CODIGO DE MINERIA

TITULO I

De las minas y su
dominio

Art. 1° – El
Código de Minería rige los derechos, obligaciones y
procedimientos referentes a la adquisición, explotación y
aprovechamiento de las sustancias minerales.

I
Clasificación y división de las minas

Art. 2° – Con
relación a los derechos que este Código reconoce y acuerda, las
minas se dividen en tres categorías.

1& Minas de las que el suelo es un accesorio, que
pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud
de concesión legal otorgada por autoridad competente.

2& Minas que, por razón de su importancia, se
conceden preferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las
condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento común.

3& Minas que pertenecen únicamente al
propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por
motivos de utilidad pública.

Art. 3° –
Corresponden a la primera categoría:

a) Las sustancias metalíferas siguientes: oro,
plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc,
níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio,
berilio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio y potasio;

b) Los combustibles: hulla, lignito, antracita e
hidrocarburos sólidos;

c) El arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita,
fosfatos calizos, azufre, boratos y wollastonita; (Artículo
sustituido por art. 1° de la Ley
N° 25.225 B.O. 29/12/1999.)

d) Las piedras preciosas.

e) Los vapores endógenos.

Art. 4° –
Corresponden a la segunda categoría:

a) Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se
encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los placeres.

b) Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones
anteriores, mientras las minas permanecen sin amparo y los relaves y escoriales
de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto no los
recobre su dueño.

c) Los salitres, salinas y turberas.

d) Los metales no comprendidos en la primera
categoría.

e) Las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres,
resinas, esteatitas, baritina, caparrosas, grafito, caolín, sales
alcalinas o alcalino terrosas, amianto, bentonita, zeolitas o minerales
permutantes o permutíticos.

Art. 5° – Componen
la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza
pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de
construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras.

Art. 6° – Una ley
especial determinará la categoría correspondiente, según
la naturaleza e importancia, a las sustancias no comprendidas en las
clasificaciones precedentes, sea por omisión, sea por haber sido
posteriormente descubiertas.

Del mismo modo se procederá respecto de las
sustancias clasificadas, siempre que por nuevas aplicaciones que se les
reconozca, deban colocarse en otra categoría.

II Del dominio de
las minas

Art. 7° – Las
minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias ,
según el territorio en que se encuentren.

Art. 8° –
Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de
aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las
prescripciones de este Código.

Art. 9° – El
Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados
en la presente ley.

Art. 10. – Sin perjuicio
del dominio originario del Estado reconocido por el Artículo 7, la
propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal.

Art. 11. – Las minas
forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se
rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las
disposiciones especiales de este Código.

Art. 12. – Las minas
son inmuebles.

Se consideran también inmuebles las cosas destinadas
a la explotación con el carácter de perpetuidad, como las
construcciones, máquinas, aparatos, instrumentos, animales y
vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, sea
superficial o subterráneo, y las provisiones necesarias para la
continuación de los trabajos que se llevan en la mina, por el
término de CIENTO VEINTE (120) días.

III Caracteres
especiales de las minas

Art. 13. – La
explotación de las minas, su exploración, concesión y
demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad
pública.

La utilidad pública se supone en todo lo relativo al
espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión.

La utilidad pública se establece fuera de ese
perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que
resulta a la explotación.

Art. 14. – Es
prohibida la división material de las minas, tanto relación a sus
dueños, como respecto de terceros.

Ni los dueños, ni terceros pueden explotar una
región o una parte de la mina, independientemente de la
explotación general.

Art. 15. – Cuando las
minas consten de DOS (2) o más pertenencias, la autoridad
permitirá a solicitud de las partes, que se haga la separación
siempre que, previo reconocimiento pericial, no resulte perjuicio ni dificultad
para la explotación independiente de cada una de ellas.

Las diligencias de separación se inscribirán
en el registro de minas y las nuevas pertenencias quedan sujetas a las
prescripciones que rigen las pertenencias ordinarias.

Art. 16. – Las minas
sólo pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública de un
orden superior a la razón del privilegio que les acuerda el
Artículo 13 de este Código.

Art. 17. – Los
trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando
así lo exija la seguridad pública, la conservación de las
pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores.

Art. 18. – Las minas
se conceden a los particulares por tiempo ilimitado.

IV
Localización de los derechos mineros y catastro minero

Art. 19. – En la
determinación de los puntos correspondientes a los vértices del
área comprendida en las solicitudes de los permisos de exploración,
manifestaciones de descubrimientos, labor legal, petición de mensura y
otros derechos mineros, deberá utilizarse un único sistema de
coordenadas, que será el que se encuentre en uso en la
cartografía minera oficial.

Art. 20. – El REGISTRO
CATASTRAL MINERO dependerá de la autoridad minera de cada
jurisdicción y quedará constituido con la finalidad principal de
reflejar la situación física, jurídica y demás
antecedentes que conduzcan a la confección de la matrícula
catastral correspondiente a cada derecho minero que reconoce este
Código.

Las provincias procurarán el establecimiento de
sistemas catastrales mineros uniformes.

TITULO
II

De las personas
que pueden adquirir minas

Art. 21. – Toda
persona capaz de adquirir y poseer legalmente propiedades raíces, puede
adquirir y poseer las minas.

Art. 22. – No pueden
adquirir minas, ni tener en ellas parte, interés ni derecho alguno:

1- Los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en
la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en
el ramo de minas.

2- Los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de
minas y sus oficiales en la sección o distritos en donde
desempeñan sus funciones.

3- Las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria
potestad de las personas mencionadas en los números precedentes.

Art. 23. – La
prohibición no comprende las minas adquiridas antes del nombramiento de
los funcionarios; ni las que la mujer casada hubiese llevado al matrimonio.

Tampoco comprende las minas posteriormente adquiridas por
herencia o legado.

Art. 24. – Los
contraventores a lo dispuesto en el Artículo 22 pierden todos los
derechos obtenidos, que se adjudicarán al primero que los solicite o
denuncie.

No podrán pedirlos ni denunciarlos las personas que
hubiesen tenido participación en el hecho.

TITULO
III

De las relaciones
entre el propietario y el minero

I De la
exploración o cateo

Art. 25. – Toda
persona física o jurídica puede solicitar de la autoridad
permisos exclusivos para explorar un área determinada, por el tiempo y
en la extensión que señala la ley.

Los titulares de permisos de exploración
tendrán el derecho exclusivo a obtener concesiones de explotación
dentro de las áreas correspondientes a los permisos.

Para obtener el permiso se presentará una solicitud
que consigne las coordenadas de los vértices del área solicitada
y que exprese el objeto de esa exploración, el nombre y domicilio del
solicitante y del propietario del terreno.

La solicitud contendrá también el programa
mínimo de trabajos a realizar, con una estimación de las inversiones
que proyecta efectuar e indicación de los elementos y equipos a
utilizar.

Incluirá también una declaración
jurada sobre la inexistencia de las prohibiciones resultantes de los
Artículos 29 segundo párrafo y 30 quinto párrafo, cuya
falsedad se penará con una multa igual a la del Artículo 26 y la
consiguiente pérdida de todos los derechos, que se hubiesen peticionado
u obtenido, los que en su caso serán inscriptos como vacantes. Cualquier
dato complementario que requiera la autoridad minera no suspenderá la
graficación de la solicitud, salvo que la información resulte
esencial para la determinación del área pedida, y deberá
ser contestado en el plazo improrrogable de QUINCE (15) días posteriores
al requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por desistido el
trámite. La falta de presentación oportuna de esta
información originará, sin necesidad de acto alguno de la
autoridad minera, la caducidad del permiso, quedando automáticamente
liberada la zona.

El peticionante abonará en forma provisional, el
canon de exploración correspondiente a las unidades de medida
solicitadas, el que se hará efectivo simultáneamente con la
presentación de la solicitud y será reintegrado totalmente al
interesado en caso de ser denegado el permiso, o en forma proporcional, si accediera
a una superficie menor. Dicho reintegro deberá efectivizarse dentro del
plazo de DIEZ (10) días de la resolución que dicte la autoridad
minera denegando parcial o totalmente el permiso solicitado. La falta de pago
del canon determinará, el rechazo de la solicitud por la autoridad
minera, sin dar lugar a recurso alguno.

Los lados de los permisos de exploración que se
soliciten deberán tener necesariamente la orientación Norte-Sur y
Este-Oeste.

Art. 26. – El permiso
es indispensable para hacer cualquier trabajo de exploración.

El explorador que no ha tenido el consentimiento del
propietario del suelo ni el permiso de la autoridad, pagará a más
de los daños y perjuicios ocasionados, una multa a favor de aquél
cuyo monto será de DIEZ (10) a CIEN (100) veces el canon de
exploración correspondiente a UNA (1) unidad de medida, según la
naturaleza del caso.

La multa no podrá cobrarse pasados TREINTA (30)
días desde la publicación del registro de la manifestación
de descubrimiento que hubiere efectuado el explorador.

Art. 27. – Presentada
la solicitud y anotada en el registro de exploraciones, que deberá
llevar el escribano de minas, se notificará al propietario, y se
mandará a publicar al efecto, de que dentro de VEINTE (20) días,
comparezcan todos los que con algún derecho se creyeren, a deducirlo.

No encontrándose el propietario en el lugar de su
residencia, o tratándose de propietario incierto, la publicación
será citación suficiente. La autoridad minera determinará
el procedimiento para realizar la notificación personal a los
propietarios en los distritos en que la propiedad se encuentre en extremo
parcelada.

La publicación se hará insertando la
solicitud con su proveído por DOS (2) veces en el plazo de DIEZ (10)
días en un periódico si lo hubiere; y en todo caso,
fijándose en las puertas del oficio del escribano.

Los VEINTE (20) días a que se refiere el
párrafo primero, correrán inmediatamente después de los
DIEZ días (10) de la publicación.

No resultando oposición en el término
señalado, o decidida breve y sumariamente si la hubiese, se
otorgará inmediatamente el permiso y se procederá a determinar su
situación.

Practicadas las diligencias se inscribirán en el
correspondiente registro.

Art. 28. – Desde el
día de la presentación de la solicitud corresponderá al
explorador el descubrimiento que, sin su previo consentimiento, hiciere un
tercero dentro del terreno que se adjudique el permiso.

Art. 29. – La unidad
de medida de los permisos de exploración es de QUINIENTAS (500)
hectáreas.

Los permisos constarán de hasta VEINTE (20)
unidades. No podrán otorgarse a la misma persona, a sus socios, ni por
interpósita persona, más de VEINTE (20) permisos ni más de
CUATROCIENTAS (400) unidades por provincia.

Tratándose de permisos simultáneos
colindantes, el permisionario podrá escoger a cuáles de estos
permisos se imputarán las liberaciones previstas en el Artículo
30.

Art. 30. – Cuando el
permiso de exploración conste de UNA (1) unidad de medida, su
duración será de CIENTO CINCUENTA (150) días. Por cada
unidad de medida que aumente, el permiso se extenderá CINCUENTA (50)
días más.

Al cumplirse TRESCIENTOS (300) días del
término, se desafectará una extensión equivalente a la
mitad de la superficie que exceda de CUATRO (4) unidades de medida. Al
cumplirse SETECIENTOS (700) días se desafectará una
extensión equivalente a la mitad de la superficie remanente de la
reducción anterior, excluidas también las CUATRO (4) unidades. A
tal efecto, el titular del permiso, deberá presentar su petición
de liberación del área antes del cumplimiento del plazo
respectivo, indicando las coordenadas de cada vértice del área
que mantiene. La falta de presentación oportuna de la solicitud
determinará que la autoridad minera, a pedido de la autoridad de
catastro minero, proceda como indica el párrafo precedente, liberando
las zonas a su criterio, y aplique al titular del permiso una multa igual al
canon abonado.

El término del permiso comenzará a correr
TREINTA (30) días después de aquel en que se haya otorgado.
Dentro de ese plazo deberán quedar instalados los trabajos de
exploración, descritos en el programa a que se refiere el
Artículo 25.

No podrá diferirse la época de la
instalación ni suspenderse los trabajos de exploración
después de emprendidos, sino por causa justificada y con
aprobación de la autoridad minera.

No se otorgarán a una misma persona, ni a sus
socios, ni por interpósita persona, permisos sucesivos sobre una misma
zona o parte de ella, debiendo mediar entre la publicación de la
caducidad de uno y la solicitud de otro un plazo no menor de UN (1) año.
Dentro de los NOVENTA (90) días de vencido el permiso, la autoridad
minera podrá exigir la presentación de la información y de
la documentación técnica obtenida en el curso de las
investigaciones, bajo pena de una multa igual al doble del canon abonado.

Art. 31. – Cuando los
trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso
podrá constar de hasta VEINTE MIL (20.000) kilómetros cuadrados
por provincia, sea que el solicitante se trate de la misma o de diferentes
personas y el tiempo de duración no superará los CIENTO VEINTE
(120) días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del permiso
de la autoridad minera o de la autorización de vuelo emitida por la autoridad
aeronáutica, lo que ocurra en último término. La solicitud
contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además
los elementos y equipos que se emplearán en los mismos.

En las provincias cuya extensión territorial exceda
los DOSCIENTOS MIL (200.000) kilómetros cuadrados el permiso
podrá constar de hasta CUARENTA MIL (40.000) kilómetros cuadrados
sin modificar el plazo ya establecido.

El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial. La
publicación servirá de suficiente citación a propietarios
y terceros.

El permiso no podrá afectar otros derechos mineros
solicitados o concedidos anteriormente en el área. El solicitante
abonará, en forma provisional, un canon de UN (1) peso por
kilómetro cuadrado que se hará efectivo en la forma, oportunidad
y con los efectos que determina el Artículo 25 para las solicitudes de
permisos de exploración.

Dentro de los CINCO (5) días de solicitado el
permiso, el peticionante deberá acompañar copia del pedido de
autorización de vuelo presentado ante la autoridad aeronáutica,
bajo pena de archivarse su solicitud sin más trámite.

Las solicitudes que no fueran resueltas dentro del plazo de
TREINTA (30) días desde su presentación, por falta de impulso
administrativo del interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán
archivadas sin necesidad de requerimiento y notificación alguna.

Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.

No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta clase
sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno
y la solicitud del otro, el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días.

La autoridad minera podrá exigir la
presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del Artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.

Art. 32. – El
explorador debe indemnizar al propietario de los daños que le cause con
los trabajos de cateo y de los daños provenientes de estos trabajos.

El propietario puede exigir que el explorador rinda
previamente fianza para responder por el valor de las indemnizaciones.

II Limitaciones al
derecho de cateo

Art. 33. – Ni el
permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar
la superficie con trabajos y construcciones mineras sin el formal
consentimiento del propietario:

1 - En el recinto de todo edificio y en el de los sitios
murados.

2- En los jardines, huertos y viñedos, murados o
sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición
se limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los
jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) en los huertos y viñedos.

3- A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas,
y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás edificios.

Cuando las casas sean de corta extensión y poco
costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) metros, que
pueden extenderse hasta QUINCE (15).

4- A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los
acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.

Art. 34. – Para los
talleres, almacenes, depósitos de minerales, caminos comunes,
máquinas, sondeos y otros trabajos ligeros o transitorios, el radio de
protección se reducirá a QUINCE (15) metros.

Art. 35. – Cuando para
la continuación de una explotación y del aprovechamiento de sus
productos, sea necesario hacer pozos, galerías u otros trabajos
semejantes dentro del radio que protege las habitaciones, la autoridad lo
permitirá, previa audiencia de los interesados, informe de un perito y
constancia del hecho.

En este caso, el radio de protección, podrá
reducirse hasta QUINCE (15) metros.

Concurriendo las mismas circunstancias, se
permitirán también esos trabajos dentro de los sitios murados,
jardines, huertas y viñedos.

Art. 36. – No pueden
emprenderse trabajos mineros en el recinto de los cementerios, calles y sitios
públicos; ni a menor distancia de CINCUENTA (50) metros de los
edificios, caminos de hierro, carreteros, acueductos y ríos
públicos.

Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar
ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los
interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que,
habiéndolo, puede salvarse.

Art. 37. – No pueden
emprenderse trabajos mineros a menor distancia de UN (1) kilómetro de
instalaciones militares, sin que preceda permiso del MINISTERIO DE DEFENSA.

Cuando la exploración incluya fotografía
aérea, independientemente de lo expresado en el párrafo
precedente, deberá requerirse la autorización respectiva.

Art. 38. – Es
prohibido, aunque preceda permiso de la autoridad, hacer exploraciones dentro
de los límites de minas concedidas.

Art. 39. – Si para la
demarcación de una mina descubierta fuera de los términos del
terreno destinado a la exploración, es preciso tomar parte de ese
terreno, se considerará a ese efecto vacante.

Lo mismo sucederá si, para la demarcación del
descubrimiento hecho por el explorador, fuese necesario salir fuera de los
límites del permiso.

Pero en uno y otro caso, sin perjuicio de derechos
adquiridos.

Art. 40. – El
explorador no puede establecer una explotación formal, ni hacer
extracción de minerales, antes de la concesión legal de la mina;
pero hace suyos y podrá disponer de los que extraiga de las calicatas, o
encuentre en la superficie, o necesite arrancar para la prosecución de
las trabajos de cateo.

En caso de contravención, se mandará
suspender todo trabajo, hasta que se haga la manifestación y registro, y
se pagará una multa cuyo monto será VEINTE (20) a DOSCIENTAS
(200) veces el canon de explotación correspondiente a la
categoría de las sustancias extraídas.

No solicitándose el registro TREINTA (30)
días después de requerido, se adjudicarán los derechos del
explorador al primer denunciante.

Art. 41. – La
autoridad revocará el permiso de exploración o cateo, de oficio o
a petición del propietario del terreno, o de un tercer interesado en
continuar la exploración, o en emprender una nueva en el mismo lugar, si
el permisionario incurriere en cualquiera de las siguientes infracciones:

a) No instalar los trabajos de exploración a que se
refiere el párrafo tercero del Artículo 30, en el plazo que el
mismo determina;

b) Suspender esos trabajos después de emprendidos;

c) No cumplir el programa mínimo de trabajos a que
se refiere el cuarto párrafo del Artículo 25.

III Del derecho del
propietario para explorar su terreno

Art. 42. – El
dueño de la superficie puede hacer en ella todo trabajo de
exploración, aun en los lugares exceptuados, sin previo permiso.

Pero, si no hubiese obtenido este permiso de la autoridad
ni limitado con su intervención el campo de sus exploraciones, no
podrá oponer contra un tercer solicitante, ni preferencia como
dueño, ni prelación como anterior explorador.

Art. 43. – El
dueño del suelo no puede ni aún con licencia de la autoridad,
hacer trabajo alguno minero dentro del perímetro de una
concesión, ni en el recinto de un permiso de cateo.

TITULO
IV

De la
adquisición de las minas

Art. 44. – Las minas
se adquieren en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad
competente con arreglo a las prescripciones del presente Código.

Son objeto de concesión:

Los descubrimientos.

Las minas caducadas y vacantes.

I Del descubrimiento
y su manifestación

Art. 45. – Hay descubrimiento
cuando, mediante una exploración autorizada o a consecuencia de un
accidente cualquiera, se encuentra un criadero antes no registrado.

Art. 46. – El
descubridor presentará un escrito ante la autoridad minera haciendo la
manifestación del hallazgo y acompañando muestra del mineral.

El escrito, del que se presentarán DOS (2)
ejemplares, contendrá el nombre, estado y domicilio del descubridor, el
nombre y el domicilio de sus compañeros, si los tuviere, y el nombre que
ha de llevar la mina.

Contendrá también el escrito, en la forma que
determina el Artículo 19, el punto del descubrimiento que será el
mismo de extracción de la muestra.

Se expresará, también el nombre y mineral de
las minas colindantes y a quién pertenece el terreno, si al Estado, al municipio
o a los particulares.

En este último caso, se declarará el nombre y
domicilio de sus dueños.

El descubridor, al formular la manifestación de
descubrimiento, deberá indicar, en la misma forma que determina el
Artículo 19, una superficie no superior al doble de la máxima
extensión posible de la concesión de explotación, dentro
de la cual deberá efectuar los trabajos de reconocimiento del criadero y
quedar circunscriptas las pertenencias mineras a mensurar. El área
determinada deberá tener la forma de un cuadrado o aquella que resulte
de la preexistencia de otros derechos mineros o accidentes del terreno y dentro
de la cual deberá quedar incluido el punto del descubrimiento. Dicha
área quedará indisponible hasta que se opere la aprobación
de la mensura.

Art. 47. – La
comprobación previa de la existencia del mineral solo podrá
exigirse en caso de contradicción.

Art. 48. – Si la
autoridad notare que se ha omitido alguna indicación o requisito de los
que exige la ley en las manifestaciones, señalará el plazo que
juzgue necesario para que se hagan las rectificaciones o se llenen las
omisiones.

El interesado podrá hacerlo en cualquier tiempo. En
uno y otro caso sin perjuicio de tercero.

Art. 49. – El
escribano de minas pondrá constancia en cada uno de los ejemplares del
pedimento, del día y hora en que le fuere presentado, aunque el
interesado no lo solicite.

El escribano certificará a continuación, si
hay otro u otros pedimentos o registros del mismo cerro o criadero; y en su
caso, lo manifestará al interesado, quien firmará la diligencia.

Después de esto, se devolverá UNO (1) de los
ejemplares al solicitante, reteniéndose el otro para la formación
del expediente de concesión.

Si sólo se ha presentado UN (1) ejemplar del pedimento,
se dará de él copia autorizada al interesado, con sus anotaciones
y certificaciones.

Art. 50. – Presentada
la solicitud o pedimento, se le asignará un número,
cronológico y secuencial y sin más la autoridad del catastro
minero lo analizará para determinar si la misma recae en terreno franco
o no, hecho que se notificará al peticionario, dándole copia de
la matrícula catastral. Excepto que el terreno esté franco en su
totalidad, el peticionario deberá pronunciarse en QUINCE (15)
días sobre su interés o no respecto del área libre. De no
existir un pronunciamiento expreso, la petición se archivará sin
más trámite.

II Del registro

Art. 51. – El
escribano presentará en la primera audiencia el escrito de
manifestación, que la autoridad mandará registrar y publicar.

Art. 52. – El registro
es la copia de la manifestación con sus anotaciones y proveídos,
hecha y autorizada por el escribano de minas en libro de protocolo que debe
llevarse al efecto.

Art. 53. – La
publicación se hará insertando íntegro el registro en el
periódico que designe la autoridad minera, por TRES (3) veces en el
espacio de QUINCE (15) días.

Haya o no periódico, la publicación se
hará fijando un cartel en las puertas de la oficina del escribano.

El escribano anotará el hecho en el expediente del
registro y agregará los ejemplares correspondientes del periódico
que contenga la publicación.

Art. 54. – La
explotación anotará el hecho en el expediente del registro, sin
que obsten reclamaciones ni pleitos referentes a la mina o al terreno que debe
ocupar.

Compréndense en esta disposición los trabajos
anteriores al registro.

Los reclamantes pueden nombrar interventores por su cuenta,
y exigir una fianza, para impedir que el tenedor de la mina disponga de los
productos.

Las funciones del interventor se reducen a una simple
inspección en la mina y a llevar cuenta y razón de gastos y
productos.

La fianza exigida u ofrecida, excusa los interventores;
pero en este caso el poseedor deberá llevar esa cuenta y razón.

III De las personas
que pueden manifestar minas de otros

Art. 55. – Nadie puede
manifestar ni registrar minas para otra persona sin poder especial, que
podrá otorgarse ante la autoridad más inmediata, o ante DOS (2)
testigos o por medio de una carta.

No necesitan poder los ascendientes, descendientes, ni los
hermanos del descubridor.

Tampoco han menester poder los socios en la empresa, ni los
cateadores e individuos que compongan la expedición exploradora.

Art. 56. – El
descubridor o dueño del descubrimiento ratificará ,
rectificará o rehusará la manifestación o registro hecho a
su nombre, dentro del término de DIEZ (10) días, pasados los
cuales se tendrá por aceptado.

Art. 57. – Si los
individuos empleados de una expedición exploradora manifiestan o
registran a su propio nombre o al de otras personas un descubrimiento hecho en
el terreno explorado durante la expedición, la manifestación y el
registro corresponde exclusivamente al dueño del cateo, aunque se haya
estipulado participación.

Esta disposición queda sin efecto UN (1) año
después de terminada la exploración.

Art. 58. – La persona
que ejecutando por otro trabajos mineros, hace un descubrimiento, descubre para
el dueño de los trabajos.

Pero si los trabajos no son verdaderamente mineros, el
descubrimiento pertenece a ambos por mitad.

Esto mismo se observará cuando cualquier empleado
que goce sueldo o salario de una mina, aunque no ejecute trabajo alguno,
descubre dentro del radio de UN (1) kilómetro, tomado desde los
límites de esa mina.

Art. 59. – Las
personas que registran minas sin expresar el nombre de los socios en el
descubrimiento y desconocen sus derechos, no podrán cobrar gastos de
ningún género.

IV De la
concurrencia y preferencia

Art. 60. – Es primer
descubridor el que primero solicita el registro, siempre que la prioridad de la
presentación no resulte de dolo o fraude.

Art. 61. – Si se
presentan a un mismo tiempo DOS (2) o más pedimentos de una misma mina,
aquel que determine de una manera cierta, clara e inequívoca la
situación del cerro y la naturaleza y condiciones del criadero,
será preferido a los que no llenen satisfactoriamente este requisito.

Art. 62. – Si con
arreglo a las precedentes disposiciones no pudiere determinarse cuál sea
la mina descubridora, se tendrá por tal la de mayor importancia.

Pero, la descubridora en este caso, no podrá tomar
las minas que han sido a un mismo tiempo registradas.

Art. 63. – Cuando el
espacio que medie entre DOS (2) minas a un mismo tiempo descubiertas, no sea
suficiente para llenar las medidas de latitud según la
inclinación del criadero, hay derecho para seguirlo hasta el complemento
de la medida, internándose en la inmediata pertenencia.

Si el recuesto de los criaderos fuere convergente, se
adjudicará por mitad el espacio intermedio; pero subsistirá
siempre el derecho de internarse hasta la reunión o empalme con alguno
de los criaderos de la pertenencia inmediata, debiendo en este caso como en el
anterior, dar aviso a su dueño.

Art. 64. – Los
concesionarios de minas a un tiempo registradas, cuyos criaderos se crucen,
pueden hacer independientemente sus trabajos en el terreno común; pero
se dividirán los minerales comprendidos en el crucero o punto de
intersección de los criaderos, cuando no sea posible su
separación.

Art. 65. – Si DOS (2)
o más personas han descubierto simultáneamente en diferentes
lugares de un mismo criadero, tomarán sus minas partiendo del punto de
donde se ha extraído la muestra del mineral presentado.

Y si las medidas de longitud no pueden completarse en el
espacio intermedio, se adjudicará éste por mitad.

Art. 66. – Las
personas que se crean con derecho a un descubrimiento manifestado por otro,
deben deducir sus pretensiones dentro de los SESENTA (60) días
siguientes al de la publicación del registro.

Se comprenden en esta disposición las personas cuyos
nombres han sido omitidos en la manifestación o en el registro.

No serán oídos los que se presenten
después del vencimiento de los SESENTA (60) días.

V Derechos y
obligaciones del descubridor

Art. 67. – El
descubridor tendrá derecho a tomar en el criadero de su elección
TRES (3) pertenencias contiguas o separadas por espacios correspondientes a UNA
(1) o más pertenencias.

Art. 68. – Dentro del
plazo de CIEN (100) días contados desde el día siguiente al del
registro, el descubridor tendrá hecha una labor que ponga de manifiesto
el criadero, de manera que pueda reconocerse su dirección,
inclinación y grueso, y comprobarse la existencia y clase del mineral
descubierto.

La labor tendrá DIEZ (10) metros de extensión
y se abrirá sobre el cuerpo del criadero, siguiendo su inclinación
o variándola si fuere conveniente.

Pero no es necesario trabajar los DIEZ (10) metros, cuando
en la labor ejecutada puede reconocerse satisfactoriamente las circunstancias
expresadas.

Cuando las pertenencias fueren contiguas, bastará
una sola labor legal, con tal que cualquier medio idóneo permita
presumir, con base científica suficiente, la continuidad del yacimiento
en todas ellas.

Art. 69. – Comprobada
la existencia de un obstáculo que no era posible superar dentro de los
plazos fijados para hacer la labor legal, la autoridad podrá prorrogarlo
hasta CIEN (100) días más.

Art. 70. – Si
efectuada la labor legal, resultare que no puede reconocerse convenientemente
las condiciones del criadero, o que el descubridor quiere situar mejor sus
minas, se concederá una prórroga de CINCUENTA (50) días
para la continuación del trabajo, o de CIEN (100) días para abrir
una nueva labor sobre otro punto del criadero.

Art. 71. – Si TREINTA
(30) días después de vencidos los plazos concedidos por los
Artículos 68, 69 y 70, el descubridor no hubiese solicitado la mensura,
la autoridad procederá a darla de oficio a cargo del interesado,
situando a todas las minas pedidas en la corrida del criadero.

Los derechos del descubridor serán declarados
caducos y la mina o minas pedidas por él serán registradas en
calidad de vacantes.

TITULO
V

De las
pertenencias y su demarcación

I De las
pertenencias

Art. 72. – La
extensión del terreno dentro de cuyos límites puede el minero
explotar su concesión, se llama pertenencia.

Art. 73. – El terreno
correspondiente a cada pertenencia se determina en la superficie por
líneas rectas, y en profundidad por planos verticales indicados por esas
líneas.

Las pertenencias constarán de TRESCIENTOS (300)
metros de longitud horizontal y de DOSCIENTOS (200) de latitud, la que puede
extenderse hasta TRESCIENTOS (300), según la inclinación del
criadero.

Art. 74. – La
pertenencia o unidad de medida es un sólido que tiene por base un
rectángulo de TRESCIENTOS (300) metros de longitud y DOSCIENTOS (200) de
latitud, horizontalmente medidos y de profundidad indefinida en
dirección vertical.

La pertenencia será un sólido de base
cuadrada en el caso de darse a la latitud igual extensión que la
asignada a la longitud.

Puede darse otra formas a las pertenencias, siendo regular,
cuando atendidas las condiciones del terreno o del criadero, sea necesario para
una más útil explotación.

Art. 75. – Las
pertenencias, aunque contengan más de una unidad de medida, deben formar
un solo cuerpo sin la interposición de otras minas o espacios vacantes
que las dividan.

Esta disposición tiene lugar aun en el caso de que
el terreno que debe ocupar la concesión, no baste a completar la
extensión correspondiente a la pertenencia.

Art. 76. – La
pertenencia de minas de hierro constará de seiscientos (600) metros de
longitud y de CUATROCIENTOS (400) metros de latitud, la que puede extenderse
hasta SEISCIENTOS (600) metros, según la inclinación del
criadero.

La de carbón y demás combustibles, de
NOVECIENTOS (900) metros de longitud por SEISCIENTOS (600) metros de latitud,
la que puede extenderse hasta NOVECIENTOS (900) metros.

La pertenencia de yacimientos de tipo diseminado de primera
categoría, cuando la mineralización se halle uniformemente
distribuida y permita la explotación a gran escala por métodos no
selectivos, constará de CIEN (100) hectáreas.

Las de borato y litio constarán también de
CIEN (100) hectáreas.

En el caso del primer párrafo, el canon anual por
pertenencia será TRES (3) veces el de una pertenencia ordinaria de la
misma categoría; en el del segundo, SEIS (6) veces, y en el del tercero
y cuarto, DIEZ (10) veces.

Art. 77. – La longitud
de la pertenencia se medirá por la corrida o rumbo del criadero; pero si
este serpentea, varía o se ramifica, se adoptará el rumbo
dominante o el de su rama principal, o el rumbo medio entre los diferentes que
se manifiesten, a elección del interesado.

La medida partirá de la labor legal o del punto de
la corrida que designe el mismo interesado.

Se deja también a su arbitrio tomar la medida de la
longitud a uno u otro lado de dicha labor, o distribuirla como lo crea
conveniente.

Pero, en ningún caso quedará esa labor fuera
del perímetro de la pertenencia.

Art. 78. – La latitud
se medirá sobre una perpendicular horizontal a la línea de
longitud en el punto de donde hubiere partido la mensura.

El concesionario podrá tomar la latitud toda entera
a uno u otro lado, o distribuirla como viere convenirle.

En caso de legítima oposición, sólo
podrá obtener DIEZ (10) metros contra la inclinación del criadero.

Art. 79. – El
concesionario tiene derecho a que, en la demarcación de la pertenencia,
se de a la corrida del criadero la extensión asignada a su
inclinación, y a ésta la asignada a la corrida; pero esto
sólo tendrá lugar cuando no resulte perjuicio de tercero.

Art. 80. – Cuando la
inclinación del criadero respecto de la vertical correspondiente a la
línea de longitud fijada a la pertenencia, no exceda de CUARENTA Y CINCO
(45) grados, la latitud constará de DOSCIENTOS (200) metros.

Cuando la inclinación pasa de los CUARENTA Y CINCO
(45) grados hasta CINCUENTA (50), la latitud será de DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO (245) metros.

Pasando de CINCUENTA (50) grados hasta SESENTA (60), la
latitud tendrá DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) metros. Pasando de
SESENTA (60) hasta SESENTA Y CINCO (65) grados, tendrá DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO (275); y desde SESENTA Y CINCO (65) grados, tendrá
TRESCIENTOS (300) metros.

II De la mensura y
demarcación de las pertenencias

Art. 81. – Se procede
a la mensura y demarcación de las pertenencias en virtud de
petición escrita presentada por el registrador o por otra persona
interesada.

La petición y su proveído se
publicarán en la forma prescripta en el Artículo 53.

Art. 82. – En la
petición de mensura se expresará la aplicación, distribución
y puntos de partida de las líneas de longitud y latitud, de manera que
pueda conocerse la situación de la pertenencia y del terreno que debe
ocupar.

Art. 83. – La
petición de mensura y su proveído se notificarán a los
dueños de las minas colindantes, si fueren conocidos y residieren en el
mineral o en el municipio donde tiene su asiento la autoridad.

En otro caso la publicación servirá de
suficiente citación.

La publicación se hará según lo
dispuesto en el Artículo 53.

Art. 84. – Las
reclamaciones se deducirán dentro de los QUINCE (15) días
siguientes al de la notificación o al del último correspondiente
a la publicación.

No se admitirán las reclamaciones deducidas
después de ese plazo.

Las reclamaciones se resolverán con audiencia de los
interesados, dentro de los VEINTE (20) días siguientes al de su
presentación.

La concesión del recurso no impide que se proceda a
la mensura, si el interesado lo solicita.

La autoridad podrá, cuando así lo requiera la
naturaleza del caso, diferir la resolución hasta el acto de mensura.

Art. 85. – No
habiéndose presentado oposición relativa a la petición de
mensura o definitivamente resuelta la que se hubiere presentado, la autoridad
procederá a practicar la diligencia, acompañada de un ingeniero
oficial y del escribano de minas.

La autoridad mandará previamente que se notifique a
los administradores de las minas colindantes ocupadas, cuyos dueños no
hubieren sido personalmente citados, la hora en que debe darse principio a la
operación.

Puede la autoridad comisionar para que haga sus veces al
juez del mineral, y en su defecto, al más inmediato.

A falta de ingeniero oficial, se nombrará un perito
o ingeniero particular; y a falta de escribanos se actuará con DOS (2)
testigos abonados.

Art. 86. – La
operación principiará por el reconocimiento de la labor legal; y
resultando cumplidas sus condiciones, se procederá a medir la longitud y
enseguida la latitud conforme a lo dispuesto en los Artículos 77 y siguientes.

Acto continuo se marcarán los puntos donde deben
fijarse los linderos que determinen la figura y el espacio correspondiente a la
pertenencia.

Estos linderos, a cuya construcción se
procederá inmediatamente, deben ser sólidos, bien perceptibles y
duraderos.

Art. 87. – Para la
designación de los rumbos, se referirán los ingenieros al norte
verdadero.

Se referirán también, si la autoridad lo
declarare conveniente, o si los interesados solicitaren, a objetos fijos y bien
manifiestos, indicando su dirección y distancia con relación a la
labor legal.

Art. 88. – Las
personas interesadas en la mensura pueden nombrar, cada una por su parte un
perito que presencie la operación y haga las indicaciones, reparos y
reclamaciones a que los procedimientos periciales dieren lugar; todo lo que
quedará decidido antes de darse por concluida la diligencia.

Art. 89. – De todas
las operaciones, solicitudes o resoluciones que hayan tenido lugar en el curso
de la diligencia hasta su terminación, se extenderá un acta, que
firmarán la autoridad, las partes y el ingeniero, y que
autorizará el escribano.

Art. 90. – El juez a
quien se hubiere cometido la diligencia, remitirá al comitente el acta
levantada; y con la aprobación de éste o con las reformas que
creyere necesario hacer, quedará definitivamente concluida la mensura y
demarcación de una pertenencia.

Art. 91. – En la
mensura y demarcación de las pertenencias practicadas según las
prescripciones de la ley, pueden comprenderse los edificios, caminos, sitios
cultivados y cerrados y toda otra clase de obras y terrenos.

El concesionario puede extender sus trabajos debajo de las
habitaciones y demás lugares reservados, dando fianzas por los
daños y perjuicios que puedan sobrevenir.

Cuando el daño sea grave e inminente y no fuese
posible fortificar satisfactoriamente el cerro, podrá el minero
solicitar la adjudicación del terreno y construcciones correspondientes,
previa la comprobación de utilidad, según lo dispuesto en el inciso
tercero del Artículo 13.

No regirá lo dispuesto en los precedentes incisos,
respecto de los edificios públicos y demás contenido en el
Artículo 36, salvo si se comprobaren los hechos expresados en su inciso
segundo.

Los trabajos subterráneos no podrán penetrar
en el radio correspondiente a las fortificaciones, sino en el caso que puedan
penetrar los trabajos superficiales.

Todos estos trabajos se sujetarán estrictamente a
las reglas de seguridad y policía.

Art. 92. – La fianza
no tendrá lugar cuando la explotación subterránea no ofrezca
riesgo ninguno.

La fianza cesará cuando todo riesgo haya
desaparecido.

Art. 93. – Practicada
la mensura y demarcación con arreglo a lo dispuesto en los
artículos precedentes, la autoridad mandará inscribirla en el
registro, y que de ella se de copia al interesado, como título
definitivo de propiedad.

El expediente de mensura se archivará en un libro
especial a cargo del escribano de minas.

Con la diligencia de mensura queda constituida la plena y
legal posesión de la pertenencia.

III De los linderos

Art. 94. – El
concesionario tendrá colocados los linderos de su pertenencia dentro de
los VEINTE (20) días siguientes a la designación de los puntos
correspondientes.

No verificándolo así, se hará pasible
a una multa cuyo monto será TRES (3) a DIEZ (10) veces el canon anual
que devengare la mina.

Art. 95. – La
autoridad no permitirá no ordenará la remoción de los
linderos sino en los casos de mejora y ampliación de pertenencias,
determinados por la ley; o en virtud de sentencia del Tribunal Superior de minería
en los recursos contra la ilegalidad de las mensuras; o cuando se haya
definitivamente declarado que hay lugar a rectificación, o en los casos
que expresamente determina la ley.

Art. 96. – Los
dueños de minas deben mantener constantemente firmes y bien conservados
sus linderos.

Si están deteriorados o en parte destruidos, deben
ocurrir a la autoridad para que ordene la reparación con citación
de colindantes.

Si los linderos han desaparecido o han sido removidos, se
ocurrirá igualmente a la autoridad para que designe el ingeniero que,
previa la citación, marque los puntos en donde deben colocarse con
arreglo a los títulos del interesado.

El juez del mineral presidirá la diligencia,
ordenará y hará efectiva la citación y cuidará de
que los linderos se construyan en los puntos marcados; extendiendo de todo
constancia.

Si los dueños de las pertenencias colindantes no se
encuentran en el mineral ni en el municipio, residencia de la autoridad, el
juez mandará citar al administrador o a la persona que ocupe la pertenencia.

Se señalará al minero un término, que
no baje de VEINTE (20) días, ni exceda de CUARENTA (40), para que
proceda a la reparación o reposición de los linderos.

No verificándolo así, se hará pasible
a una multa cuyo monto será TRES (3) a DIEZ (10) veces el canon anual
que devengare la mina.

IV De la
rectificación e impugnación de las mensuras

Art. 97. – La
operación de mensura y demarcación presidida, aprobada o
reformada por la autoridad, sólo puede ser impugnada por error pericial
o violación manifiesta de la ley, que consten del acta correspondiente.

Será también causa de impugnación el
fraude o dolo empleados en las operaciones o resoluciones concernientes a la
mensura y demarcación, y que se refieran a hechos precisos y bien
determinados.

Art. 98. – Cuando la
mina demarcada contenga una extensión mayor de la que sus títulos
expresan, podrá rectificarse la mensura a solicitud de otro registrador
inmediato, que pretenda el exceso para completar su pertenencia.

Pero esta rectificación sólo tendrá efecto
cuando se han removido clandestinamente los linderos, o cuando en la
designación de los puntos donde debían colocarse, o en la
colocación misma, ha habido dolo o fraude.

La solicitud del nuevo registrador no será admitida
después de los QUINIENTOS (500) días siguientes al de la mensura.

En esta rectificación se procederá, tomando
por base el punto de partida y los rumbos fijados en la mensura y
demarcación de la pertenencia.

TITULO
VI

De los efectos de
la concesión de las pertenencias

I De los criaderos
comprendidos dentro del perímetro de una

Art. 99. – El minero
es dueño de todos los criaderos que se encuentren dentro de los
límites de su pertenencia, cualesquiera que sean las sustancias
minerales que contengan.

El concesionario está obligado a dar cuenta a la
autoridad minera del hallazgo de cualquier sustancia concesible distinta de las
que constaren en el registro y empadronamiento de la mina, para su
anotación en los mismos y, en su caso, efectos consiguientes en materia
de canon y de inversión de capital.

El concesionario que no cumpliere esta obligación
dentro de los SESENTA (60) días del hallazgo, se hará pasible de
una multa de DIEZ (10) a CIEN (100) veces el canon de explotación
correspondiente a la sustancia omitida.

Art. 100. – El
propietario del terreno tiene derecho a las sustancias correspondientes a la
tercera categoría, que el propietario de la mina extrajere; exceptuando
los casos siguientes:

Cuando no la ha reclamado ni ha pagado los gastos de su
explotación y extracción TREINTA (30) días después
del aviso que debe darle el concesionario.

Cuando éste los necesita para su industria y cuando
estén de tal suerte unidas las sustancias, que no puedan sin dificultad
o sin aumento de gastos extraerse separadamente.

En estos casos no hay derecho a cobrar indemnizaciones.

Art. 101. – Cuando en
el terreno ocupado con una explotación de sustancias de la segunda o
tercera categoría, se descubre un criadero de la primera, el propietario
podrá continuar sus trabajos no perjudicando los de la nueva mina; pero
el descubridor podrá hacerlos variar o cesar, pagando los perjuicios o
el valor del terreno.

Con relación a la extracción que haga el
descubridor, regirán las disposiciones contenidas en los TRES (3)
incisos finales del artículo precedente.

II De la
internación de labores en pertenencias ajenas

Art. 102. – El
dueño de una pertenencia no puede avanzar labores fuera de sus
límites y penetrar con ellas en pertenencia ajena, aunque vaya en
seguimiento de su criadero.

Pero, cuando el criadero contenga mineral, hay derecho para
internarse por la latitud hasta el punto en que las labores de una y otra
pertenencia se comuniquen.

Lo mismo sucederá cuando antes de haber pasado los
límites de la pertenencia, se descubra el mineral.

Para usar de estos derechos deberá darse aviso al
colindante de la aproximación de las labores y del propósito de
internarlas.

Los minerales que se extraigan de la internación se
partirán por mitad con el colindante, lo mismo que los costos.

Art. 103. – La comunión
de gastos y productos durará mientras el dueño de la pertenencia
ocupada comunique sus labores.

Llegado este caso debe cerrarse la comunicación
entre ambas minas, a petición de cualquiera de los interesados, en el
punto de la línea divisoria.

Art. 104. – No
dándose oportunamente el aviso, el invasor entregará al invadido
todos los minerales extraídos, sin derecho a cobrar los costos.

Se considera inoportuno el aviso, cuando no se ha
comunicado antes de que las labores internadas hayan avanzado más de
DIEZ (10) metros.

Art. 105. – No hay
obligación de hacer restitución ni participación alguna de
los productos de una internación entre minas que no han sido demarcadas
o cuyos linderos no se conserven.

Pero el dueño de la mina que se considere invadida puede
pedir la mensura, y en su caso, la reparación o reposición de los
linderos.

Desde el día en que se haga saber esta
petición al dueño de la mina invasora, se considerará
determinada la línea divisoria.

Sellados los remates de las labores denunciadas, podrán
continuarse sin otra responsabilidad que la de entregar, previo el pago de los
costos, la mitad de los minerales extraídos en la continuación de
esas labores, si resultaren internadas.

Art. 106. – Cuando las
minas no se encuentran en estado de recibir mensura y sus dueños han
colocado linderos provisorios para determinar sus pertenencias, estos linderos
servirán de base para el aviso y demás efectos consiguientes.

Pero, practicada la mensura y demarcación legal, los
derechos de las partes se arreglarán a los nuevos linderos,
haciéndose las correspondientes restituciones.

No tendrá lugar lo dispuesto en los incisos
anteriores, después de vencidos los plazos fijados por la ley para la
ejecución de la labor legal.

Art. 107. – Todo
dueño de pertenencia puede solicitar permiso para visitar la colindante,
con el fin de tomar datos útiles para su propia explotación, o
con el de evitar perjuicios que los trabajos de la vecina le causan o
están próximos a causarle.

El solicitante expresará clara y circunstanciadamente
los datos que se propone tomar y los perjuicios recibidos o que teme recibir.

La autoridad encontrando justo y fundado el motivo,
otorgará el permiso únicamente con relación a las labores
inmediatas a la pertenencia del interesado.

Art. 108. – Cuando en
virtud de causas suficientes y justificadas, necesario practicar
reconocimientos y mediciones de las labores indicadas, la autoridad lo
permitirá aceptando el perito que se proponga o nombrando otro, si el
dueño de la mina rehusare el propuesto.

Tendrá éste derecho a una completa
indemnización; y si de las operaciones ha de resultarle un grave e
irreparable perjuicio, a que se retire el permiso.

TITULO
VII

De las otras
adquisiciones que requieren concesión

I De la
ampliación o acrecentamiento de las pertenencias

Art. 109. – Ampliar
una pertenencia es agregarle otra pertenencia igual en forma y dimensiones.

Hay derecho a la ampliación cuando las labores
subterráneas de la pertenencia se hubieran internado o estuviesen
próximas a internarse en terreno vacante.

Se entiende que las labores están próximas a
internarse cuando distan CUARENTA (40) metros o menos, del límite fijado
a la pertenencia en su demarcación.

El pedimento con su proveído se registrarán
en el libro de las manifestaciones y se publicará por medio de un aviso
en el periódico que designe la autoridad, y de un cartel que el
escribano fijará en las puertas de su oficina.

Art. 110. – Para que
la ampliación tenga lugar es necesario que se internen o aproximen las
labores llevando criadero en mano.

Art. 111. – Las DOS
(2) pertenencias formarán un sólo cuerpo, una sola mina.

Los linderos correspondientes a la línea de contacto
con el terreno vacante, se removerán y colocarán en los nuevos
límites.

Art. 112. – La
diligencia de mensura y demarcación se practicará citando los
lindantes con el terreno vacante; y se anunciará con TREINTA (30)
días de anticipación en la misma forma que la publicación
del registro.

Dentro de estos TREINTA (30) días y hasta el acto de
la diligencia, deberán presentarse todas las reclamaciones, que no
serán atendidas después de ese plazo y de ese acto.

Art. 113. – Hay
derecho a una nueva ampliación cuando las labores del terreno anexado se
hubiesen internado o estuviesen próximas a internarse en terreno
vacante.

II De la mejora de
las pertenencias

Art. 114. – El minero
puede pedir el cambio parcial del perímetro de su pertenencia en
cualquiera dirección de sus líneas confinantes, habiendo terreno
franco. Este cambio constituye la mejora.

Art. 115. – En el
cambio o mejora de pertenencia se abandonará una extensión de
terreno igual a la que se toma; pero conservando dentro de los nuevos
límites la labor legal.

III De las
demasías

Art. 116. – Demasía
es el terreno sobrante entre DOS (2)o más minas demarcadas, en el cual
no puede formarse una pertenencia.

Art. 117. – Las
demasías comprendidas entre DOS (2) minas situadas en la corrida o
longitud del criadero corresponden exclusivamente a los dueños de esas
minas.

Art. 118. – La
demasía entre las líneas de aspas de DOS(2) o más
pertenencias se adjudicará a aquella o a aquellas minas cuyas labores,
siguiendo el criadero en su recuesto, se hayan internado o estén
próximas a internarse en el terreno vacante.

Se entenderá que las labores están
próximas a internarse, cuando hubieren avanzado hasta la mitad de la
cuadra correspondiente al recuesto del criadero.

Se consideran en el mismo caso desde que disten TREINTA
(30) metros del límite de la cuadra.

Art. 119. – Fuera de
los casos de internación realizada o próxima a realizarse, se
distribuirá la demasía entre todas las minas colindantes en
proporción de sus respectivas líneas de contacto con la
demasía.

Art. 120. – Adjudicada
la demasía en parte o en todo, se incorpora a las respectivas
pertenencias.

Art. 121. – Cuando el
terreno sobrante en la corrida del criadero mide CIENTO CINCUENTA (150) metros
o más de longitud, se considera como nueva mina, y se concede al primer
solicitante.

Art. 122. – Cualquier
persona podrá constituir una mina nueva en la demasía por renuncia
o cesión de todos los colindantes, o por no ocuparla con alguna obra o
trabajo verdaderamente útil, UN (1) año después de
requeridos al efecto.

Esta disposición tiene lugar en el caso de no
hallarse las demasías incorporadas a las minas colindantes.

La parte del colindante que renuncia, que cede o que pierde
su derecho, acrece a la de los otros colindantes.

Art. 123. – El minero
que mejora su pertenencia no tiene derecho a la demasía que resultare.

IV De los socavones

Art. 124. – Los
dueños de una o más pertenencias que se propongan explotarlas por
medio de un socavón, que principie fuera de sus límites o salga
de ellos, pero en terreno que no corresponda a pertenencia ajena, darán
aviso a la autoridad, expresando la situación y extensión del terreno
que debe ocuparse, y el nombre y residencia de los propietarios.

Estos serán notificados para que, en el plazo de
VEINTE (20) días, deduzcan sus derechos por los perjuicios que
inmediatamente les ocasione la apertura del socavón, y pidan fianzas si
hubiere peligro de ulteriores perjuicios en la continuación de los
trabajos.

Los propietarios cuya residencia se ignore, o que la tengan
fuera de la jurisdicción de la autoridad minera, serán citados
por medio de un edicto fijado en las puertas del oficio del escribano, y de un
aviso publicado por TRES (3) días en el periódico que designe la
autoridad.

En este caso el plazo para comparecer, y en virtud de cuyo
transcurso se concederá el permiso, es de TREINTA (30) días.

Art. 125. – Cuando los
trabajos deban principiarse o continuarse en terreno de minas ocupadas, se
solicitará permiso de la autoridad, declarando el nombre y residencia de
los dueños de esas minas, la situación y extensión del
terreno y la dirección, longitud y capacidad del socavón.

La autoridad, previa la citación de los interesados
y la comprobación de que la obra es útil y practicable,
otorgará el permiso y ordenará su registro y publicación.

Art. 126. – Los
dueños de las minas situadas en la dirección del socavón,
podrán oponerse a su ejecución en los VEINTE (20) días
siguientes al de la notificación hecha en su persona o en la de sus
administradores, o por publicación de avisos en su caso, siempre que se
inutilice o se haga sumamente difícil y costosa la explotación de
sus minas.

Sin embargo, si reconocida la utilidad de la empresa y la
conveniencia del plan propuesto, no pudieran introducirse modificaciones sin
contrariar el objeto de la obra, o sin hacerla menos útil, o
haciéndola más costosa y difícil, la autoridad
permitirá que se lleve a efecto, no obstante la oposición.

Lo mismo sucederá si las minas interesadas en la
apertura del socavón, tuviesen mayor importancia que la mina o minas de
los opositores.

Pero deberán pagarse previamente todos los
perjuicios, u otorgarse la competente fianza mientras se hace la
estimación.

Art. 127. – La
autoridad, al conceder el permiso, hará en el plan presentado por el
socavonero las modificaciones necesarias para dejar establecida la posibilidad
y utilidad de la obra, para que tenga la seguridad conveniente y para hacer
efectivos los derechos reconocidos a los dueños de minas.

Art. 128. – Cuando se
pretenda abrir socavones generales que comprendan una vasta región
mineral, por personas que no tengan minas propias que habilitar, es necesario
el consentimiento de los dueños de las pertenencias que deban ocuparse.

Pero, los dueños de las que han de ser habilitadas
pueden dar participación en la empresa a personas extrañas.

Art. 129. – Cualquiera
persona puede abrir un socavón de exploración o reconocimiento de
terreno vacante previo el cumplimiento de lo que dispone el Artículo
124.

En la solicitud declarará la longitud y latitud del
terreno que necesita para practicar sus reconocimientos, y tendrá en
él los derechos de explorador establecidos en el Título III.

Regirá para él lo dispuesto en el
Artículo 133 respecto de los criaderos que encuentre en profundidad.

Art. 130. – El
empresario no puede alterar la dirección y dimensiones del
socavón ni ninguna de las condiciones de la concesión, sin
permiso de la autoridad que lo otorgará previo informe del ingeniero.

En el caso de contravención, se suspenderán o
rectificarán los trabajos, y se harán las necesarias
reparaciones, todo a costa del empresario.

Art. 131. – Las
obligaciones de todo concesionario de socavón en terreno franco, se
limitan a las que imponen la seguridad de la obra y de los obreros, y a lo
relativo al orden y policía de las minas.

Art. 132. – Si en el
curso de sus trabajos encuentra el socavonero un criadero correspondiente a
pertenencia ajena, lo explotará sin variar la dirección ni las
dimensiones de la obra.

Los minerales extraídos se entregarán al
dueño de la pertenencia, pagando éste los gastos de
explotación y acarreo.

Art. 133. – El
socavonero goza de los privilegios de descubridor los criaderos nuevos que
siguiendo su labor, encuentre en terreno vacante.

Estas pertenencias se demarcarán en la superficie
con arreglo a la situación, dirección y demás
circunstancias del criadero, reconocidas en profundidad.

Art. 134. – El
socavonero tiene derecho a explotar el criadero nuevo que encuentre en
pertenencia correspondiente a otro criadero registrado en la superficie,
abriendo nuevas labores en seguimiento del nuevo criadero y aprovechando
exclusivamente los minerales que extraiga.

Cesa este derecho desde el momento en que las labores de la
mina se comuniquen con las del socavón.

Art. 135. – El permiso
para labrar un socavón en terreno franco comprende el permiso para
explorar una superficie de MIL (1.000) metros a cada uno de los lados y en toda
la longitud concedida al socavón.

El empresario podrá denunciar y registrar
preferiblemente las pertenencias abandonadas que en ese espacio se encuentren.

No obsta esta preferencia al denuncio de un tercero cuando
la obra del socavón ha sido terminada o abandonada; o cuando
habiéndose avanzado los trabajos más allá del
perímetro correspondiente a esas pertenencias, hayan transcurrido
CINCUENTA (50) días sin que se haya hecho uso de ese derecho.

Art. 136. – Tienen
derecho a servirse del socavón, sin perjuicio de los derechos del
socavonero, los dueños de las pertenencias atravesadas.

Las dueños de minas que de cualquier manera
aprovechan los servicios del socavón, pagarán al empresario una
cantidad en dinero que se determinará por peritos, en
consideración a los servicios que se presten, a los gastos que esos
servicios ocasionen, al beneficio que el minero reciba y a los costos que
economice.

Art. 137. – Los
dueños de las minas atravesadas suspenderán todo trabajo a
distancia de CUATRO (4) metros de la labor o claro del socavón.

Pero cuando se trate de arrancar minerales, de abrir una
comunicación o de cualquier trabajo útil, se dará aviso a
la autoridad para que con el informe del ingeniero, determine el espesor del
macizo, o declare la clase de fortificaciones que deben reemplazarlo.

Los gastos serán de cuenta de los dueños de
las minas.

V De la
formación de grupos mineros

Art. 138. – Los
dueños de DOS (2) o más minas contiguas pueden constituir con
ellas una sola propiedad con una sola explotación.

Desígnase esta reunión de pertenencias,
correspondan a un solo dueño o a dueños diferentes, con el nombre
de grupo minero.

Art. 139. – Para la
constitución de un grupo minero se requiere:

Que las pertenencias estén unidas en toda la
extensión de uno de sus lados, formando un solo cuerpo, sin que entre
ellos quede ningún espacio vacante.

Que el grupo se preste a una cómoda y provechosa
explotación.

Y que la autoridad otorgue con conocimiento de causa, la
correspondiente concesión.

Art. 140. – Los
dueños de las pertenencias con que debe formarse el grupo,
ocurrirán para su concesión a la autoridad por medio de un
pedimento.

El pedimento contendrá:

1- Los títulos correspondientes a cada una de las
pertenencias.

2- Un plano del grupo en el que se manifieste la
situación relativa, la extensión y forma de las minas
concurrentes, sus nombres, el de sus dueños, el que ha de llevar la
nueva propiedad y el de las minas colindantes.

3-La parte o derecho asignado a cada uno de los
interesados.

4 La declaración del gravamen que afecta a cada
pertenencia y el nombre de las personas a cuyo favor esté constituido.

5 El acuerdo celebrado entre los acreedores sobre la manera
cómo deben pasar esos gravámenes al grupo; y en su defecto, la
propuesta de bases para un arreglo.

Art. 141. – La
solicitud se notificará a las personas a cuyo favor estuviesen gravadas
las pertenencias.

Si estas personas no se encuentran en el lugar de su
residencia, la publicación servirá de suficiente citación.

La publicación servirá también de
suficiente citación para todas las personas a quienes de cualquier
manera pueda afectar la agrupación de las pertenencias.

La publicación se hará insertando la
solicitud por TRES (3) veces en el espacio de DIEZ (10) días, en el
periódico que designe la autoridad y fijándose en la puerta del
oficio del escribano, durante el mismo término de los DIEZ (10)
días.

La autoridad resolverá las reclamaciones que se
presentaren, dentro de los TREINTA (30) días siguientes al último
de las publicaciones.

Art. 142. – Si las
pertenencias no están gravadas, o si de cualquier manera se ha allanado
éste y los demás puntos sobre los que se haya hecho alguna
reclamación, la autoridad, acompañada de un perito y del
escribano, procederá al reconocimiento y verificación de los
hechos.

Resultando que la reunión de las pertenencias es
realizable y conveniente, se fijarán linderos en los extremos de las
líneas que determinen el grupo y en todos los puntos que sea preciso
para que pueda ser fácilmente reconocido.

El juez cuidará de que se proceda inmediatamente a
la colocación de linderos en los lugares marcados por el perito.

Art. 143. – De todo lo
obrado, se extenderá acta que firmarán los interesados, la
autoridad, el perito, y que autorizará el escribano.

El acta contendrá:

El número de pertenencias concurrentes, su nombre y
el de sus dueños.

La forma y dimensiones del grupo y los linderos que lo
determinan; expresando los que deban conservarse y designando los puntos para
los nuevos que sea preciso colocar.

La situación relativa de las minas y de los objetos
con que linden.

A continuación del acta se extenderá la
providencia de concesión, declarando si hubiere lugar, el orden y manera
cómo deben pasar al grupo los gravámenes de las pertenencias; sea
con referencia al acuerdo de las partes, sea con referencia a la
resolución dictada, si el acuerdo no hubiese tenido lugar.

Art. 144. – Acta y
providencia se inscribirán en el registro de mensura dándose a
las partes, como título de propiedad, las copias que pidieren.

El expediente se archivará en el libro a que se
refiere el inciso segundo del Artículo 93.

Art. 145. – El grupo
minero puede constar del número de pertenencias previamente mensuradas
que fueren necesarias, a juicio de la autoridad minera, para abarcar la unidad
geológica del o de los yacimientos cubiertos por aquéllas,
circunstancia cuyo cumplimiento se verificará en la oportunidad
señalada por el artículo 142.

TITULO
VIII

De la
explotación

I Servidumbres

Art. 146. – Verificada
la concesión, los fundos superficiales y los inmediatos en su caso,
quedan sujetos a las servidumbres siguientes, previa indemnización:

1& La de ser ocupados en la extensión
conveniente, con habitaciones, oficinas, depósitos, hornos de
fundición, máquinas de extracción, máquinas de
beneficio para los productos de la mina, con canchas, terreros y escoriales.

2& La ocupación del terreno para la apertura de
vías de comunicación y transporte, sea por los medios ordinarios,
sea por tranvías, ferrocarriles, canales u otros, hasta arribar a las
estaciones, embarcaderos, depósitos, caminos públicos o
particulares más próximos o más convenientes, y a los
abrevaderos, aguadas y pastos.

3& El uso de las aguas naturales para las necesidades
de la explotación, para la bebida de las personas y animales ocupadas en
la faena y para el movimiento y servicio de las máquinas.

Este derecho comprende el de practicar los trabajos
necesarios para la provisión y conducción de las aguas.

4& El uso de los pastos naturales en terrenos no
cercados.

Art. 147. – Si la
conducción de las aguas corrientes ofrece verdaderos perjuicios al
cultivo del fundo o a establecimientos industriales ya instalados o en estado
de construcción, la servidumbre se limitará a la cantidad de agua
que, sin ese perjuicio, pueda conducirse.

Pero, en todo caso habrá lugar a la bebida de los
animales y al acarreo para las necesidades de la mina.

Art. 148. – El uso de
los caminos abiertos para UNA (1) o más minas se extenderá a
todas las del mismo mineral o asiento, siempre que se paguen en
proporción a los beneficios que reciban, los costos de la obra y gastos
de conservación.

Art. 149. – Los
dueños de minas están recíprocamente obligados a permitir
los trabajos, obras y servicios que sean útiles o necesarios a la
explotación, como desagües, ventilación, pasaje y otros
igualmente convenientes, siempre que no perjudiquen su propia
explotación.

Art. 150. – Los
minerales extraídos en el curso de estos trabajos, deben ser puestos
gratuitamente a disposición del dueño de la mina ocupada.

Cuando los trabajos se siguen en terreno franco los
minerales corresponden al empresario, como si hubiesen sido extraídos de
su propia pertenencia.

Art. 151. – Las
servidumbres referentes a los fundos extraños, tendrán lugar
cuando no puedan constituirse dentro de la concesión.

A la constitución de las servidumbres debe preceder
el correspondiente permiso de la autoridad.

Si el terreno que ha de ocuparse estuviese franco,
podrá pedirse ampliación con arreglo a lo dispuesto en el
parágrafo primero del Título VII.

Art. 152. – Las
servidumbres se constituyen, previa indemnización del valor de las
piezas de terreno ocupadas y de los perjuicios consiguientes a la
ocupación.

Art. 153. – Cuando los
trabajos que han de emprenderse, sean urgentes; o cuando se trate de la continuación
de otros ya entablados, cuya paralización cause perjuicio; o cuando
hayan transcurrido QUINCE (15) días desde el siguiente al aviso del
concesionario o a la reclamación del propietario, o cuando los
perjuicios no se han producido, o no puede fijarse fácilmente el valor
de la indemnización, podrá aquél pedir la
constitución previa de la servidumbre, otorgando fianza suficiente.

Art. 154. – El
propietario puede avanzar sus labores debajo de las habitaciones y lugares
reservados, previo permiso de la autoridad, otorgado con citación del
propietario y mediante la correspondiente fianza.

La autoridad no acordará el permiso, cuando la
seguridad de las habitaciones y de sus moradores corra peligro; pero el
concesionario podrá pedir la adjudicación de las habitaciones y
construcciones con el terreno correspondiente, conforme a lo dispuesto en el
inciso tercero del Artículo 13.

Art. 155. – El
concesionario puede establecer en el ámbito de la pertenencia, los
trabajos que crea necesarios o convenientes a la explotación, sin previa
autorización.

El propietario podrá oponerse a la iniciación
o prosecución de esos trabajos, únicamente en los casos
siguientes:

1 Cuando con ellos se contravenga, en perjuicio suyo, a
alguna disposición de la ley.

2 Cuando se ocupe un terreno, cuya indemnización no
haya sido pagada o afianzada.

La oposición no excluye el derecho de ofrecer fianza
en los casos permitidos por la ley.

II De la
adquisición del suelo

Art. 156. – La
concesión de una mina comprende el derecho el derecho de exigir la venta
del terreno correspondiente.

Mientras tanto, se sujetará a lo dispuesto en el
parágrafo de las servidumbres.

Art. 157. – El derecho
acordado al concesionario en el precedente artículo, se limita a la
extensión de una pertenencia ordinaria, cuando el perímetro de la
concesión es mayor.

Pero tendrá derecho a una nueva adquisición
siempre que las necesidades o conveniencias de la mina lo requieran.

Con relación al resto del terreno que constituye la
pertenencia, regirá lo dispuesto en el inciso final del anterior
artículo.

Art. 158. – Si el
terreno correspondiente a una concesión, es del Estado o Municipio, la
cesión será gratuita.

La cesión comprende los derechos consignados en el
Artículo 156.

La cesión del terreno subsistirá mientras la
mina no se declare vacante, o sea abandonada.

Si los terrenos estuvieren cultivados, el concesionario
pagará la correspondiente indemnización.

Art. 159. – Cuando los
terrenos pertenecen a particulares, deberá pagarse previamente su valor
y los perjuicios; pero si el minero los tiene ocupados o quisiera ocuparlos,
otorgará fianza suficiente mientras se practican las diligencias
conducentes al pago.

En la valoración se considerará el espacio
comprendido dentro de las señales o linderos provisionales que se fijen
para determinar las pertenencias.

Practicada la mensura y demarcación legal, se
harán las restituciones correspondientes, según la mayor o menor
extensión que definitivamente se adjudique.

Art. 160. – Si antes
de solicitar y obtener el terreno, se hubiere pagado el valor de los
daños causados al propietario con los trabajos de explotación, la
valuación se sujetará al estado en que las cosas se encuentren al
tiempo de la compra.

Si hubiere pagado algunas piezas del terreno ocupado, su
valor se tendrá como parte del precio.

III
Responsabilidades

Art. 161. – El
propietario de una mina es responsable de los perjuicios causado a terceros,
tanto por los trabajos superficiales como por los subterráneos, aunque
estos perjuicios provengan de accidentes o casos fortuitos.

Los perjuicios serán previamente justificados, y no
podrán reclamarse después de transcurridos SEIS (6) meses desde
el día del suceso.

Art. 162. – La
responsabilidad del dueño de la mina, cesa:

1 Cuando los trabajos perjudicados han sido emprendidos
después de la concesión sobre lugares explotados, o en actual
explotación, o en dirección de los trabajos en actividad, o sobre
el criadero manifestado o reconocido.

2 Cuando, después de la concesión se emprenda
cualquier trabajo sin previo aviso a la autoridad ni citación del
dueño de la mina.

3 Cuando se continúen trabajos suspendidos UN (1)
año antes de la concesión.

4 Cuando el peligro para las obras o trabajos que se
emprendan, existía antes o era consiguiente a la nueva
explotación.

Dado el aviso, se procederá al reconocimiento de los
lugares, dejándose constancia de que el punto designado por el
propietario del suelo está comprendido o no en alguno de los casos
indicados en los incisos precedentes.

Art. 163. – Se debe
indemnización al propietario que deja de trabajar por alguna de las
causas indicadas en el artículo precedente.

Cuando las obras de cuya construcción se trata son
necesarias o verdaderamente útiles; el terreno adecuado para esas obras,
y no es posible establecerlas en otro punto.

En este caso, el propietario optará:

O por el pago de la diferencia de precio entre el terreno
tal cual se encuentra y el terreno considerado como inadecuado para las obras
que deben emprenderse, prescindiendo de los beneficios que esas obras pudieran
producir.

O por el pago del terreno designado según
tasación, el que en este caso pasará al dominio del
concesionario.

Art. 164. – UN (1)
año después de vencidos los plazos para la ejecución de la
labor legal, el propietario podrá exigir que el concesionario compre el
terreno ocupado, cuando por causa de la explotación hubiese quedado
inútil o muy poco a propósito para sus ordinarias aplicaciones.

DOS (2) años después de vencidos esos plazos,
el propietario podrá exigir la compra del terreno correspondiente a la
concesión, cualquiera que sea su estado.

Si la concesión excediere de una unidad de medida,
sólo podrá exigir la compra de las unidades que estuvieren
ocupadas con trabajos u obras que no sean de carácter transitorio.

Estos actos se sujetarán a las disposiciones del
Artículo 160.

Art. 165. – El
dueño del suelo debe indemnización al dueño de la mina por
los perjuicios causados a la explotación con trabajos en obras
posteriores a la concesión, en los mismos casos en que según el
Artículo 162, no tiene el propietario derecho a cobrarlos.

Las indemnizaciones en este caso se reducen al pago de los
objetos inutilizados y al de las reparaciones o fortificaciones que sean
necesarias para la completa habilitación de la mina.

Art. 166. – A
solicitud del concesionario y bajo su responsabilidad se suspenderán los
trabajos que amenazan la seguridad de la explotación o le ocasionen
perjuicios.

Si resultare que no hay riesgo para la explotación
continuarán los trabajos. En otro caso, será necesario que se
rinda fianza suficiente por todos los daños y perjuicios que puedan
sobrevenir.

Se pagarán estos daños y perjuicios si se
continúan los trabajos después de la orden de suspensión y
antes de prestarse esa fianza.

Art. 167. – El
concesionario de una mina no puede oponerse al establecimiento de caminos,
canales y otras vías públicas de circulación, cuando las
obras deban ejecutarse por el Estado, o por particulares que hayan obtenido el
derecho de expropiación por causa de utilidad pública, y cuando
la dirección de las vías o la ubicación de las obras no
pueda variarse ni modificarse en sentido favorable a la concesión.

Art. 168. – El
dueño de una concesión posterior a la autorización de un
camino público, se someterá sin derecho a indemnización, a
todas las restricciones y gravámenes conducentes a su ejecución.

Art. 169. – Cuando la
concesión de la mina es anterior a la autorización de las
vías públicas de circulación, el concesionario tiene
derecho a cobrar perjuicios del Estado, del municipio y de los empresarios particulares.

Art. 170. – Los
establecimientos públicos de fundición y beneficio de minerales
se sujetarán a las disposiciones que rigen las empresas industriales
comunes.

TITULO
IX

Disposiciones
especiales sobre las sustancias de la segunda categoría

SECCION PRIMERA

Sustancias
concesibles preferentemente al propietario del terreno

Art. 171. – Cuando las
sustancias enumeradas en los incisos c) y siguientes del Artículo 4
están en terreno de dominio particular, corresponden preferentemente al
propietario; pero la autoridad las concederá al primer solicitante,
siempre que el dueño requerido al efecto, no las explote dentro del
término de CIEN (100) días, o no declare en el de VEINTE (20), su
voluntad de explotarlas.

I De los
descubridores

Art. 172. – El propietario
que quiera explotar las sustancias sobre las que la ley le reconoce
preferencia, pedirá previamente la demarcación de pertenencias.

Art. 173. – El
descubridor de las sustancias de segunda clase en terrenos de dominio
particular, tendrá derecho a una indemnización por parte del
propietario, si éste prefiere explotar por su cuenta el descubrimiento.

El valor de la indemnización se determinará
por la importancia del descubrimiento y de los gastos de la exploración,
hecha dentro de los límites de la propiedad particular.

II De la
demarcación de las pertenencias

Art. 174. – Las
concesiones constarán de un sólo cuerpo de forma rectangular o
cuadrada en cuanto lo permitan los accidentes del terreno y yacimiento de las
sustancias.

Servirán de base a la demarcación los pozos o
zanjas ejecutadas por el concesionario; debiendo fijarse linderos firmes en los
puntos convenientes para dejar clara y precisamente determinada la forma y
ubicación de la pertenencia.

Art. 175. – El
dueño del terreno puede tomar cualquier número de pertenencias
continuas o discontinuas, previa la solicitud prescripta en el Artículo
172.

Art. 176. – Las
concesiones hechas a los descubridores constarán de DOS (2)
pertenencias; y de TRES (3), si la concesión es a favor de una compañía.

Art. 177. – Las
sustancias metalíferas a que se refiere el penúltimo inciso del
Artículo 4 se solicitarán en la misma forma que las sustancias de
la primera categoría.

Art. 178. – En el
mismo caso colocan las tierras piritosas y demás sustancias enumeradas
en el inciso final del indicado Artículo 4.

Art. 179. – Los
depósitos de salitre, las salinas y turberas, se solicitarán en
la misma forma que las sustancias de la primera categoría.

Art. 180. – Las
pertenencias correspondientes a las sustancias a que se refieren los
Artículos 178 y 179, tendrán la misma forma y dimensiones que se
establecen en el Título V, Acápite I, de este Código.

Art. 181. – Las
pertenencias de los depósitos de salitre y de las salinas de cosecha
constarán de CIEN (100) hectáreas.

Las de sal de roca y las de turba de VEINTE (20)
hectáreas.

SECCION SEGUNDA

Sustancias de
aprovechamiento común

Art. 182. – Son de
aprovechamiento común las sustancias comprendidas en los Incisos a) y b)
del Artículo 4.

Art. 183. – Para el aprovechamiento
de las sustancias comprendidas en el Artículo 182 no se requiere
concesión, permiso ni aviso previo.

Art. 184. – No son de
aprovechamiento común las sustancias comprendidas en el Inciso a) de
dicho Artículo 4, cuando se encuentran en terrenos cultivados.

Art. 185. – A
solicitud de cualquier persona, la autoridad declarará de
aprovechamiento común, cualquiera que sea el dueño de los
terrenos donde se encuentren; los terreros, relaves y escoriales, procedentes
de minas o establecimientos de beneficio abandonados, previas las
comprobaciones necesarias.

Con la publicación de esa declaración,
podrán aprovecharse los depósitos sin necesidad de licencia,
aviso ni otra formalidad.

Art. 186. – Cualquiera
puede solicitar una pertenencia para el uso exclusivo de las sustancias de
aprovechamiento común.

I De la
concesión de pertenencias

Art. 187. – Cuando se
quiera hacer una explotación exclusiva de los ríos y placeres en
establecimientos fijos, se solicitarán pertenencias mineras.

En la solicitud se expresará la situación
precisa del sitio que se pretende, determinándolo por medio de linderos
provisorios, si no hubiese objetos firmes a que referirse.

Art. 188. – Cuando la
explotación de las producciones de ríos y placeres haya de
hacerse en establecimientos fijos, las pertenencias constarán de CIEN
MIL (100.000) metros cuadrados.

Art. 189. – Las obras
y aparatos necesarios para el beneficio deberán estar en estado de
funcionar TRESCIENTOS (300) días después del proveído de
la autoridad.

Mientras tanto, no podrán aprovecharse ni por el
mismo solicitante, las sustancias comprendidas en el perímetro
denunciado.

La autoridad, previo informe del ingeniero oficial,
declarará las condiciones del establecimiento, necesarias para que pueda
otorgarse la concesión.

Art. 190. – Cuando se
soliciten pertenencias mineras para establecimientos fijos, se
notificarán las personas que ocupen el espacio denunciado.

Si se solicitan pertenencias de las sustancias comprendidas
en el Inciso c) y siguientes del Artículo 4, se expresarán los
nombres de las personas y demás indicaciones exigidas en las
manifestaciones o denuncios de minas.

Art. 191. – Las
pertenencias de los terreros y escoriales tendrán SESENTA MIL (60.000)
metros cuadrados.

Art. 192. – La
autoridad concederá a los concurrentes que lo soliciten , el sitio que
designen para su aprovechamiento exclusivo.

La autoridad puede de oficio hacer entre los concurrentes
distribuciones de sitios, cuando así lo exijan la conservación
del orden y la más arreglada y útil explotación.

En uno y otro caso es libre la elección de los
medios para el beneficio de las tierras.

Art. 193. – Las
asignaciones que se hicieren en los casos del Artículo 192
constarán de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados, que la autoridad
podrá reducir hasta la mitad o extender hasta el doble, según el
número de los solicitantes y extensión de los criaderos.

Acto continuo, se procederá a colocar linderos
provisorios con la intervención del juez quien decidirá toda duda
o reclamación.

Estos linderos podrán ratificarse o rectificarse por
el juez con intervención del ingeniero o perito oficial.

Art. 194. – Son
denunciables a los efectos del Artículo 186, y se concederán al
primer solicitante:

1 Los terreros, relaves y escoriales de las minas
abandonadas, si TRES (3) meses después de declarado el abandono no
hubiesen sido ocupadas o denunciadas.

2 Los escoriales de establecimientos de beneficio
abandonados por sus dueños y que no están resguardados por
paredes o tapias.

Art. 195. – Los
dueños de las minas o establecimientos cuyos terreros, relaves y
escoriales, se denunciaren, serán notificados para que en el
término de CIEN (100) días den principio a su explotación.

Si no fueren personas conocidas o estuviesen ausentes, se
fijará la solicitud y su proveído en las puertas del oficio del
escribano durante VEINTE (20) días, y se publicará CINCO (5)
veces dentro de ese término en el periódico del municipio que
designe la autoridad.

Si los dueños no dan principio a la
explotación dentro del plazo de CIEN (100) días señalado en
el párrafo primero, se hará lugar al denuncio.

Art. 196. – Cuando un
tercero denunciare la mina abandonada, el concesionario de los depósitos
tendrá derecho a continuar su explotación, mientras no sea
debidamente indemnizado.

II De las relaciones
entre los concesionarios y los dueños del suelo

Art. 197. – El
concesionario no tiene derecho a exigir la venta del terreno comprendido en el
perímetro de su pertenencia, cuando se trata de sustancias de
aprovechamiento común, o de cualesquiera otras que, por su yacimiento o
su naturaleza, no tengan el carácter de permanentes.

Art. 198. – No se debe
indemnización por el suelo que ocupan los depósitos, ya
estén entregados al aprovechamiento común, ya sean objeto de una
concesión.

Tampoco se debe indemnización por el valor de las
sustancias, aun en el caso de que se presenten en filones u otras formas
regulares.

Art. 199. – Si el
propietario necesita parte del terreno ocupado con los depósitos, para
hacer una construcción u otro trabajo conveniente, la autoridad
señalará al concesionario un plazo cómodo bajo la base de
un trabajo de amparo, para que lo desocupe.

Art. 200. – En todos
los casos no previstos en el presente Título y que no sean contrarios a
sus disposiciones, regirán las establecidas para las sustancias de la
primera categoría.

TITULO
X

Disposiciones
concernientes a las sustancias de la tercera categoría

Art. 201. – El Estado
y las municipalidades pueden ceder gratuita o condicionalmente y celebrar toda
clase de contratos con referencia a las canteras, cuando se encuentran en
terrenos de su dominio.

Mientras tanto, estas canteras serán de
aprovechamiento común.

Art. 202. – Cuando
haya de cederse a un tercero, por cualquier título, o causa, el sitio
que otro está explotando en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, el ocupante será preferido bajo las mismas condiciones.

Art. 203. – Si las
sustancias se encuentran en terrenos de dominio privado, un tercero
podrá explotarlas con tal que la empresa se declare de utilidad
pública.

En este caso, se dará al propietario la preferencia
para que las explote por su cuenta, bajo las mismas condiciones que proponga el
ocurrente.

Art. 204. – La
explotación de las canteras está sometida a las disposiciones de
este Código y de los reglamentos de minas en lo concerniente a la
policía y seguridad de las labores.

TITULO
XI

De los minerales
nucleares

Art. 205. – La
exploración y explotación de minerales nucleares y de los
desmontes, relaves y escoriales que los contengan, se regirán por las
disposiciones de este Código referentes a las minas de primera y segunda
categoría, en todo lo que no se encuentre modificado por el presente
Título.

El organismo que por ley se designe, prestará a los
estados provinciales asesoramiento técnico, minero y de prevención
de riesgos, con respecto a las actividades de exploración y
explotación nuclear que se desarrollen en cada provincia. A tales
efectos dicho organismo podrá celebrar convenios con las provincias
respecto a las actividades a desarrollar.

Art. 206. – Decláranse
minerales nucleares el uranio y el torio

Art. 207. – Quienes
exploten minas que contengan minerales nucleares quedan obligados a presentar
ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio natural
afectado por los residuos mineros y a neutralizar, conservar o preservar los
relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de
procesamiento que posean elementos radioactivos o ácidos, cumpliendo las
normas aplicables según la legislación vigente y en su defecto
las que convenga con la autoridad minera o el organismo que por ley se designe.
Los productos referidos anteriormente no podrán ser reutilizados ni
concedidos para otro fin sin la previa autorización del organismo
referido y de la autoridad minera.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
precedente será sancionado, según los casos, con la clausura
temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión
o autorización obtenida y/o la imposición de multas progresivas que
podrán alcanzar hasta un máximo de CINCO MIL (5.000) veces el
valor del canon anual correspondiente a una pertenencia ordinaria de sustancias
de la primera categoría, además de la responsabilidad integral
por los daños y perjuicios que por su incumplimiento se hubieren originado
y/o por los costos que fuera necesario afrontar para prevenir o reparar tales
daños, conforme a la reglamentación que dicte el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, sin perjuicio de las sanciones que pudieren establecer las normas de
protección del medio ambiente aplicables y las disposiciones penales.

Art. 208. – Los
titulares de minas que contengan minerales nucleares deberán suministrar
con carácter de declaración jurada, a requerimiento del organismo
a que se refiere el Artículo 205 y de la autoridad minera, la
información relativa a reservas y producción de tales minerales y
sus concentrados, bajo sanción de una multa de hasta QUINIENTAS (500)
veces el valor del canon que corresponda a la pertenencia indicada en el
artículo anterior.

Art. 209. – El Estado
Nacional a través del organismo a que se refiere el Artículo 205,
tendrá la primera opción para adquirir en las condiciones de
precio y modalidades habituales en el mercado, los minerales nucleares, los
concentrados y sus derivados, producidos en el país, conforme a la
reglamentación que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL Las infracciones a
sus disposiciones serán sancionadas con multas graduadas por la
autoridad de aplicación entre un mínimo del VEINTE POR CIENTO
(20%) y un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del material
comercializado en infracción, según corresponda al precio
convenido o al precio de venta del mercado nacional o internacional, el que
resulte mayor.

Art. 210. – La
exportación de minerales nucleares, concentrados sus derivados
requerirá la previa aprobación, respecto a cada contrato que se
celebre del organismo a que se refiere el Artículo 205, debiendo quedar
garantizado el abastecimiento interno y el control sobre el destino final del
mineral o material a exportar.

Art. 211. – La
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA podrá efectuar prospección,
exploración y explotación de minerales nucleares, con arreglo a
las normas generales del Código de Minería. De adoptarse un nuevo
estatuto para dicho organismo, tales actividades se sujetarán a las
disposiciones que, al respecto, contenga ese estatuto.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA queda facultada a
decidir la explotación o pase a reserva de los siguientes yacimientos
nucleares registrados a su nombre: .Doctor Baulies/, .Los Reyunos/ (Provincia
de Mendoza) y .Cerro Solo/ (Provincia del Chubut).

Art. 212. – Derógase
el Decreto Ley N° 22.477/56, ratificado por Ley N° 14.467y modificado
por el Decreto Ley N° 1.647/63 y por la Ley N° 22.246,así como
su Decreto Reglamentario N° 5.423 del 23 de mayo de 1957, modificado por el
Decreto N° 2.823 del 21 de abril de 1964, y el Decreto N° 2.765 del 31
de diciembre de 1980. Continuarán siendo de aplicación, en lo que
respecta a las previsiones del Artículo 209, las pertinentes
disposiciones del Decreto N° 1.097del 14 de junio de 1985, modificado por
el Decreto N° 2.697 del 20 de diciembre de 1991, del Decreto N° 603 del
9 de abril de 1992 y del Decreto N° 1.291 del 24 de junio de 1993.

TITULO
XII

De las
condiciones de la concesión

SECCION PRIMERA

Del amparo de las
minas

Art. 213. – Las minas
son concedidas a los particulares mediante un canon anual por pertenencia que
será fijado periódicamente por Ley Nacional y que el
concesionario abonará al Gobierno de la Nación o de las
Provincias, según la jurisdicción en que las minas se hallaren
situadas y según las medidas establecidas por este Código.

Art. 214. – Durante
los CINCO (5) primeros años de la concesión, contados a partir
del registro, no se impondrá sobre la propiedad de las minas otra
contribución que la establecida en el artículo precedente ni
sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y
vehículos destinados al laboreo o explotación.

La exención fiscal consagrada por este
artículo alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere su denominación
y ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la
explotación y a la comercialización de la producción
minera.

Quedan excluidos de esta exención las tasas por
retribución de servicios y el sellado de actuación, el cual, en
todo caso, será el común que rija en el orden administrativo o
judicial.

Art. 215. – El canon
queda fijado en la siguiente forma y escala:

1 Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el Artículo 3 y las producciones de ríos y placeres
del Artículo 4 Inciso a), siempre que se exploten en establecimientos
fijos conforme al Artículo 186 de este Código, OCHENTA (80) pesos
por pertenencia o unidad de medida, de cualquiera de las formas consignadas en
los Artículos 74 a 80.

2 Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el Artículo 4, con excepción de las del inciso b),
CUARENTA (40) pesos por pertenencia, de acuerdo con las medidas del
Título IX, Sección Primera, Acápite II. Exceptuanse
también de esta disposición las sustancias del Artículo 4
Inciso a), en cuanto estén incluidas en el número anterior y en
cuanto sean de aprovechamiento común.

3 Las concesiones provisorias para la exploración o
cateo de las sustancias de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las disposiciones de este
Código, pagarán CUATROCIENTOS (400) pesos por unidad de medida o
fracción, de acuerdo con las dimensiones fijadas en el Artículo
29.

4 Las minas cuyo dominio corresponda al dueño del
suelo, una vez transferidas a un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los artículos anteriores,
según su categoría.

Art. 216. – El canon
se pagará adelantado y por partes iguales en DOS (2) semestres, que
vencerán el TREINTA (30) de junio y el TREINTA Y UNO (31) de diciembre
de cada año, contándose toda fracción de semestre como
semestre completo.

El canon comenzará a devengarse desde el día
del registro salvo lo dispuesto en el Artículo 224, esté o no
mensurada la mina.

La concesión de la mina caduca ipso facto por la
falta de pago de una anualidad después de transcurridos DOS (2) meses
desde el vencimiento.

Art. 217. – Dentro del
plazo de UN (1) año contado a partir de la fecha de la petición
de mensura que prescribe el Artículo 81, y esté o no mensurada la
mina, el concesionario deberá presentar a la autoridad minera una
estimación del plan y monto de las inversiones de capital fijo que se
proponga efectuar en cada uno de los siguientes rubros:

a) Ejecución de obras de laboreo minero.

b) Construcción de campamentos, edificios, caminos y
obras auxiliares de la exploración.

c) Adquisición de maquinarias, usinas, elementos y
equipos de explotación y beneficio del mineral, con indicación de
su capacidad de producción o de tratamiento, que se incorporen al
servicio permanente de la mina.

Las inversiones estimadas deberán efectuarse
íntegramente en el plazo de CINCO (5) años contados a partir de
la presentación referida en el párrafo anterior, pudiendo el
concesionario, en cualquier momento, introducirles modificaciones que no
reduzcan la inversión global prevista, dando cuenta de ello previamente
a la autoridad minera. La inversión minera no podrá ser inferior
a TRESCIENTAS (300) veces el canon anual que le corresponda a la mina de
acuerdo a su categoría y con el número de pertenencias.

Sin perjuicio de ello, en cada uno de los DOS (2) primeros
años del plazo fijado, el monto de la inversión no podrá
ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del total estimado en la oportunidad indicada
al principio de este artículo.

El concesionario deberá presentar a la autoridad
minera, dentro del plazo de TRES (3) meses del vencimiento de cada uno de los
CINCO (5) períodos anuales resultantes del párrafo segundo de
este artículo, una declaración jurada sobre el estado de
cumplimiento de las inversiones estimadas.

La autoridad minera, antes de proceder a la
aprobación de las inversiones efectuadas, podrá disponer que se
practiquen las verificaciones técnicas y contables que estimare
necesarias.

El adquirente de minas abandonadas, vacantes o caducas,
tendrá el plazo de UN (1) año para cumplir o completar, en su
caso, las obligaciones impuestas por este artículo.

Art. 218. – La
concesión de la mina caducará:

a) Cuando las inversiones estimadas a que se refiere el
Artículo precedente, no tuvieren el destino previsto en dicha norma.

b) Cuando dichas inversiones fueren inferiores a una suma
igual a QUINIENTAS (500) veces el canon anual que le corresponda a la mina de
acuerdo con su categoría y con el número de pertenencias.

c) Por falta de presentación de la estimación
referida en el Artículo precedente.

d) Por falta de presentación de las declaraciones
juradas exigidas por el mismo artículo.

e) Por falsedad en tales declaraciones.

f) Cuando no se hubieren efectuado las inversiones
proyectadas.

g) Cuando el concesionario hubiere introducido
modificaciones a las inversiones estimadas sin aviso previo, reduciendo el
monto de las mismas.

h) Cuando hubiere desafectado bienes comprendidos en las
inversiones ya practicadas, reduciendo el monto de las estimadas.

En los casos de los incisos a), b), c) y d), la caducidad
se declarará si el concesionario no salva el error o la omisión
dentro de los TREINTA (30) días de la intimación previa que debe
practicarle la autoridad minera.

En los casos de los incisos e), f), g) y h), se dará
previa vista de lo actuado al concesionario por QUINCE (15) días para su
defensa.

Los recursos contra las declaraciones de caducidad se
concederán con efecto suspensivo.

En ningún caso de caducidad, el concesionario
podrá reclamar indemnización alguna por las obras que hubiere
ejecutado en la mina, pero tendrá derecho a retirar con
intervención de la autoridad minera, los equipos, máquinas,
herramientas y demás bienes destinados a la explotación y al
tratamiento y beneficio de los productos, que pudieren separarse sin perjudicar
a la mina, así como también el mineral ya extraído que se
encontrare en depósito. No podrá usarse de este derecho si existieren
acreedores hipotecarios o privilegiados.

Art. 219. – En
cualquier caso de caducidad la mina volverá al dominio originario del
Estado y será inscrita como vacante, en condiciones de ser adquirida
como tal de acuerdo con las prescripciones de este Código.

Cuando la caducidad fuera dispuesta por falta de pago del
canon minero, será notificada al concesionario en el último
domicilio constituido en el expediente de concesión. El concesionario
tendrá un plazo improrrogable de CUARENTA Y CINCO (45) días para
rescatar la mina, abonando el canon adeudado más un recargo del VEINTE
POR CIENTO (20%) operándose automáticamente la vacancia si la
deuda no fuera abonada en término.

Si existieran acreedores hipotecarios o privilegiados
registrados o titulares de derechos reales o personales relativos a la mina,
también registrados, éstos podrán solicitar la
concesión de la mina dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de
notificados en el respectivo domicilio constituido, de la declaración de
caducidad, abonando el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la
caducidad.

Los acreedores hipotecarios o privilegiados tendrán
prioridad para la concesión respecto a los demás titulares de
derechos registrados.

Cuando la caducidad fuera dispuesta por falta de pago del canon
la concesión quedará supeditada a que el concesionario no haya
ejercido en término el derecho de rescate.

Inscripta y publicada la mina como vacante, el solicitante
deberá abonar el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la
caducidad, ingresando con la solicitud el importe correspondiente.

Caso contrario la solicitud será rechazada y
archivada sin dar lugar a recurso alguno. No podrá solicitar la mina el
anterior concesionario, sino después de transcurrido UN (1) año
de inscripta la vacancia.

Art. 220. – La
autoridad minera considerará automáticamente anulados los
actuales registros de minas vacantes y los que disponga en el futuro,
cualquiera sea su causa y tengan o no mensura aprobada, cuando hayan
transcurrido TRES (3) años de su empadronamiento como tales. Los
terrenos en que se encuentran ubicadas estas minas quedarán francos e
incorporados de pleno derecho y sin cargo alguno a los permisos de
exploración y áreas de protección o sujetas a
contrataciones que eventualmente estuvieren vigentes. El mismo procedimiento se
aplicará a las minas empadronadas como caducas, en el caso en que no
hayan regularizado su situación legal dentro de los NOVENTA (90)
días de publicada la presente ley, salvo el caso de caducidad contemplado
en el segundo párrafo del Artículo 219.

Art. 221. – Los
concesionario de socavones generales, en el caso del Artículo 128 y los
de los Artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual de
CUARENTA (40) pesos, además del que le corresponda por cada pertenencia
de mina nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad con las disposiciones
de los Artículos 133 y 134; y en el caso del Artículo 135,
abonarán también un canon a razón de DOSCIENTOS (200)
pesos por cada CIEN (100) metros de la superficie que declarasen como zona de
exploración a cada lado de la obra.

En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el presente Código para
las pertenencias comunes.

Art. 222. – Todo
concesionario o minero puede hacer abandono de su concesión o su mina,
de acuerdo con el Artículo 226 del Código y sólo desde la
fecha de su manifestación a la autoridad competente queda libre del pago
del impuesto. La autoridad minera de la respectiva jurisdicción deberá
publicar cada semestre o a más tardar cada año, un padrón
en el que se anotarán todas las minas por distritos, secciones o
departamentos, y el estado en que se hallasen las concesiones.

Dentro del término de las publicaciones en caso de
abandono o hasta TREINTA (30) días después, podrán pedir los
acreedores hipotecarios o privilegiados que se ponga en venta pública la
mina para pagarse con su producido, después de abonado el canon y los
gastos; no haciéndose uso de este derecho, quedan extinguidos los
gravámenes.

Art. 223. – Las
disposiciones de los artículos anteriores relativas al pago de la
patente o al canon minero, se aplicarán en la misma forma, aun en los
casos que por ampliación o acrecentamiento, o formación de grupos
mineros, o compañías de minas, conforme a los Artículos
87, 109, 113, 116, y 140 aumentase el número de unidades de medidas de
cada concesión.

Las demasías, sea cualquiera su extensión,
serán consideradas a los efectos del pago de la patente como una
pertenencia completa en todos los casos y variantes establecidos en el
Acápite III, del Título VII.

Cuando el concesionario o dueño de la demasía
no fuera un colindante, además del pago del canon tendrá la
obligación de invertir capital como lo dispone la presente ley.

Art. 224. – Todo
descubridor de mineral será eximido por TRES (3) años del pago de
canon que corresponda a las pertenencias que se le adjudicaren.

Art. 225. – Cuando la
mina hubiera estado inactiva por más de CUATRO (4) años, la
autoridad minera podrá exigir la presentación de un proyecto de
activación o reactivación, con ajuste a la capacidad productiva
de la concesión, a las características de la zona, medios de
transporte disponibles, demanda de los productos y existencia de equipos de
laboreo.

Se considera que la mina ha estado inactiva cuando no se
han efectuado en ella trabajos regulares de exploración,
preparación o producción, durante el plazo señalado en el
párrafo precedente.

La intimación deberá ser cumplida en el plazo
de SEIS (6) meses, bajo pena de caducidad de la concesión.

Presentado el proyecto, el concesionario deberá
cumplimentar cada una de sus etapas dentro de los plazos para ellas previstos,
que no podrán exceder en su conjunto, de CINCO (5) años, bajo
pena de caducidad de la concesión, a aplicarse en el primer incumplimiento.

SECCION SEGUNDA

Del abandono

Art. 226. – Es
denunciable una concesión aunque haya pasado a terceros, por abandono,
cuando los dueños por un acto directo y espontáneo, manifiestan a
la autoridad la resolución de no continuar los trabajos.

El dueño de una mina que quiera abandonarla, lo
declarará por escrito ante la autoridad minera con VEINTE (20)
días de anticipación.

Este escrito comprenderá el nombre de la mina, el
del mineral en que se encuentra, la clase de sustancia que se explota y el
estado de sus labores.

El escrito con su proveído se asentará en el
libro correspondiente a los registros, y se publicará.

Subsisten los derechos y obligaciones del dueño de
una mina, mientras la autoridad competente no admita el abandono.

Art. 227. – Si la mina
estuviese hipotecada se notificarán previamente los acreedores, a
quienes se adjudicará si así lo solicitaren dentro de los TREINTA
(30) días siguientes al de la notificación.

Si por cualquier motivo la notificación no se
pudiere verificar en los QUINCE (15) días siguientes al proveído
de la autoridad, servirá de citación la publicación.

Concurriendo más de un acreedor hipotecario,
será preferido el más antiguo.

Art. 228. – La
publicación se hará fijando en las puertas de la oficina del
escribano, durante QUINCE (15) días, un cartel que contenga el escrito
presentado y su proveído.

El cartel se insertará TRES (3) veces dentro del
mismo plazo en el periódico oficial, y en su defecto en el que determine
la autoridad.

Art. 229. – Presentado
el escrito, se tendrá por admitido el abandono, y se ordenará al
mismo tiempo que el ingeniero oficial practique el reconocimiento de la mina e
informe sobre su estado y sobre los trabajos que hubiere necesidad o
conveniencia de ejecutar.

El informe, que se evacuará en el más corto
tiempo posible, se depositará en la oficina para conocimiento de los
interesados.

El dueño de la mina no es responsable por los gastos
de esta diligencia ni de ninguna de las demás concernientes al abandono.

Art. 230. – No
dándose el aviso de abandono, se perderá el derecho de retirar
las máquinas, útiles, y demás objetos destinados a la
explotación que puedan separarse sin perjuicio para la mina.

Art. 231. – Admitido
el abandono, cualquier persona podrá solicitar y registrar la mina sin
otro requisito que la constancia del hecho.

En la solicitud se expresará el nombre del
dueño, el de la mina, el del mineral en que se encuentra y la clase de
sustancia que se ha explotado.

Art. 232. – El
dueño de la mina puede conservar sus derechos, retirando la
declaración de abandono por medio de un escrito presentado dentro del
término de las publicaciones.

Puede registrar nuevamente la mina SESENTA (60) días
después de vencido el término de las publicaciones.

En uno y otro caso se supone que la mina no ha sido antes
concedida, o solicitada.

TITULO
XIII

Condiciones de la
explotación

SECCION I

Condiciones
técnicas de la explotación

Art. 233. – Los
mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a
otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del
ambiente.

La protección del ambiente y la conservación
del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera
quedarán sujetas a las disposiciones de la Sección Segunda de
este Título y a las que oportunamente se establezcan en virtud del
Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Art. 234. – Las
labores de las minas se mantendrán en completo estado de seguridad;
cuando por la poca consistencia del terreno o por cualquier otra causa, haya
riesgo de un desplome o de un derrumbamiento, los dueños deben
fortificarlas convenientemente dando oportuno aviso a la autoridad.

Art. 235. – No
podrán quitarse ni rebajarse los pilares, puentes o macizos, sin el
permiso de la autoridad, que lo otorgará previo el reconocimiento e informe
del ingeniero de minas.

Si el informe fuere contrario o los medios propuestos no
convinieren al propietario, la autoridad resolverá admitiendo las
pruebas legales que se presentaren y nombrando nuevo perito, si fuese
necesario.

Art. 236. – En las minas
deben conservarse limpias, ventiladas y desaterradas todas las labores
necesarias o útiles para la explotación.

Art. 237. – Las
escaleras, aparatos y labores destinadas al tránsito o descenso de los
operarios y demás personas empleadas en la mina, deben ser
cómodas y seguras.

Se suspenderán los trabajos cuando los medios de
comunicación y tránsito no ofrezcan la seguridad suficiente, y
mientras se reparan o construyen.

Pero los trabajos continuarán en las labores
expeditas.

Art. 238. – Para la
comunicación o desagüe de las labores superiores por medio de
trabajos de nivel inferior, es necesario el permiso de la autoridad, que lo
otorgará previo informe de un ingeniero.

Los interesados podrán reclamar ante la misma
autoridad si encuentran inconvenientes las medidas de precaución que se
les impongan.

Art. 239. – No debe
emplearse en las minas niños menores de 10 años, ni ocuparse en
los trabajos internos niños impúberes ni mujeres.

Art. 240. – En caso de
sobrevenir algún accidente que ocasione muertes, heridas o lesiones u
otros daños, los dueños, directores o encargados de las minas
darán aviso al juez del mineral o al más inmediato, quien lo
transmitirá sin dilación a la autoridad minera.

Desde el momento en que el juez adquiera conocimiento del
suceso, adoptará las medidas necesarias para hacer desaparecer todo
peligro; valiéndose al efecto del ingeniero o perito que exista en el
asiento minero.

Sin perjuicio de esas medidas, procederá a levantar
información sumaria de los hechos y de sus causas.

Art. 241. – El mismo
aviso debe darse siempre que haya motivo para temer cualquier accidente grave.

El aviso se dirigirá a la autoridad minera sin
perjuicio de comunicarlo oportunamente al juez del mineral.

Art. 242. – La
autoridad, acompañada del ingeniero o perito oficial y del escribano, y
a falta de éste de DOS (2) testigos, visitará una vez cada
año por lo menos los minerales sujetos a su jurisdicción.

Si en las visitas encontrase que se ha faltado a alguna de
las disposiciones de esta Sección o de las demás referentes a la
seguridad, orden y policía, dictará y mandará ejecutar las
medidas convenientes.

Si de la inspección resultare que la vida de las
personas o la conservación de las minas corren peligro, mandará
suspender los trabajos.

Art. 243. – Las
infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores serán
penadas:

a) Las de los Artículos 234 y 240, con una multa
cuyo monto será QUINCE (15) a OCHENTA (80) veces el canon anual que
devengare la mina.

b) Las del Artículo 235, con una multa cuyo monto
será TREINTA (30) veces el canon anual que devengare la mina, que
podrá extenderse hasta TRESCIENTAS (300) veces según el valor de
los minerales extraídos y sin perjuicio de la responsabilidad personal
del infractor.

c) Las de los Artículos 236, 237 y 238, con una
multa cuyo monto será OCHO (8) a CINCUENTA (50) veces el canon que
devengare la mina.

d) Las del Artículo 239 con una multa cuyo monto
será de TRES (3) a QUINCE (15) veces el canon que devengare la mina.

e) Las infracciones a los reglamentos de policía
minera y de preservación del ambiente, serán penadas con una
multa cuyo monto será TRES (3) a QUINCE (15) veces el canon que
devengare la mina, si no tuvieren otras sanciones previstas en tales
reglamentos.

Art. 244. – Siempre
que el juez del mineral o el Ingeniero oficial tengan de cualquier manera
conocimiento de algún accidente o de alguna contravención a las
precedentes disposiciones, concurrirán a la mina, verificarán los
hechos, extenderán la correspondiente constancia con asistencia de
escribano y a falta de éste, de DOS (2) testigos.

Si se tratase de un siniestro, se adoptarán las
medidas que la gravedad y urgencia del caso requieran.

Procederá cualquiera de ellos, Juez o Ingeniero, si
ambos no hubieren concurrido.

Art. 245. – La
autoridad, con el informe del Ingeniero, mandará que se hagan efectivas
las multas correspondientes, notificando al minero para que dentro de un
término prudencial, haga las reparaciones convenientes, bajo
apercibimiento de pagar una nueva multa.

En el caso de oposición, la autoridad
nombrará un nuevo perito si fuese necesario, pudiendo el interesado
nombrar otro por su parte.

Con el informe de estos peritos y teniendo presente el del
perito oficial, se resolverá definitivamente.

SECCION SEGUNDA

De la
protección ambiental para la actividad

I Ambito de
aplicación. Alcances

Art. 246. – La
protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural
y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán
por las disposiciones de esta Sección.

Art. 247. – Están
comprendidas dentro del régimen de esta Sección, todas las
personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los
entes centralizados o descentralizados y las Empresas del Estado Nacional,
Provincial y Municipal que desarrollen actividades comprendidas en el
Artículo 249.

Art. 248. – Las
personas comprendidas en las actividades indicadas en el Artículo 249
serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el
incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo
ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su
dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el
riesgo o vicio de la cosa.

El titular del derecho minero será solidariamente
responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas
por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.

Art. 249. – Las
actividades comprendidas en la presente Sección son:

a) Prospección, exploración,
explotación, desarrollo, preparación, extracción y
almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en este Código de
Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la
mina.

b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio,
pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración
primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado,
tallado, pulido lustrado, otros que puedan surgir de nuevas tecnologías
y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza.

Art. 250. – Serán
autoridad de aplicación para lo dispuesto por la presente Sección
las autoridades que las provincias determinen en el ámbito de su
jurisdicción.

II De los
instrumentos de gestión ambiental

Art. 251. – Los
responsables comprendidos en el articulo 248 deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad
especificada en el Artículo 249, un Informe de Impacto Ambiental.

La autoridad de aplicación podrá prestar
asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del
mismo.

Art. 252. – La
autoridad de aplicación evaluará el informe de impacto Ambiental,
y se pronunciará por la aprobación mediante una
Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas del
proyecto o de implementación efectiva.

Art. 253. – El Informe
de Impacto Ambiental para la etapa de prospección deberá contener
el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que
las mismas pudieran acarrear.

Para la etapa de exploración el citado Informe
deberá contener una descripción de los métodos a emplear y
las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias.

En las etapas mencionadas precedentemente será
necesaria la previa aprobación del Informe por parte de la autoridad de
aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades
previstas en el Artículo 248 por los daños que se pudieran
ocasionar.

Art. 254. – La
autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando en
forma expresa el Informe de Impacto Ambiental en un plazo no mayor de SESENTA
(60) días hábiles desde que el interesado lo presente.

Art. 255. – Si
mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del
Informe de Impacto Ambiental, el responsable podrá efectuar una nueva
presentación dentro de un plazo de TREINTA (30) días
hábiles de notificado.

La autoridad de aplicación en el término de
TREINTA (30) días hábiles se expedirá aprobando o
rechazando el informe en forma expresa.

Art. 256. – La
declaración de Impacto Ambiental será actualizada máximo
en forma bianual, debiéndose presentar un informe conteniendo los
resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas,
así como de los hechos nuevos que se hubieren producido.

Art. 257. – La
autoridad de aplicación, en el caso de producirse desajustes entre los
resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la
Declaración de Impacto Ambiental, dispondrá la
introducción de modificaciones, atendiendo la existencia de nuevos
conocimientos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y las
acciones tendientes a una mayor eficiencia para la protección del
área de influencia de la actividad. Estas medidas podrán ser
consideradas también a solicitud del operador minero.

Art. 258. – Los
equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención,
mitigación, rehabilitación, restauración o
recomposición ambiental, consignadas por el responsable e incluidas en
la Declaración de Impacto Ambiental constituirán
obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización
de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.

Art. 259. – No
será aceptada la presentación cuando el titular o cualquier tipo
de mandatario o profesional de empresa, estuviera inhabilitado o cumpliendo
sanciones por violación a la presente Sección.

Art. 260. – Toda
persona física o jurídica que realice las actividades
comprendidas en esta Sección y cumpla con los requisitos exigidos por la
misma, podrá solicitar ante la autoridad de aplicación un
Certificado de Calidad Ambiental.

III De las normas de
protección y conservación ambiental

Art. 261. – Las normas
que reglamenten esta Sección establecerán:

a) Los procedimientos, métodos y estándares
requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las
etapas de actividad comprendidas en el Artículo 249,
categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y
caracterización ecosistemática del área de influencia.

b) La creación de un Registro de consultores y
laboratorios a los que los interesados y la Autoridad de Aplicación
podrán solicitar asistencia para la realización de trabajos de
monitoreo y auditoría externa.

c) La creación de un Registro de Infractores.

Art. 262. – El informe
de Impacto Ambiental debe incluir:

a) La ubicación y descripción ambiental del
área de influencia.

b) La descripción del proyecto minero.

c) Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua,
atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural.

d) Las medidas de prevención, mitigación,
rehabilitación, restauración o recomposición del medio
alterado, según correspondiere.

e) Métodos utilizados.

IV.- De las responsabilidades ante el daño ambiental

Art. 263. – Sin
perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas
vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio
ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o
recomponerlo, según correspondiere.

V De las infracciones y sanciones

Art. 264. – El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Sección, cuando
no estén comprendidas dentro del ámbito de las responsabilidades
penales, será sancionado con:

a) Apercibimiento.

b) Multas, las que serán establecidas por la
Autoridad de Aplicación conforme las pautas dispuestas en el
Artículo 243 del Código de Minería.

c) Suspensión del goce del Certificado de Calidad
Ambiental de los productos.

d) Reparación de los daños ambientales.

e) Clausura temporal, la que será progresiva en los
casos de reincidencia. En caso de TRES (3) infracciones graves se
procederá al cierre definitivo del establecimiento.

f) Inhabilitación.

Art. 265. – Las
sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán
previo sumario por las normas del proceso administrativo, que asegure el debido
proceso legal y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la
infracción y el daño producido.

Art. 266. – El que
cometiere una infracción habiendo sido sancionado anteriormente por otra
infracción a esta Sección, será tenido por reincidente a
los efectos de la graduación de la pena.

VI De la
educación y defensa ambiental

Art. 267. – La
autoridad de aplicación implementará un programa de
formación e ilustración con la finalidad de orientar a la
población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera,
sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y
prevención con arreglo a las particularidades regionales,
étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en
que se desarrollen las tareas.

Art. 268. – La
autoridad de aplicación estará obligada a proporcionar
información a quien lo solicitare respecto de la aplicación de
las disposiciones de la presente Sección.

TITULO
XIV

De los
avíos de minas

I De la
constitución y condiciones del contrato

Art. 269. – El
avío es un contrato por el cual una persona se obliga a suministrar lo
necesario para la explotación de una mina.

Los aviadores tienen preferencia sobre todo otro acreedor.

Art. 270. – El
avío puede ser por tiempo, por cantidad o por obras que se
determinarán en el contrato.

Art. 271. – Puede
convenirse que el aviador tome una parte de la mina en pago de los avíos
que debe suministrar.

O puede dársele participación en los
productos por un tiempo determinado, o hasta cubrir el valor de los
avíos.

En el primer caso, queda el aviador sujeto a las
disposiciones que reglan las compañías de minas.

Art. 272. – En los
demás casos, con los productos de la parte de mina asignada al aviador,
se pagará ante todo el valor de los avíos.

No puede pretenderse derecho alguno a los productos de la
mina, antes de que se haya cubierto la cantidad convenida o se haya vencido el
tiempo señalado.

Art. 273. – El precio
de los minerales o pastas que se entreguen en pago del avío, será
el que se haya convenido en el contrato.

Puede estipularse que el pago se haga en dinero con el valor
de los productos vendidos al precio corriente.

En este caso se pagará el interés que
libremente hubiesen estipulado los contratantes.

Art. 274. – Si para la
seguridad del pago de los avíos se prestan hipotecas, fianzas u otras
garantías, si no se hubiese estipulado interés, se pagará
el corriente en plaza.

Art. 275. – El
contrato de avíos debe celebrarse por escrito en instrumento
público o privado.

Para que el contrato por instrumento privado produzca efecto
respecto de terceros, es necesario que se inscriba en el registro destinado a
los contratos de minas.

En todo caso, se publicará por TRES (3) veces
diferentes en el espacio de QUINCE (15) días, en el periódico que
la autoridad designe, y se fijará en las puertas del oficio del
escribano durante el mismo plazo.

Art. 276. – Terminado
el contrato y resultando que no ha sido pagado el valor de los avíos,
cuando el aviador no tiene parte en la mina o en sus productos, puede
éste ejercitar los derechos del acreedor no pagado, si no se renueva el
contrato.

Art. 277. – El aviador
suministrará los avíos, en la forma estipulada; y a falta de
estipulación cuando el dueño de la mina lo solicitare para acudir
a las necesidades de la explotación.

El aviador será notificado con QUINCE (15)
días de anticipación para que, dentro de este término,
pueda suministrar los avíos correspondientes.

Si el aviador requerido al efecto, no los suministra
oportunamente, podrá el dueño de la mina demandar judicialmente
su pago, o tomar dinero de otras personas por cuenta del aviador, o celebrar
con otro un nuevo contrato de avíos.

Art. 278. – Rescindido
el contrato por culpa del aviador, éste no tiene privilegio alguno por
los avíos suministrados, ni derecho a ejecutar la mina.

II De la
administración de la mina aviada

Art. 279. – La
administración de la mina corresponde a sus dueños exceptuando
los casos en que la ley la concede a los aviadores.

Art. 280. – Cuando los
dueños de las minas hicieren gastos exorbitantes; cuando dieren una mala
dirección a los trabajos, o cuando estuvieren mal servidos o
desatendidos el gobierno y la economía de la mina, el aviador
podrá tomar a su cargo la administración.

Al efecto, se requerirá a los dueños para que
hagan las reparaciones y reformas reclamadas; y no verificándolas en el
término de VEINTE (20) días, o en el que la autoridad creyere
conveniente, se entregará la administración al aviador.

No tendrá lugar lo dispuesto en los DOS (2) incisos
anteriores, cuando los avíos suministrados estén cubiertos en el
todo o en las tres cuartas partes de su valor.

Tampoco tendrá lugar, cuando se hubieren prestado
garantías.

Art. 281. – Si el
dueño de la mina no emplea en su explotación los dineros o
efectos suministrados para el avío, dándoles una inversión
diferente, el aviador puede optar entre desistir del contrato, cobrando los
valores distraídos con sus intereses y tomar la administración de
la mina hasta ser enteramente cubierto.

En este caso se considerarán esos valores como
capital invertido en el avío.

Art. 282. – Los
aviadores pueden poner interventor en cualquier tiempo, aunque no se haya
convenido.

Son atribuciones del interventor: inspeccionar la mina;
cuidar de la buena cuenta y razón; tener en su poder los dineros y
efectos destinados al avío para entregarlos oportunamente. Pero en
ningún caso podrá mezclarse en la dirección de los
trabajos, ni oponerse a los que se ejecutaren, ni contrariar acto alguno de la
administración.

Art. 283. – El
dueño de la mina podrá también nombrar interventores cuando
la administración haya sido entregada al aviador.

El interventor en este caso, tiene facultad para oponerse a
toda operación y a todo trabajo que pueda causar perjuicio al
propietario, o comprometer el porvenir de la mina, o que importe la
infracción de cualquiera de las disposiciones del presente
Título.

En estos casos, el juez del mineral, a solicitud del
interesado, mandará suspender los trabajos.

III
Disolución de los contratos de avíos

Art. 284. – Termina el
contrato de avíos por el vencimiento del tiempo, por la inversión
del capital, o por la ejecución de las obras, según lo pactado en
el contrato.

Pero, cuando no se hubiese estipulado el tiempo de la
duración de los avíos, ni la cantidad que debía
suministrarse, ni las obras que había obligación de ejecutar,
cualquiera de los interesados puede, dando aviso con SESENTA (60) días
de anticipación, poner término al contrato.

En este caso, el aviador desahuciado tiene derecho a cobrar
el valor de los efectos entregados y el valor de su crédito con los
premios estipulados.

Tiene derecho a que se reciban los efectos que se le
hubieren pedido.

Cuando el minero sea el desaviado, el pago se hará
con los productos libres de la mina, después de los hipotecarios y de
los aviadores posteriores.

Si la obligación es de pagar en dinero,
tendrá el propietario desahuciado el plazo de CUATRO (4) meses sin
interés.

Art. 285. – Podrán
desistir del contrato sin necesidad de acuerdo, el aviador renunciando todos
sus derechos, y el propietario cediendo la mina al aviador.

TITULO
XV

De las minas en
compañía

I.-
Constitución de las compañías

Art. 286. – Hay
compañía cuando DOS (2) o más personas trabajan en
común una o más minas, con arreglo a las prescripciones de este
Código.

Las compañías se constituyen:

1 Por el hecho de registrarse una mina.

2 Por el hecho de adquirirse parte en minas registradas.

3 Por un contrato especial de compañía.

Este contrato deberá hacerse constar por escritura
pública.

Art. 287. – Todo
negocio concerniente a una compañía se tratará y
resolverá en juntas, por mayoría de votos.

Para formar junta, bastará la asistencia de la mitad
de los socios presentes con derecho a votar; previa la citación de
todos, aun de los que no tengan voto.

En la citación se expresará el objeto de la
reunión y el día y hora en que debe celebrarse.

Art. 288. – Los socios
con derecho a votar o sus representantes si fueren conocidos, serán
personalmente citados, si residieren en la provincia o territorio federal donde
tenga su domicilio la sociedad.

De otro modo la citación se hará por medio de
avisos publicados por la prensa con DIEZ (10) días de
anticipación cuando menos.

Art. 289. – La
citación podrá hacerse a domicilio por medio de una convocatoria,
o por órdenes nominales.

Al serles presentadas, firmarán los socios para constancia
del hecho.

Art. 290. – Cuando en
las actas de las sesiones celebradas se haya hecho constar el objeto y se haya
fijado día y hora para una nueva o sucesivas reuniones, los socios
presentes se suponen personalmente citados.

Art. 291. – Las
convocatorias u órdenes nominales de citación se expedirán
por el presidente de la sociedad, cuando lo juzgue conveniente, o cuando
cualquiera de los socios lo solicite.

A falta del presidente, por DOS (2) o más socios, o
por el administrador si se le hubiere conferido esa facultad.

Sólo en el caso de negativa del presidente, los
socios podrán verificar la citación.

Art. 292. – La
sociedad o su directorio deben constituir un representante, suficientemente
autorizado para todo cuanto de cualquier manera se relacione con la autoridad y
con terceros.

Art. 293. – Los socios
sin excepción tienen derecho a concurrir a las sesiones y tomar parte en
las deliberaciones.

Pero sólo podrán votar aquellos que tengan
UNA (1) o más acciones.

Cada acción representa UN (1) voto, ya pertenezca a
una sola persona, ya a varias.

Art. 294. – Para
constituir mayoría no se necesita atender al número de votantes,
sino al número de votos.

Los correspondientes a un solo dueño no
podrán formar por sí solos mayoría.

Cuando alcancen o pasen de la mitad de las acciones se
considera empatada la votación.

Art. 295. – La
autoridad decidirá los empates cualquiera que sea su causa, teniendo en
consideración lo más conforme a la ley y al interés de la
comunidad.

Art. 296. – Ningún
socio puede trasmitir a otra persona que no sea socio, el interés que
tenga en la sociedad, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe las
funciones que le tocaren en la administración social, sin expreso
consentimiento de todos los socios, so pena de nulidad del contrato.

Sin embargo, podrá asociarlo a su parte y aun
cedérsela íntegra, sin que por tal hecho el asociado se haga
miembro de la sociedad.

II De la
administración

Art. 297. – La
administración de la compañía corresponde a todos los
socios; pero pueden nombrarse una o más personas elegidas entre los
mismos.

El nombramiento podrá recaer en personas
extrañas; pero se necesitará el concurso de DOS (2) tercios de
votos, si dos o más socios se opusieren.

La duración, atribuciones, deberes, recompensas y duración
de los administradores, se determinarán en junta, si no se hubiesen
estipulado en el contrato de compañía.

Los administradores no pueden contraer créditos,
gravar las minas en todo ni en parte, vender los minerales o pastas, nombrar ni
destituir los administradores de la faena, sin especial autorización.

En todo caso, los socios pueden impedir la venta de los
minerales y pastas, pagando los gastos y cuotas correspondientes.

Art. 298. – Los gastos
y productos se distribuirán en proporción a las partes o acciones
que cada socio tenga en la mina, si otra cosa no se hubiese estipulado.

Es nula la estipulación que prive a algún
socio de toda participación en los beneficios o productos.

Art. 299. – La
distribución de los beneficios o productos se hará cuando la
mayoría de los socios lo determine.

O cuando el administrador de la compañía y el
de la mina lo crean conveniente.

O cuando cualquiera de los socios lo pretenda, siempre que
los mismos administradores lo creyeren oportuno.

Art. 300. – La
distribución se hará en minerales, pastas o en dinero,
según el acuerdo de los socios.

Cuando no hubiere acuerdo, la distribución se
hará en dinero.

III De la
concurrencia a gastos extraordinarios

Art. 301. – Para la
ejecución de los trabajos que exijan mayores gastos que los necesarios
para el amparo, o que excedan de las cuotas estipuladas, debe haber unanimidad
de votos.

Igual unanimidad se requiere cuando se trate de reducir las
cuotas designadas para la explotación ordinaria de la mina.

Bastará la mayoría para emplear los productos
de la mina en las obras que juzgare convenientes.

Art. 302. – La
minoría podrá impedir, previa resolución de la autoridad ,
que se ocupen más de DIEZ (10) operarios cuando no sean necesarios, o
cuando sin aumentar su número, las obras puedan oportuna y
satisfactoriamente realizarse.

La autoridad resolverá con el informe del director
de los trabajos de la mina y con el del ingeniero oficial, o con el de los
peritos que las partes puedan nombrar.

Art. 303. – Pueden ser
obligados los socios a contribuir con los fondos necesarios, aunque excedan de
las cuotas ordinarias, para las obras de seguridad y conservación de la
mina.

IV.- De la
inconcurrencia a los gastos y sus efectos

Art. 304. – Hay
inconcurrencia:

1 No pagándose en el plazo prefijado las cuotas
correspondientes.

2 Cuando, a falta de estipulación o acuerdo, no se
han entregado estas cuotas TREINTA (30) días después de haberse
pedido.

3 Si habiéndose hecho los gastos sin pedir cuotas, o
habiendo éstos excedido del valor de las entregas, no se paga la parte
correspondiente en el término de QUINCE (15) días.

4 Cuando no se contribuye a los gastos necesarios para la
seguridad y conservación de la mina.

Art. 305. – En
cualquiera de los casos expresados en el artículo precedente, el
administrador de la sociedad podrá disponer de la parte de minerales,
pastas o dinero correspondientes al inconcurrente, que baste para cubrir los
gastos y las cuotas que han debido anticiparse.

Art. 306. – No
rindiendo productos la mina, o no siendo éstos suficientes para cubrir
los gastos y las anticipaciones en todo o en parte, cualquiera de los socios
contribuyentes puede pedir a la autoridad que el socio inconcurrente sea
requerido de pago, con apercibimiento de tenérsele por desistido de sus
derechos.

No verificándose el pago dentro de los TREINTA (30)
días siguientes al requerimiento, la parte de mina queda acrecida
proporcionadamente a la de los socios contribuyentes.

La parte que a cada uno corresponda, se inscribirá
en el registro de minas.

Art. 307. – Si el
socio inconcurrente no se encuentra en el distrito a que la mina corresponde,
ni en el lugar de su residencia, el requerimiento se hará por avisos y
edictos, según lo establecido en el Artículo 288.

Pero en el caso presente, las publicaciones se harán
CINCO (5) veces en el espacio de TREINTA (30) días, y durante igual
término se fijarán los carteles.

V De la
oposición al requerimiento

Art. 308. – El socio
requerido puede oponerse dentro del plazo de los TREINTA (30) días, a la
pretensión de los socios concurrentes.

El escrito de oposición contendrá la
exposición clara y precisa de los hechos que la justifiquen, y se
agregarán los documentos en que se funde.

No presentándose la oposición en el
término fijado, queda irrevocablemente verificada la acrecencia.

Art. 309. – Son
causales de oposición:

1 El pago de las cantidades, por las que se ha hecho el
requerimiento.

2 Que esas cantidades procedan de trabajos ejecutados sin
el consentimiento del oponente en los casos que este consentimiento es
necesario.

3 Que la cuota o cantidad que se solicita esté
destinada a esa misma clase de trabajos.

4 La existencia de minerales suficientes para cubrir la
deuda.

Art. 310. – El socio
reclamante presentará, junto con el escrito de oposición, fianza
por los gastos que se causen o por las cuotas que deban entregarse
después del requerimiento hasta la resolución definitiva.

El pago se hará efectivo si no se hiciere lugar a la
acrecencia por resolución de la autoridad, o por desistimiento de los
denunciantes.

VI.- De la
disolución de la compañía

Art. 311. – Las
compañías de minas se disuelven:

1 Por el hecho de haberse reunido en una sola persona todas
las partes de la mina.

2 Por el abandono y desamparo.

3 Cuando, habiéndose formado la
compañía bajo estipulaciones especiales, se verifica alguno de
los hechos que, con arreglo a esas estipulaciones, produzca la
disolución.

VII Prerrogativas de las compañías

Art. 312. – Cuando las
compañías consten de DOS (2) o TRES (3) personas, se les
concederán DOS (2) pertenencias más, fuera de las que por otro
título les corresponda.

Si las compañías se componen de CUATRO (4) o
más personas, tendrán derecho a CUATRO (4) pertenencias.

Art. 313. – Los socios
no son responsables por las obligaciones de la sociedad, sino en
proporción a la parte que tienen en la mina, salvo si otra cosa se
hubiere estipulado.

VIII De las
compañías de cateo o exploración

Art. 314. – Las
compañías de exploración se constituyen por el hecho de
ponerse de acuerdo DOS (2) o más personas para realizar una
expedición con el objeto de descubrir criaderos minerales.

El acuerdo podrá ser de palabra o hacerse constar en
escritura pública o privada.

Art. 315. – Cuando los
cateadores o personas encargadas de hacer las exploraciones no reciben sueldo
ni otra remuneración, se suponen socios en lo que ellos descubran.

Art. 316. – Todas las
personas de la comitiva que ganen salario, cualquiera que sea la
ocupación, descubren para el empresario que les paga.

Si hubiere precedido promesa o convenio deberá
hacerse constar por escrito.

TITULO
XVI

De la sociedad
conyugal

Art. 317. – La
sociedad conyugal, lo mismo que los demás actos y contratos de minas,
están sujetos a las leyes comunes en cuanto no esté establecido
en este Código, o contraríe sus disposiciones.

Art. 318. – Los
productos de las minas particulares de cada uno de los cónyuges,
pertenecen a la sociedad.

Art. 319. – Todos los
minerales arrancados y extraídos después de la disolución
de la sociedad conyugal, pertenecen exclusivamente al dueño de la mina.

Art. 320. – Las deudas
de cualquiera de los cónyuges, contraídas antes del matrimonio,
se pagarán durante él, con los productos de sus respectivas
minas.

Art. 321. – Las
pertenencias que se adquieren por ampliación, corresponden
exclusivamente al dueño de la pertenencia primitiva.

Art. 322. – El mayor
valor adquirido por la mina durante el matrimonio, corresponde al propietario.

TITULO
XVII

De la
enajenación y venta de las minas

Art. 323. – Las minas
pueden venderse y transmitirse como se venden y transmiten los bienes
raíces.

En consecuencia, el descubridor de un criadero puede vender
y transmitir los derechos que adquiere por el hecho del descubrimiento.

Art. 324. – Nadie
puede comprar minerales a los operarios o empleados de una mina, sin
autorización escrita de su dueño.

Los que contravengan lo dispuesto en el párrafo
anterior, pagarán una multa cuyo monto será CUATRO (4) a TREINTA
(30) veces el canon anual que devengare la mina, debiendo embargarse los
minerales hasta que se pruebe que pertenecían al vendedor o que estaba
autorizado a venderlos.

Art. 325. – Las ventas
y enajenaciones de minas deben hacerse constar por escrito, en instrumentos
públicos o privados.

Podrán extenderse en instrumento privado todos los
contratos que se celebren antes del vencimiento del plazo señalado para
la ejecución de la labor legal.

Practicada la mensura y demarcación de la mina, esos
contratos se reducirán a instrumento público.

TITULO
XVIII

De la
prescripción de las minas

Art. 326. – La
prescripción no se opera contra el Estado propietario originario de la
mina.

Art. 327. – Para
adquirir las minas por prescripción, con título y buena fe, se
requiere la posesión de DOS (2) años.

Para la prescripción sin justo título, se
necesita una posesión de CINCO (5) años.

Art. 328. – En ninguno
de los casos expresados en el artículo que antecede, se hará
distinción entre presentes y ausentes.

TITULO
XIX

Del arrendamiento
de las minas

Art. 329. – Las minas
pueden ser objeto de arrendamiento como los bienes raíces; pero con las
limitaciones expresadas en los artículos siguientes.

Los arrendamientos de minas y canteras podrán
celebrarse por plazos de hasta VEINTE (20) años.

Art. 330. – El
arrendatario puede aprovechar la mina en los mismos términos que puede
hacerlo el propietario.

Pero para rebajar puentes y macizos es necesario una
estipulación especial.

Art. 331. – El
arrendatario debe mantener el amparo de la mina y conducir sus trabajos con
arreglo a las prescripciones de este Código.

Art. 332. – Cuando
haya riesgo de que la mina caiga en desamparo el propietario puede pedir la
entrega de la mina.

Desde el momento en que se ocurre a la autoridad hasta que
se dicte providencia permitiendo o negando la ocupación de la mina, no
correrá el término del desamparo.

Si resultare del primer reconocimiento que practique la
autoridad con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 217, que la mina no
tiene el correspondiente amparo, y el arrendatario no lo establece
inmediatamente y lo sostiene, el propietario podrá hacer cesar el
contrato.

Art. 333. – Si la mina
es denunciada por actos u omisiones del arrendatario, el propietario no
podrá defenderse con la excepción del hecho ajeno, salvo si
hubiese mediado dolo o fraude.

Pero el arrendatario pagará los gastos de la defensa
o del rescate de la mina; y en el caso de declararse el desamparo, su valor y
los daños y perjuicios.

Art. 334. – El
arrendatario es responsable de los daños y perjuicios causados a otras
personas por hechos propios.

Art. 335. – Las minas
no pueden subarrendarse sino cuando en el contrato se haya acordado esa
facultad al arrendatario.

Art. 336. – El
arrendatario de un fundo común no puede explotar las minas que dentro de
sus límites se encuentren y que el propietario haya registrado y
explotado.

Si descubre un criadero o hay alguna pertenencia
abandonada, usará de los derechos que la ley ha establecido en estos
casos.

Art. 337. – Cuando se
ha entregado una mina con la condición de dar al propietario una parte
de los productos libres, el empresario tiene las mismas obligaciones y derechos
que el arrendatario.

En caso de que se suspenda la explotación,
contraviniendo a las estipulaciones del contrato, el dueño puede
rescindirlo y cobrar daños y perjuicios.

TITULO
XX

Del derecho de
usufructo

Art. 338. – El
usufructo debe comprender toda la mina, aunque se haya constituido a favor de
diferentes personas.

El usufructuario tiene derecho a aprovechar los productos y
beneficios de la mina, como puede aprovecharlos el propietario.

Pero el usufructuario de un fundo común no
podrá explotar las minas que en sus límites se comprendan, aunque
se encuentren en actual trabajo.

El usufructo de minas podrá celebrarse por un plazo
de hasta CUARENTA (40) años, ya fuere constituido a favor de una persona
jurídica o natural y no se extingue por muerte del usufructuario, salvo
pacto en contrario.

Art. 339. – Cuando la
industria principal del fundo fructuario sea la explotación de canteras
o de cualquier sustancia perteneciente a la tercera categoría, el
usufructuario podrá explotarlas, estén o no en actual trabajo;
salvo cláusula en contrario.

En todo caso, podrá tomar los materiales necesarios
para las reparaciones que exija el fundo y para las obras que esté obligado
a ejecutar.

Art. 340. – Si durante
el usufructo se hace concesión de una mina dentro del perímetro
de un fundo común, el valor de las indemnizaciones correspondientes al
no uso y aprovechamiento del terreno, a la pérdida de las cosechas, a la
destrucción o inutilización de los trabajos, pertenece al
usufructuario.

Corresponde al propietario el valor de las indemnizaciones
por el deterioro o inutilización del suelo.

Art. 341. – El
usufructuario puede disfrutar los puentes y macizos como puede hacerlo el
propietario.

Art. 342. – Puede el
usufructuario, bajo su responsabilidad, dar en arrendamiento el usufructo o
ceder a otros el derecho de explotar la mina.

Art. 343. – El
usufructo constituido sobre todos los bienes de una persona, comprende el
usufructo de las minas comprendidas en esos bienes.

Art. 344. – Son
aplicables al derecho de usufructo las disposiciones referentes al
arrendamiento contenidas en los Artículos 332, 333, 334 y 335.

Art. 345. – Corresponden
al usufructuario lo mismo que al arrendatario, los derechos acordados al
propietario en los casos de ampliación e internación.

TITULO
XXI

De la
investigación geológica y minera a cargo del Estado

Art. 346. – La
investigación geológico-minera de base que realice el Estado
Nacional en todo el país y las que efectúen las provincias en sus
territorios es libre y no requiere permiso de la autoridad minera. Aquella que
realice el Estado Nacional se efectuará con consentimiento previo de las
provincias donde se practicará la actividad.

La autoridad provincial o, en su caso, y en forma
excluyente, la empresa o entidad estatal provincial que tenga a su cargo la
investigación podrá disponer, mediante comunicación
cursada a la autoridad minera, zonas exclusivas de interés especial para
la prospección minera, que realizará en forma directa o con
participación de terceros.

Las zonas de interés especial podrán tener en
conjunto una extensión máxima de CIEN MIL (100.000)
hectáreas por provincia y su duración no excederá el plazo
improrrogable de DOS (2) años.

En caso de decidir la intervención de terceros, los
organismos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
sin perjuicio de los trabajos propios que se proponga desarrollar en el
área, deberán convocar a un concurso invitando
públicamente a empresas a presentar sus antecedentes, un programa de
trabajos y un compromiso de inversión compatibles con los objetivos de
investigación propuestos.

La invitación se publicará por TRES (3)
días en el plazo de QUINCE (15) días en el Boletín Oficial
y en oficinas de la autoridad minera y del organismo convocante y
contendrá los objetivos de la investigación, los requisitos
mínimos que deberán contener las propuestas, el lugar de
presentación, el plazo dentro del cual serán recibidas y las
bases para la comparación de las propuestas.

Cuando se estime conveniente podrá optarse por
desarrollar las condiciones del llamado en un pliego.

Dentro del plazo fijado para la prospección, el
adjudicatario de la zona podrá solicitar uno o más permisos de
exploración o efectuar manifestaciones de descubrimientos, quedando
sujetos estos derechos a las disposiciones generales del Código de
Minería, sin perjuicio de las obligaciones que pudieren corresponder en
virtud de la convocatoria o que resulten de la propuesta.

Los adjudicatarios quedan obligados a suministrar al
organismo convocante la información y la documentación
técnica obtenida en el curso de las etapas de la investigación,
sin necesidad de requerimiento y dentro de los plazos que fije aquel organismo,
bajo pena de una multa de hasta VEINTE (20) veces el valor del canon de
exploración que corresponda a un permiso de CUATRO (4) unidades de
medida.

Las áreas de interés especial en las que no
hubiese realizado el Estado o la empresa o entidad estatal provincial trabajos
de prospección, o efectuado adjudicación alguna en el transcurso
del primer año, contado desde la fecha en que fueron dispuestas,
quedarán automáticamente liberadas. La autoridad minera
dará curso a las solicitudes de derechos mineros que presenten los
particulares previa verificación de la inexistencia de los referidos
trabajos o adjudicación.

Las minas que descubran los organismos antes mencionados en
el curso de sus investigaciones y, en las zonas de interés especial que
establezcan éstos, cuando no hayan dado participación a terceros,
deberán ser transferidas a la actividad privada dentro del año de
operado el descubrimiento y por el procedimiento que determina este artículo.
Caso contrario, quedarán automáticamente vacantes y a
disposición de cualquier interesado en adquirirlas.

Las empresas o entidades estatales provinciales autorizadas
por ley para efectuar exploraciones y explotaciones mineras podrán
encuadrar sus investigaciones en las disposiciones del presente
artículo, sin perjuicio de su derecho a solicitar permisos y concesiones
con arreglo a las normas generales de este Código.

Art. 347. – Las zonas
de protección y las áreas comprendidas en función de las
disposiciones de los anteriores Títulos XVIII y XIX, continuarán
vigentes hasta el vencimiento de sus respectivos plazos, obligaciones
contraídas o procedimientos ya iniciados y hasta el momento de su
extinción.

No obstante ello, a los efectos de promover la igualdad de
tratamiento con las disposiciones del presente Título, los organismos
estatales deberán procurar, dentro del plazo de DOS (2) años de
la vigencia de la presente ley, transformar las actuales zonas o áreas
reservadas en permisos de exploración, en las condiciones generales
establecidas en este Código, a favor de los adjudicatarios y, de no
haberlos, a favor de terceros, en este último caso a través de un
concurso.

TITULO
FINAL

Disposiciones
generales y transitorias

Art. 348. – Las
sustancias minerales que por las leyes anteriores pertenecían al
dueño del suelo y que actualmente estuvieren en explotación, no
podrán ser denunciadas.

Art. 349. – La zona de
explotación del yacimiento Carbonífero Río Turbio, en la
Provincia de Santa Cruz, queda fijada dentro de los siguientes límites:
al Norte el Paralelo 51 16' 00"; al Este el Meridiano 72 11' 00"; al
Sur y al Oeste la frontera con la REPUBLICA DE CHILE.

La cuenca carbonífera de Río Turbio
será considerada como una mina constituida por una sola pertenencia y su
explotación será realizada por el Estado Nacional, por intermedio
de YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES.

Lo dispuesto precedentemente no afectará la
percepción por la provincia de Santa Cruz del canon minero establecido
por el Artículo 213, determinándose el número de
pertenencias conforme a las disposiciones de este Código.

Art. 350. – La zona de
explotación del yacimiento ferrífero de Sierra Grande, en la
Provincia de Río Negro, queda fijada dentro de los límites de los
lotes 20 y 21, fracción E, Colonia Pastoril Coronel Chilavert, Provincia
de Río Negro.

La cuenca ferrífera de Sierra Grande será
considerada como una sola mina, constituida por una sola pertenencia y su
explotación será realizada por intermedio de HIERRO PATAGONICO DE
SIERRA GRANDE, SOCIEDAD ANONIMA MINERA.

Lo dispuesto precedentemente no afectará derechos
adquiridos ni la percepción por la Provincia de Río Negro del
canon establecido por el Artículo 213, determinándose el
número de pertenencias conforme a las disposiciones de este
Código.

Art. 351. – Refórmase
los Artículos 67, 176 y 312 del Código de Minería dejando
establecido que el número de pertenencias que dichos artículos
asignan a los descubridores y compañías será multiplicado
por DIEZ (10).

En el caso de los yacimientos de tipo diseminado de la primera
categoría, borato y litio, del Artículo 76, ese número se
multiplicará por CINCO (5) y en los de salitres y salinas de cosecha del
Artículo 181, se multiplicará por DOS (2).

Art. 352. – Las minas
en que se hubiere invertido el Capital previsto por las disposiciones hasta
ahora vigentes, no estarán obligadas a cumplir las condiciones impuestas
por los Artículos 216, 217 y 218 de este Código.

Art. 353. – Dentro del
plazo se sesenta (60) días a contar de la notificación que
realice la autoridad minera, el titular de una solicitud de permiso de
exploración o de una manifestación de descubrimiento en
trámite y sin petición de mensura, deberá presentar una
nueva graficación de su solicitud y cumplir con lo dispuesto en el
último párrafo del Artículo 45, de conformidad con las
disposiciones de este Código, indicando las coordenadas de cada uno de
los vértices que conforman el polígono, dentro de cuyos
límites se encuentra el área descrita. El plazo antes indicado
será improrrogable y el incumplimiento de lo dispuesto causará el
abandono automático del trámite y la liberación de la
zona.

Presentadas las coordenadas, la autoridad minera las
examinará y, encontrándolas correctas, otorgará la
respectiva matrícula catastral.

En el caso de permisos de exploración otorgados o de
minas con petición de mensura o de minas mensuradas, la autoridad minera
deberá establecer en el campo las coordenadas de la ubicación
real del permiso o de la mina, la cual deberá ser notificada a su
titular y posteriormente se emitirá la respectiva matrícula
catastral, a menos que lo realice directamente el titular, en cuyo caso la
autoridad minera las examinará y, encontrándolas correctas,
otorgará la correspondiente matrícula.

Una vez concluido en cada provincia el catastro de que
trata este artículo, la ubicación que resulta de sus coordenadas
para cada derecho minero será inmutable. Todos aquellos derechos mineros
que por causa imputable a su titular no hubieren quedado incluidos en el
catastro al finalizar éste, se considerarán inexistentes por el
solo ministerio de la ley y sin necesidad de acto alguno de la autoridad
minera.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos
precedentes, cada provincia regulará las etapas, procedimientos,
recursos y demás materias relacionados al catastro al que se refiere
este Código.

Art. 354. – El PODER
EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta conjunta de los MINISTERIOS DE DEFENSA y de
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y en coordinación con las
autoridades superiores de las Fuerzas Armadas, clasificará
periódicamente las sustancias minerales estratégicas, a los fines
señalados en el presente Código.

Art. 355. – Para
aquellas actividades comprendidas en el ARTICULO 249, y cuya iniciación
sea anterior a la vigencia de la Ley 24.585, el concesionario o titular de la planta
e instalaciones deberá presentar, dentro del año de su entrada en
vigor, el informe de impacto ambiental.

Art. 356. – De
conformidad con lo prescripto por el artículo anterior:

a) Los impactos irreversibles e inevitables producidos no
podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se
estuvieren realizando.

b) Las acciones conducentes a la corrección de
impactos futuros, consecuencia de la continuidad de las actividades,
serán exigidas a los responsables por la autoridad de aplicación,
quedando a cargo de los primeros la ejecución de las mismas.

Art. 357. – En tanto
no se proceda a una nueva fijación del canon los valores determinados
por los Artículos 215 y 221 de este Código serán de
aplicación de pleno derecho, sin perjuicio de la adecuada difusión
de los mismos que efectuare el PODER EJECUTIVO por intermedio del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o del órgano de su dependencia con
competencia en materia minera.

Art. 358. – A los
efectos de la conservación de los derechos concedidos con
sujeción al Código de Minería vigente, las condiciones
fijadas por los precedentes artículos empezarán a regir desde el
primero de enero de 1919 (Texto según Ley N 10.273, Artículo 16).

Art. 359. – Deróganse
el párrafo V del Título IV; el artículo 137, el inc. 2 del
Artículo 147; el Artículo 168, el párrafo 2 de la
Sección III, del Título VI y la Sección I del
Título IX y en todas las demás divisiones del Código y en
los mismos artículos citados, se entenderán inaplicables todas
aquellas disposiciones que tengan por fundamento la existencia de la
obligación del amparo o pueble de la mina, con trabajo, y los que
establezcan, reconozcan o reglamenten el derecho de denuncio de concesiones por
despueble (Texto según Ley N 10.273, Artículo 17).

Art. 360. – Los jueces
y las autoridades administrativas en tales casos y mientras no se sancione la
reforma general del Código, aplicarán las disposiciones del
actual, teniendo en cuenta la supresión de pueble por trabajo y el
denuncio por despueble; y en los casos de silencio u oscuridad insustituibles,
se guiarán por los principios generales de esta legislación, por
los del Código Civil y por los de leyes análogas. (Texto
según Ley N 10.273, Artículo 18).

Art. 361. – Las
disposiciones de la presente ley serán de aplicación a partir de
su vigencia, a los permisos y concesiones que se hubieran otorgado o estuvieren
en trámite.

Las manifestaciones de descubrimiento y demás
pedimentos de minas en tramitación, se sujetarán a esas
disposiciones en los actos y procedimientos posteriores a la entrada en
vigencia de la presente ley.

Los concesionarios de minas podrán, incluso, ajustar
sus medidas conforme a las disposiciones de la presente ley, no perjudicando
derechos adquiridos por terceros

Art. 362. – La
presente ley comenzará a regir a los TREINTA (30) días de su
publicación en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de ello el PODER
EJECUTIVO NACIONAL elaborará, dentro de los NOVENTA (90) días, un
texto ordenado del Código de Minería, mediante la
eliminación de las disposiciones derogadas en distintas épocas y
procediendo a una nueva enumeración de sus títulos, secciones,
parágrafos y artículos en el orden secuencial que corresponda. El
texto ordenado se considerará como texto oficial del Código.

APENDICE

Del
régimen legal de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos

I Derechos del
Estado y de los particulares

Art. 1° – Las
minas de petróleo e hidrocarburos fluidos son bienes del dominio privado
de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se
encuentren.

Art. 2° – El
Estado Nacional y los Estados Provinciales pueden explorar y explotar minas e
industrializar, comerciar y transportar los productos de las mismas
directamente o por convenios entre si o mediante las sociedades mixtas
autorizadas por este APENDICE.

Art. 3° – El
Estado Nacional puede solicitar ante las autoridades provinciales permisos de
exploración, concesiones de explotación de hidrocarburos fluidos,
construcción y explotación de oleoductos, en las condiciones
determinadas para los particulares.

Art. 4° – Cuando
el Estado Nacional ejerza las facultades conferidas por las disposiciones
precedentes, lo hará por intermedio de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales.

Cuando los Estados Provinciales ejerzan este mismo derecho,
lo harán por intermedio de una repartición con personería
jurídica creada al efecto.

Art. 5° – El Poder
Ejecutivo Nacional podrá limitar o prohibir la importación o la
exportación de hidrocarburos fluidos cuando en casos de urgencia
así lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar
cuenta de ello, oportunamente, al Congreso.

Art. 6° – Los
particulares pueden explorar y explotar minas de hidrocarburos fluidos con
arreglo a las prescripciones de este Código y Ley N° 10.273, con las
modificaciones introducidas en este APENDICE.

Art. 7° – Sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de este
Código, en la parte no modificada por leyes posteriores, no pueden
adquirir por si ni por interpósita persona ninguno de los derechos
mineros enumerados en este APENDICE.

1° Las autoridades mineras y demás funcionarios
o empleados dependientes de las mismas, cualquiera sea la naturaleza de sus
funciones;

2° Los directores y empleados de empresas fiscales;

3° Los Estados extranjeros y las sociedades no constituidas
en la República o cuyo funcionamiento como personas jurídicas no
haya sido reconocido por las autoridades argentinas;

4° Los extranjeros que no tengan domicilio real en la
República.

Las interdicciones impuestas por los incisos 1° y
2° durarán hasta CINCO (5) años después de haber
cesado en sus funciones las personas comprendidas en ellas.

II De la
exploración

Art. 8° – La
exploración y explotación de las minas de hidrocarburos fluidos,
se regirán por las disposiciones referentes a substancias de la primera
categoría, en cuanto no estuvieran modificadas por este APENDICE,

Art. 9° – La
unidad de exploración para hidrocarburos fluidos será de DOS MIL
(2.000) hectáreas. El permiso constará de una unidad cuando se
solicite la exploración dentro de un radio de CINCO (5)
kilómetros de una mina de hidrocarburos fluidos, anteriormente
registrada en producción, y hasta de TRES (3) unidades contiguas fuera
del radio citado, sea que los terrenos estén o no cercados, labrados o
cultivados y sea cual fuere el número de solicitantes.

El perímetro del terreno a explorar deberá
tener la forma más regular posible, ser limitado por CUATRO (4)
líneas rectas y su longitud no podrá exceder de DOS (2) veces el
promedio de su latitud; pero si el perímetro fuera limitado por otras
concesiones, o por la jurisdicción territorial, o por accidentes
geográficos naturales, tendrá en estos casos la forma y
límites exigidos por la superficie del terreno disponible.

Art. 10. – La
duración del permiso de exploración será de TRES (3)
años, comenzando a correr SEIS (6) meses después de otorgado el
permiso. Dentro de ese plazo de SEIS (6) meses deberán quedar realizadas
las gestiones a que se refiere el Artículo 27 de este Código y
efectuada la demarcación del perímetro de cateo, bajo pena de
caducidad si el incumplimiento fuera imputable al solicitante. Si la
conformación del terreno presentare dificultades para su acceso y
medición y necesitare postergarse la demarcación del
perímetro de cateo, podrá la autoridad competente autorizarla dentro
de un plazo prudencial que no excederá de SEIS (6) meses a cuyo
vencimiento comenzara a correr el término de la exploración.

Art. 11. – En los
primeros DIECIOCHO (18) meses del término de exploración,
deberá quedar instalado y en funcionamiento dentro del terreno a
explorar un equipo perforador adecuado a esta clase de trabajo y a la zona,
bajo pena de caducidad de la concesión, salvo caso fortuito o de fuerza
mayor.

Si vencido el plazo de exploración no se hubiere
encontrado el mineral y a juicio de la autoridad minera se hubieran hecho los
trabajos formales a una profundidad suficiente para el hallazgo del mismo,
podrá prorrogarse el término por UN (1) año más.

Si el concesionario del permiso de exploración.
vencida la prorroga, no hubiera hallado el mineral y manifestara deseos de
continuar los trabajos, podrá acordársele un nuevo plazo de UN
(1) año más, siempre que hubiera efectuado, por cada unidad de
medida, DOS (2) perforaciones en cualquiera o cualesquiera de ellas si el
permiso comprende más de UNA (1) unidad, a una profundidad que
justifique a juicio de la autoridad minera, la seriedad de dichos trabajos.

Dentro del término de la exploración
deberán hacerse las manifestaciones de descubrimiento y en su defecto la
concesión quedará caduca de pleno derecho.

Art. 12. – El
propietario, poseedor, arrendatario u ocupante del suelo, no puede, sin permiso
de la autoridad minera, hacer perforaciones en busca de hidrocarburos fluidos,
so pena de no acordársele concesión para explotar la mina que
descubriese, salvo el caso de descubrimiento accidental o casual por trabajos
que no tenían ese objeto.

Art. 13. – Ningún
particular podrá ser concesionario o estar interesado
simultáneamente en más de CINCO (5) permisos de
exploración dentro de cada zona "reconocida" como
petrolífera, considerándose como tal la que se encuentra
comprendida en un radio de CINCUENTA (50) kilómetros del pozo
descubridor de una mina de petróleo registrada; ni en total, dentro o
fuera de zonas "reconocidas", en más de DIEZ (10) permisos en
cada una de las provincias.

Art. 14. – Todo
permiso de exploración será previamente notificado al propietario
u ocupante del suelo a los efectos de la segunda parte del Artículo 32
de este Código.

III De la
explotación

Art. 15. – La
superficie objeto de cada pertenencia constituirá un solo cuerpo, en
forma cuadrada o rectangular, y en este último caso, su. ancho
mínimo será de UN (1) kilometro, debiendo comprender el pozo
descubridor ubicado dentro de la zona de exploración; podrá
extenderse fuera de esta zona siempre que hubiere terreno libre de otras
concesiones.

No regirán para las minas de hidrocarburos fluidos
ni los derechos de ampliación ni los de demasía.

Art. 16. – El
descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos fluidos que se manifieste con las
formalidades requeridas por este Código dará derecho al
descubridor, por cada permiso de exploración, hasta DOS (2) pertenencias
de QUINIENTAS (500) hectáreas cada una, que ubicará conjunta o
separadamente, sin distinción entre descubridor individual y
compañía.

Art. 17. – En caso de
que el explorador encontrase indicios ciertos de existencia de un yacimiento de
hidrocarburos fluidos, como resultado de sus trabajos de exploración,
deberá manifestarlo a la autoridad competente dentro del plazo de
TREINTA (30) días.

La manifestación formal del descubrimiento ante la
misma autoridad deberá hacerse dentro del plazo de NOVENTA (90)
días.

El incumplimiento en uno y otro caso de las disposiciones anteriores
será penado con una multa del décuplo del valor del canon de
exploración durante el tiempo de la demora.

Art. 18. – La
ubicación y mensura de las pertenencias a que se refiere el
Artículo 15 de este APENDICE, deberá ser solicitada con los
requisitos establecidos en el Artículo 82, dentro del término de
duración del permiso de exploración prorrogable por SEIS (6)
meses con causa justificada. Si así no se hiciera se dará por
desistida la concesión.

Art. 19. – El capital
mínimo que deberá invertir el concesionario de minas de
hidrocarburos fluidos en el plazo, condiciones y sanción establecido por
el artículo 6° de la Ley N° 10.273, será de CINCUENTA
(50) pesos moneda nacional por pertenencia, independientemente de los gastos
ocasionados en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 11 de este
APENDICE.

Art. 20. – Al hacerse
la apreciación de estas inversiones se incluirán las obras
efectuadas fuera del límite de las minas, siempre que sean directamente
conducentes al beneficio de la explotación.

No son aplicables las disposiciones sobre labor legal
comprendidas en el Artículo 68 y siguientes de este Código

Art. 21. – El Estado
Nacional o Provincial podrá exigir que la explotación se realice
con la intensidad razonable que corresponda a la productividad comprobada de la
concesión, a las características de la zona, medios de transporte
disponibles y a las condiciones en que se encuentre la industria
petrolífera del país.

La resolución que se dicte por el Poder Ejecutivo
Nacional o Provincial puede ser impugnada por acción judicial dentro de
los DIEZ (10) días de notificarse personalmente o por cédula en
el domicilio legal constituido en la solicitud de exploración. La
resolución administrativa no se ejecutará mientras no se dicte la
sentencia definitiva.

Si no se cumpliera lo resuelto dentro de los SEIS (6) meses
de la notificación administrativa o de la sentencia confirmatoria cuando
mediare acción judicial, la concesión podrá ser declarada
caduca por el Poder Ejecutivo.

IV Obligaciones de
los concesionarios

Art. 22. – Son
obligaciones de los concesionarios:

a) Remitir al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS y autoridad minera local:

1° Las muestras testigos del corte geológico de
las perforaciones de exploración.

2° La comunicación, dentro de los TREINTA (30)
días de cada hallazgo, de horizontes petrolíferos que atraviesen
las perforaciones de exploración, su espesor, probable rendimiento y
calidad del mineral.

3° En el primer trimestre de cada año, el
programa aproximado de trabajos a desarrollar en el transcurso del mismo y
informe general sobre el efectuado en el año anterior.

4° Mensualmente, una planilla demostrativa de la
producción de cada pozo.

b) Facilitar a las mismas autoridades toda
investigación que crean necesaria para controlar el estricto
cumplimiento de este ACAPITE.

c) Asegurar a sus empleados y obreros contra todo riesgo
proveniente del trabajo de las minas.

Toda infracción a estas disposiciones será
castigada con una multa de MIL (1.000) a DIEZ MIL (10.000) pesos moneda
nacional. En caso de reincidencia el Poder Ejecutivo podrá suspender los
trabajos hasta tanto el concesionario cumpla las obligaciones impuestas por
este artículo. Estas penalidades se aplicarán sin perjuicio de
las medidas coercitivas que adoptará la autoridad administrativa.

V Reservas

Art. 23. – El Estado
Nacional y los Estados Provinciales en sus respectivas jurisdicciones, pueden
reservar zonas de exploración de hidrocarburos fluidos en tierras
fiscales y del dominio particular, dentro de las cuales no se concederán
permisos de exploración ni concesiones de explotación. Estas
reservas no se harán por más de DIEZ (10) años.

Art. 24. – Una vez que
el explorador haya obtenido la concesión de explotación que le
corresponda, toda la extensión sobrante de cada permiso de
exploración quedará como reserva petrolífera fiscal del
Estado Nacional o Provincial.

Estas reservas sólo serán exploradas y
explotadas por el Estado Nacional o Provincial, directamente o por medio de
sociedades mixtas o por Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

No podrá el Estado Nacional o Provincial mantener
estas reservas como tales por más de DIEZ (10) años.

Vencido este plazo, podrán ser adjudicadas a
particulares en licitación pública dando preferencia al
explorador originario de la concesión en igualdad de condiciones, y en
su defecto, pasarán a ser zonas en disponibilidad.

Art. 25. – La zona de
reserva en el Territorio de Chubut queda fijada dentro de los siguientes
límites; al Norte el paralelo 45°, al Sur el paralelo 46°, al
Este el Océano Atlántico y al Oeste el límite
internacional con Chile.

La zona reservada en el Territorio de Neuquén, queda
fijada por los siguientes límites; al Norte el paralelo 38°, al Sur
el paralelo 41° 30', al Este el límite entre Neuquén y
Río Negro hasta el encuentro del río Lima y el meridiano 70,
siguiendo este meridiano hasta el paralelo 41° 30' y al Oeste el
límite con Chile.

Art. 26. – Las
reservas existentes no autorizadas por este ACAPITE subsistirán si el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial no las deja expresamente sin efecto
dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la promulgación de
esta ley.

VI Contribuciones

Art. 27. – El canon
establecido por el Artículo 4°, inciso 3° de la Ley N°
10.273, será para los concesionarios de exploración de
hidrocarburos fluidos, de UN (1) PESO moneda nacional por cada hectárea
o fracción que comprenda el permiso correspondiente.

Art. 28. – El canon
anual establecido por el Artículo 4°, inciso 1° de la Ley N°
10.273, a cargo de los concesionarios de minas de hidrocarburos fluidos,
será de DIEZ (10) PESOS moneda nacional por cada hectárea o
fracción.

Art. 29. – El Estado
Nacional o Provincial percibirá como contribución de toda
explotación que se realice de hidrocarburos fluidos después de la
sanción de este APENDICE, el DOCE (12) por ciento del producto bruto.

Las explotaciones existentes pagarán una
contribución igual, pero si comprobarán que abonan una
regalía anterior, el Estado fijará la proporción que
corresponda pagar al titular de la explotación y al de la
regalía, dentro del porcentaje establecido en este APENDICE.

En circunstancias especiales los Poderes Ejecutivos
podrán reducir la contribución hasta el mínimo del OCHO
POR CIENTO (8%). teniendo en cuenta la clase y características del
yacimiento, la distancia y el transporte.

Esta contribución será pagada al Estado
Nacional o Provincial por todo productor, inclusive las explotaciones fiscales,
ya sean hechas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales o por
compañías mixtas.

El combustible debe ser entregado en los lugares de
embarque de la explotación, en condiciones comerciales,
deduciéndose el precio del transporte, que no será mayor que lo
que pague el concesionario.

El Estado podrá exigir la contribución en
efectivo al precio que el producto tenga en la región.

El Artículo 3 de la Ley N° 10.273 no rige para
las explotaciones de hidrocarburos fluidos.

Art. 30. – Los
productos que extraiga el explorador antes de hacer la manifestación del
descubrimiento. pagarán una regalía del VEINTICINCO POR CIENTO
(25%).

Art. 31. – Ningún
otro impuesto nacional, provincial o municipal. podrá imponerse a la
explotación de minas de hidrocarburos fluidos.

VII Servidumbres y
oleoductos

Art. 32. – Las
servidumbres para la instalación de oleoductos, cañerías
de gas u otras vías de transporte para uso minero, serán
otorgados de acuerdo al Artículo 146 y siguientes de este Código
por la respectiva autoridad provincial, cuando sus recorridos no excedan los límites
de la provincia. Pero si el oleoducto llegara a una estación de
ferrocarril de Jurisdicción nacional, o el transporte de petróleo
a que estuviere destinado se vinculara al realizado por un ferrocarril de
Jurisdicción nacional, la concesión deberá ser aprobada
por el Poder Ejecutivo Nacional.

En todos los demás casos y cuando el oleoducto
pudiera ser destinado al transporte interprovincial o internacional, la
concesión será otorgada exclusivamente por ley de la
Nación.

Art. 33. – Las
explotaciones de oleoductos serán ejecutadas como servicio público
y se sujetarán a las tarifas justas y razonables aprobadas por el Estado
y a la obligación de efectuar servicios de transportes a los productos
que quieran utilizarlos en proporción a su capacidad.

Cuando el oleoducto pertenezca a un productor, la autoridad
nacional o provincial tomará en cuenta, en primer término, la
necesidad de éste respecto de su propia producción, para fijar el
porcentaje que corresponda al transporte de terceros.

Art. 34. – Los
empresarios de transporte de hidrocarburos fluidos están sometidos, en
lo pertinente, a las demás leyes que rigen para los transportes
públicos.

VIII Sociedades
mixtas

Art. 35. – La
organización de sociedades mixtas entre el Estado y los particulares,
autorizadas por el Artículo 2 de este APENDICE, estarán sujetas a
las condiciones siguientes:

a) El Estado y los particulares contribuirán a la
formación del capital social en la proporción que convengan;

b) Estas sociedades se regirán por las disposiciones
del Código de Comercio sobre sociedades anónimas con las
modificaciones siguientes:

1° El presidente y por lo menos el tercio del
número de directores que se fije por los estatutos, representarán
al Estado. Deberán ser argentinos y nombrados por el Poder Ejecutivo
respectivo, con acuerdo del Senado o de la Legislatura. Los demás
directores y el sindico serán nombrados por los accionistas;

2° El presidente, y en su ausencia cualquiera de los
directores nombrados por el Estado, tendrán la facultad de vetar las
resoluciones de las asambleas o las del directorio que fueran contrarias a la
ley o a los estatutos, o que puedan comprometer las conveniencias superiores
del Estado. En este caso se elevarán los antecedentes al Poder Ejecutivo
para que se pronuncie en definitiva sobre la confirmación o revocación
pondiente, al veto.

Art. 36. – El Poder
Ejecutivo determinará en el decreto reglamentario o en cada caso, el
porcentaje mínimo de empleados y obreros argentinos que deberán
ocupar los concesionarios respectivos.