)

Revocación de la condena de ejecución
condicional

Art. 503. - La revocación de la condena de
ejecución condicional será dispuesta por el tribunal de
ejecución salvo que proceda la acumulación de las penas, en cuyo
caso, podrá ordenarla el tribunal de juicio que dicte la pena
única.

Art. 504. - Cuando deba quedar sin efecto, o modificarse la
pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento por haber entrado en
vigencia una ley más benigna, o en virtud de otra razón legal, el
juez de ejecución aplicará dicha ley de oficio, o a solicitud del
interesado o del ministerio público. El incidente se tramitará
conforme a lo dispuesto para los incidentes de ejecución.

CAPITULO II

Libertad
condicional

Solicitud

Art. 505. - La solicitud de libertad condicional se
cursará de inmediato por intermedio de la dirección del
establecimiento donde se encuentre el condenado, quien podrá nombrar un
defensor para que actúe en el trámite.

Informe

Art. 506. - Presentada la solicitud, el tribunal de
ejecución, requerirá informe de la dirección del
establecimiento respectivo, acerca de los siguientes puntos:

1°) Tiempo cumplido de la condena.

2°) Forma en que el solicitante ha observado los
reglamentos carcelarios y la calificación que merezca por su trabajo,
educación y disciplina.

3°) Toda otra circunstancia, favorable o desfavorable,
que pueda contribuir a ilustrar el juicio del tribunal, pudiéndose
requerir dictamen médico o psicológico cuando se juzgue
necesario.

Los informes deberán expedirse en el término
de cinco (5) días.

Cómputos y antecedentes

Art. 507. - Al mismo tiempo, el tribunal de
ejecución requerirá del secretario un informe sobre el tiempo de
condena cumplido por el solicitante y sus antecedentes. Para determinar estos
últimos, librará, en caso necesario, los oficios y exhortos
pertinentes.

Procedimiento

Art. 508. - En cuanto al trámite, resolución
y recursos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo
491.

Cuando la libertad condicional fuere acordada, en el auto
se fijarán las condiciones que establece el Código Penal, y el
liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que las
cumplirá fielmente. El secretario le entregará una copia de la
resolución, la que deberá conservar y presentar a la autoridad
encargada de vigilarlo toda vez que le sea requerida. Si la solicitud fuera
denegada, el condenado no podrá renovarla antes de seis (6) meses de la
resolución, a menos que ésta se base en no haberse cumplido el
término legal.

Comunicación al Patronato

Art. 509. - El penado será sometido conjuntamente al
cuidado del Patronato de Liberados, al que se le comunicará la libertad
y se le remitirá copia del auto que la ordenó.

El patronato colaborará con el juez de
ejecución en la observación del penado en lo que respecta al
lugar de residencia del liberado, el trabajo a que se dedica y la conducta que
observa. Si no existiera el patronato, el tribunal de ejecución
podrá ser auxiliado en tales funciones por una institución
particular u oficial.

Incumplimiento

Art. 510. - La revocatoria de la libertad condicional
conforme al Código Penal, podrá efectuarse de oficio a solicitud
del ministerio fiscal o del patronato o institución que hubiera actuado.

En todo caso el liberado será oído y se le
admitirán pruebas, procediéndose en la forma prescripta por el
artículo 491.

Si el tribunal de ejecución lo estimare necesario,
el liberado podrá ser detenido preventivamente hasta que se resuelva el
incidente.

CAPITULO III

Medidas de
seguridad

Vigilancia

Art. 511. - La ejecución provisional o definitiva de
una medida de seguridad será vigilada por el tribunal de
ejecución, las autoridades del establecimiento o lugar en que se cumpla
informará a dicho tribunal lo que corresponda, pudiendo requerirse el
auxilio de peritos.

Instrucciones

Art. 512. - El órgano judicial competente al
disponer la ejecución de una medida de seguridad, impartirá las
instrucciones necesarias al juez de ejecución y fijará los plazos
en que deberá informársele acerca del estado de la persona
sometida a la medida o sobre cualquier circunstancia de interés. Dichas
instrucciones podrán ser modificadas en el curso de la ejecución,
según sea necesario, dándose noticia al tribunal de
ejecución.

Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno.

Menores

Art. 513. - Cuando la medida consista en la
colocación privada de un menor, el juez de ejecución, el padre o
tutor, o la autoridad del establecimiento estarán obligados a facilitar
la inspección o vigilancia que el órgano judicial que
ordenó la medida encomiende a los delegados. El incumplimiento de este
deber podrá ser corregido con multa de acuerdo con el artículo
159 segunda parte o con arresto no mayor de cinco (5) días.

Las informaciones de los delegados podrán referirse
no solamente a la persona del menor, sino también al ambiente social en
que actúe, y a su conveniencia o inconveniencia.

Cesación

Art. 514. - Para ordenar la cesación de una medida
de seguridad, de tiempo absoluto o relativamente indeterminado, el tribunal de
ejecución deberá oír al ministerio fiscal, al interesado
o, cuando éste sea incapaz, a quien ejercite su patria potestad, tutela
o curatela y, en su caso, requerir el dictamen pericial.

CAPITULO IV

Suspensión
del proceso a prueba

Art. 515. - Una vez que el órgano judicial
competente comunicó la resolución que somete al imputado a prueba
al tribunal de ejecución, éste inmediatamente dispondrá el
control de las instrucciones e imposiciones establecidas y comunicará a
aquél cualquier inobservancia de las mismas.

En caso de incumplimiento o inobservancia de las
condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución
otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá,
acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio. En el primer caso,
practicará los registros y notificaciones correspondientes y
colocará al imputado a disposición del órgano judicial
competente.

TITULO
III

Ejecución
civil

CAPITULO I

Condenas
pecuniarias

Competencia

Art. 516. - Las sentencias que condenan a
restitución, reparación e indemnización de daños,
satisfacción de costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente
ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del tribunal que las
dictó, se ejecutarán por el interesado o por el ministerio fiscal
ante los jueces civiles y con arreglo al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.

(Nota Infoleg: artículo derogado por art.
76 de la Ley
N° 24.946 B.O. 23/3/1998, en cuanto dispone la
intervención del Ministerio Público en la ejecución de
condenas pecuniarias)

Sanciones disciplinarias

Art. 517. - El ministerio fiscal ejecutará las penas
pecuniarias de carácter disciplinario a favor del fisco, en la forma
establecida en el artículo anterior.

(Nota Infoleg: artículo derogado por art.
76 de la Ley
N° 24.946 B.O. 23/3/1998, en cuanto dispone la
intervención del Ministerio Público en la ejecución de
condenas pecuniarias)

CAPITULO II

Garantías

Embargo o inhibición de oficio

Art. 518. - Al dictar el auto de procesamiento, el juez
ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente
demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la
indemnización civil y las costas.

Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren
bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá decretar su
inhibición.

Sin embargo, las medidas cautelares podrán dictarse
antes del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y
elementos de convicción suficientes que las justifiquen.

Embargo a petición de parte

Art. 519. - El actor civil podrá pedir
ampliación del embargo dispuesto de oficio, prestando la caución
que el tribunal determine.

Aplicación del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación

Art. 520. - Con respecto a la sustitución del
embargo o inhibición, orden de los bienes embargables, forma y
ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los
bienes embargados, su administración, variaciones del embargo,
honorarios y tercerías, regirán las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero el recurso
de apelación tendrá efecto devolutivo.

Actuaciones

Art. 521. - Las diligencias sobre embargos y fianzas se
tramitarán por cuerda separada.

CAPITULO III

Restitución
de objetos secuestrados

Objetos decomisados

Art. 522. - Cuando la sentencia importe decomiso de
algún objeto, el tribunal le dará el destino que corresponda
según su naturaleza.

Cosas secuestradas

Art. 523. - Las cosas secuestradas que no estuvieren
sujetas a decomiso, restitución o embargo serán devueltas a quien
se le secuestraron.

Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la
sentencia, se notificará al depositario la entrega definitiva.

Las cosas secuestradas de propiedad del condenado
podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas del
proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.

Juez competente

Art. 524. - Si se suscitare controversia sobre la
restitución de las cosas secuestradas o la forma de dicha
restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la
justicia civil.

Objetos no reclamados

Art. 525. - Cuando después de un (1) año de
concluido el proceso nadie reclame o acredite tener derecho a la
restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada
persona, se dispondrá su decomiso.

CAPITULO IV

Sentencias
declarativas de falsedades instrumentales

Rectificación

Art. 526. - Cuando una sentencia declare falso un
instrumento público, el tribunal que la dictó ordenará que
el acto sea reconstituido, suprimido o reformado.

Documento archivado

Art. 527. - Si el instrumento hubiera sido extraído
de un archivo será restituido a él con nota marginal en cada
página, agregándose copia de la sentencia que hubiese establecido
la falsedad total o parcial.

Documento protocolizado

Art. 528. - Si se tratare de un documento protocolizado, se
anotará la declaración hecha en la sentencia al margen de la
matriz en los testimonios que se hubiesen presentado y en el registro
respectivo.

TITULO
IV

Costas

Anticipación

Art. 529. - En todo proceso el Estado anticipará los
gastos con relación al imputado y a las demás partes que gocen
del beneficio de pobreza.

Resolución necesaria

Art. 530. - Toda resolución que ponga término
a la causa o a un incidente deberá resolver sobre el pago de las costas
procesales.

Imposición

Art. 531. - Las costas serán a cargo de la parte
vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando
hubiera tenido razón plausible para litigar.

Personas exentas

Art. 532. - Los representantes del ministerio
público y los abogados y mandatarios que intervengan en el proceso no podrán
ser condenados en costas, salvo los casos en que especialmente se disponga lo
contrario y sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias en que
incurran.

Contenido

Art. 533. - Las costas consistirán:

1°) En el pago de la tasa de justicia.

2°) En los honorarios devengados por los abogados,
procuradores y peritos.

3°) En los demás gastos que se hubieren
originado por la tramitación de la causa.

Determinación de honorarios

Art. 534. - Los honorarios de los abogados y procuradores
se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se
tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de
derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los
trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido.

Los honorarios de las demás personas se
determinarán según las normas de las leyes respectivas.

Distribución de costas

Art. 535. - Cuando sean varios los condenados al pago de
costas el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno,
sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil.

Disposiciones
transitorias

Causas pendientes

Art. 536. - (Artículo derogado por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

Validez de los actos anteriores

Art. 537. - (Artículo derogado por art. 88 de la Ley
N° 24.121 B.O. 8/9/1992)

Norma derogatoria

Art. 538. - Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley, en especial el artículo 30 de la ley 23.184.

Mantendrá su vigencia el régimen previsto
para la extradición por la ley 2.372, sus modificatorias y las leyes
especiales, en todo lo que no se oponga a la presente ley.

Hasta la entrada en vigencia del Código
Contravencional de la Capital Federal, permanecerán vigentes los
artículos 27, 28 inc. 1, 585, 586, 587, 588, 589 y 590 de la Ley 2372 y
sus modificatorias, y el artículo 30 de la ley 23.184.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley
N° 24.131 B.O. 4/9/1992)

Vigencia

Art. 539. - El presente Código entrará en
vigencia a partir del año de su promulgación, luego de que,
efectuada la reforma de la ley orgánica pertinente, se establezcan los
tribunales y demás órganos encargados de su aplicación.