CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

Decreto 41/99

Aprobación. Bien Común, fin de la función
pública. Definiciones y alcances. Principios generales. Principios
particulares. Régimen de regalos y otros beneficios. Beneficios de
origen externo. Beneficios otorgados entre funcionarios. Impedimentos
funcionales. Sanciones. Régimen de las declaraciones juradas
patrimoniales y financieras. Sujetos obligados. Procedimiento.

Bs. As., 27/1/99

VISTO el Decreto Nº 152 del 14 de febrero de 1997 y su complementario
el Decreto Nº 878 del 1º de septiembre de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que, desde el inicio mismo de su gestión, el Gobierno Nacional ha
asumido el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las
acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la
Administración Pública.

Que, en tal sentido, las transformaciones producidas en el marco de la
Reforma del Estado no sólo desarticularon los factores estructurales que
podían favorecer prácticas corruptas, sino que actuaron simultáneamente
sobre la recreación de valores como la estabilidad, la equidad, la
responsabilidad y la eficiencia.

Que, en consonancia con el compromiso asumido, nuestro país
participó activamente en la elaboración de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, primer
instrumento internacional mediante el cual los Estados de América
definen objetivos y adoptan obligaciones, no sólo desde el punto de
vista político sino también jurídico, en la lucha contra
la corrupción.

Que la
República Argentina ha ratificado, mediante la Ley Nº 24.759, la citada Convención,
la que como medida preventiva recomienda el dictado de normas de conducta para
el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de la función
pública.

Que en ese contexto se inscribe la creación, mediante el Decreto
Nº 152/97, de la
OFICINA NACIONAL DE ETICA PUBLICA en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA
NACION, con dependencia directa del Presidente de la Nación, con el
primordial objetivo de adoptar las medidas necesarias para la creación
de un verdadero clima ético en el seno de la
Administración Pública.

Que la OFICINA
NACIONAL DE ETICA PUBLICA, en cumplimiento de su competencia
y recogiendo la recomendación expresada en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, ha elaborado una
propuesta de Código de Etica de la Función
Pública, basado en la idea rectora de que el fin de la
función pública es la realización del bien común y
orientado principalmente a la educación ética y a la
prevención de conductas disfuncionales que pudieran facilitar la realización
de actos de corrupción.

Que en el citado proyecto se establecen como Principios Generales que deben
guiar la acción del funcionario los de probidad, prudencia, justicia,
templanza, idoneidad y responsabilidad.

Que de ellos se desprenden los Principios Particulares, establecidos a
partir de concebir a la ética de la función pública con un
criterio comprensivo no sólo de lo relacionado con la honestidad, sino
además con la calidad del trabajo, el clima laboral y la atención
del ciudadano.

Que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno obliga a
los funcionarios a manifestarse y actuar con veracidad y transparencia en la
gestión de los asuntos públicos.

Que, en defensa del interés general, ha de exigirse también a
quienes ejercen la función pública que preserven su independencia
de criterio y eviten verse involucrados en situaciones que pudieran comprometer
su imparcialidad.

Que, asimismo, es deber inexcusable del funcionario público mantener
una conducta decorosa y digna y no utilizar las prerrogativas del cargo para la
obtención de beneficios personales.

Que, en este sentido, se incluyen en el Código de Etica de la Función
Pública disposiciones referidas a las limitaciones en
la aceptación de beneficios o regalos y la identificación de
situaciones que pudieran configurar impedimentos funcionales.

Que, asimismo, se establece un nuevo régimen para la
declaración de la situación patrimonial y financiera de los
funcionarios con nivel de decisión, cuyo contenido tendrá
carácter público y será objeto de control y seguimiento
por parte de la
OFICINA NACIONAL DE ETICA PUBLICA.

Que para la elaboración del proyecto se han considerado los
antecedentes de otros países, que han incorporado a sus ordenamientos
códigos de ética para la función pública.

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 878/97, la OFICINA NACIONAL DE
ETICA PUBLICA constituyó el CONSEJO ASESOR DE ETICA PUBLICA, convocando
a representantes de organizaciones no gubernamentales, entidades empresarias,
profesionales y gremiales, instituciones académicas y a personas con
reconocida trayectoria.

Que, sobre la base de la propuesta presentada, el Consejo Asesor ha llevado
a cabo un amplio debate y ha concebido un proyecto de Código de Etica de
la
Función Pública, destinado a convertirse en
instrumento eficaz para guiar la acción de la
Administración Pública.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes
del artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA
NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase el CODIGO DE ETICA
DE LA FUNCION PUBLICA,
aplicable a los funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que como Anexo
integra el presente acto.

Art. 2º — Facúltase a la OFICINA NACIONAL DE
ETICA PUBLICA a aprobar los instrumentos necesarios para la aplicación
del Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras
previsto en el Capítulo IV del Código de Etica de la Función
Pública, y a establecer un cronograma para la
presentación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios
obligados de cada jurisdicción o entidad.

Art. 3º — El régimen de declaraciones juradas
patrimoniales establecido por el Decreto Nº 494 del 5 de abril de 1995
conservará su vigencia en cada jurisdicción o entidad hasta la
fecha en que la
Oficina Nacional de Etica Pública disponga la
aplicación del nuevo Régimen de Declaraciones Juradas
Patrimoniales y Financieras previsto en el Capítulo IV del Código
de Etica de la
Función Pública.

Art. 4º — El régimen de requerimientos de justificación
de incrementos patrimoniales, establecido en el Capítulo III del Decreto
Nº 494 del 5 de abril de 1995, mantendrá su vigencia hasta tanto se
dicte el régimen pertinente que lo sustituya, a propuesta del MINISTERIO
DE JUSTICIA, con intervención de la PROCURACION DEL TESORO
DE LA NACION.

Art. 5º — Dispónese que las Oficinas de Personal,
Recursos Humanos o equivalentes den la más amplia difusión al
Código de Etica de la Función Pública entre el personal
del respectivo organismo.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese,
dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. —
Raúl E. Granillo Ocampo.

ANEXO

CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

PARTE GENERAL

CAPITULO I

FIN DE LA FUNCION PUBLICA

ARTICULO 1°-BIEN COMUN. El fin de la función pública es el
bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución
Nacional, los tratados internacionales ratificados por la
Nación y las normas destinadas a su regulación. El funcionario
público tiene el deber primario de lealtad con su país a
través de las instituciones democráticas de gobierno, con
prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o
instituciones de cualquier naturaleza.

CAPITULO II

DEFINICIONES Y ALCANCES

ARTICULO 2°-FUNCION PUBLICA. A los efectos del presente Código,
se entiende por "función pública" toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana
en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos.

ARTICULO 3°-FUNCIONARIO PUBLICO. A los efectos del presente
Código, se entiende por "funcionario público" cualquier
funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han
sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles
jerárquicos. A tales efectos, los términos
"funcionarios", "servidor", "agente",
"oficial" o "empleado" se consideran sinónimos.

ARTICULO 4°-AMBITO DE APLICACION. Este Código rige para los
funcionarios públicos de todos los organismos de la
Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas,
empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de
Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público,
bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente en que el Estado
Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o
mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias,
así como también de las comisiones nacionales y los entes de
regulación de servicios públicos.

ARTICULO 5°-INTERPRETACION. La Oficina Nacional
de Etica Pública es el órgano facultado para dictar las normas
interpretativas y aclaratorias del presente Código. Los
dictámenes e instrucciones escritas emitidos por la Oficina Nacional
de Etica Pública son obligatorios para quienes los hubieran requerido o
fueran sus destinatarios.

El funcionario que ajuste su conducta a tales dictámenes o
instrucciones queda exento de responsabilidad ética y de sanción
administrativo-disciplinaria, salvo los casos en que hubiera violación
evidente de la ley.

ARTICULO 6°-COMPROMISO. El ingreso a la función pública
implica tomar conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de
su debido cumplimiento.

ARTICULO 7°-CONSULTAS. En aquellos casos en los cuales objetiva y
razonablemente se genere una situación de incertidumbre con
relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, el
funcionario público debe consultar a la Oficina Nacional
de Etica Pública.

CAPITULO III

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 8°-PROBIDAD. El funcionario público debe actuar con
rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por
interpósita persona. También esta obligado a exteriorizar una
conducta honesta.

ARTICULO 9°-PRUDENCIA. El funcionario público debe actuar con
pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con la
misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus
propios bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar
confianza en la
comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner
en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del
Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

ARTICULO 10.-JUSTICIA. El funcionario público debe tener permanente
disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno
lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el
público, sus superiores y subordinados.

ARTICULO 11.-TEMPLANZA. El funcionario público debe desarrollar sus
funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su
cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus
funciones y deberes. Asimismo, debe evitar cualquier ostentación que
pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el
cumplimiento de los deberes propios del cargo.

ARTICULO 12.-IDONEIDAD. La idoneidad, entendida como aptitud técnica,
legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la
función pública.

ARTICULO 13.-RESPONSABILIDAD. El funcionario público debe hacer un esfuerzo
honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo
que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el
cumplimiento de las disposiciones de este Código.

CAPITULO IV

PRINCIPIOS PARTICULARES

ARTICULO 14.-APTITUD. Quien disponga la designación de un funcionario
público debe verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a
comprobar su idoneidad. Ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo
para el que no tenga aptitud.

ARTICULO 15.-CAPACITACION. El funcionario público debe capacitarse
para el mejor desempeño de las funciones a su cargo, según lo
determinan las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades
competentes.

ARTICULO 16.-LEGALIDAD. El funcionario público debe conocer y cumplir
la
Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que
regulan su actividad. Debe observar en todo momento un comportamiento tal que,
examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche.

ARTICULO 17.-EVALUACION. El funcionario público debe evaluar los
antecedentes, motivos y consecuencias de los actos cuya generación o
ejecución tuviera a su cargo.

ARTICULO 18.-VERACIDAD. El funcionario público esta obligado a
expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los
particulares como con sus superiores y subordinados, y a contribuir al
esclarecimiento de la verdad.

ARTICULO 19.-DISCRECION. El funcionario público debe guardar reserva
respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o
en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes
y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan
el secreto o la reserva administrativa.

ARTICULO 20.-TRANSPARENCIA. El funcionario público debe ajustar su conducta
al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la
Administración.

ARTICULO 21.-DECLARACION JURADA PATRIMONIAL Y FINANCIERA. El funcionario
público debe presentar ante la Oficina Nacional
de Etica Pública una declaración jurada de su situación
patrimonial y financiera, conforme surge del Capítulo IV de la Parte Especial -
Régimen de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras.

El control y seguimiento de la situación patrimonial y financiera de
los funcionarios públicos y la reglamentación del régimen
de presentación de las declaraciones juradas estarán a cargo de la Oficina Nacional
de Etica Pública.

ARTICULO 22.-OBEDIENCIA. El funcionario público debe dar cumplimiento
a las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente,
en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la
realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su
cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

ARTICULO 23.-INDEPENDENCIA DE CRITERIO. El funcionario público no
debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus
funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia
de criterio para el desempeño de las funciones.

ARTICULO 24.-EQUIDAD. El empleo de criterios de equidad para adecuar la
solución legal a un resultado más justo nunca debe ser ejecutado
en contra de los fines perseguidos por las leyes.

ARTICULO 25.-IGUALDAD DE TRATO. El funcionario público no debe
realizar actos discriminatorios en su relación con el público o
con los demás agentes de la Administración.
Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en
igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando
no median diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deben
considerarse para establecer una prelación. Este principio se aplica
también a las relaciones que el funcionario mantenga con sus
subordinados.

ARTICULO 26.-EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO. El ejercicio adecuado del cargo
involucra el cumplimiento personal del presente Código, así como
las acciones encaminadas a la observancia por sus subordinados.

El funcionario público, mediante el uso de su cargo, autoridad,
influencia o apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o
ventajas indebidas, para sí o para otros.

Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no
debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna
contra funcionarios u otras personas, que no emane del estricto ejercicio del
cargo.

ARTICULO 27.-USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO. El funcionario
público debe proteger y conservar los bienes del Estado. Debe utilizar
los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

Tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines
particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran
sido específicamente destinados. No se consideran fines particulares las
actividades que, por razones protocolares, el funcionario deba llevar a cabo
fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus funciones.

ARTICULO 28.-USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO. El funcionario
público debe usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para
cumplir con sus quehaceres. Debe desempeñar sus funciones de una manera
eficiente y eficaz y velar para que sus subordinados actúen de la misma
manera. No debe fomentar, exigir o solicitar a sus subordinados que empleen el tiempo
oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el
desempeño de los deberes a su cargo.

ARTICULO 29.-COLABORACION. Ante situaciones extraordinarias, el funcionario
público debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad
no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten.

ARTICULO 30.-USO DE INFORMACION. El funcionario público debe
abstenerse de difundir toda información que hubiera sido calificada como
reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes. No debe utilizar, en
beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio,
información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión
del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público
en general.

ARTICULO 31.-OBLIGACION DE DENUNCIAR. El funcionario público debe
denunciar ante su superior o las autoridades correspondientes, los actos de los
que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o
violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente
Código.

ARTICULO 32.-DIGNIDAD Y DECORO. El funcionario público debe observar
una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En
su trato con el público y con los demás funcionarios, debe
conducirse en todo momento con respeto y corrección.

ARTICULO 33.-HONOR. El funcionario público al que se le impute la
comisión de un delito de acción pública, debe facilitar la
investigación e implementar las medidas administrativas y judiciales
necesarias para esclarecer la situación a fin de dejar a salvo su honra
y la dignidad de su cargo. Podrá contar con el patrocinio gratuito del
servicio jurídico oficial correspondiente.

ARTICULO 34.-TOLERANCIA. El funcionario público debe observar, frente
a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia
superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano
común.

ARTICULO 35.-EQUILIBRIO. El funcionario público debe actuar, en el
desempeño de sus funciones, con sentido práctico y buen juicio.

PARTE ESPECIAL

CAPITULO I

REGIMEN DE REGALOS Y OTROS

BENEFICIOS

SECCION PRIMERA

BENEFICIOS DE ORIGEN EXTERNO

ARTICULO 36.-BENEFICIOS PROHIBIDOS. El funcionario público no debe,
directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar,
aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores,
promesas u otras ventajas en las siguientes situaciones:

a) Para hacer, retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones.

b) Para hacer valer su influencia ante otro funcionario público, a
fin de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus
funciones.

c) Cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el
destinatario no desempeñara ese cargo o función.

ARTICULO 37.-PRESUNCIONES. Se presume especialmente que el beneficio
está prohibido si proviene de una persona o entidad que:

a) Lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o
entidad en el que se desempeña el funcionario

b) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias
otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el
funcionario.

c) Sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la
Administración Pública Nacional.

d) Procure una decisión o acción del órgano o entidad
en el que se desempeña el funcionario.

e) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la
decisión, acción, retardo u omisión del órgano o
entidad en el que se desempeña el funcionario.

ARTICULO 38.-EXCEPCIONES. Quedan exceptuados de la prohibición
establecida en el Artículo 36 inciso c):

a) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos
internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que
la ley o la costumbre oficial admitan esos beneficios.

b) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos,
instituciones de enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el
dictado de conferencias, cursos o actividades académico-culturales, o la
participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible con
las funciones del cargo o prohibido por normas especiales.

c) Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las
circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados como un medio
tendiente a afectar la recta voluntad del funcionario.

La autoridad de aplicación determinará los supuestos en que
corresponde el registro e incorporación al patrimonio del Estado de los
beneficios recibidos en las condiciones del inciso a) los que, según su
naturaleza, se destinarán a fines de salud, acción social,
educación o al patrimonio histórico cultural.

SECCION SEGUNDA

BENEFICIOS OTORGADOS ENTRE
FUNCIONARIOS

ARTICULO 39.-BENEFICIOS PROHIBIDOS. El funcionario público no debe,
directa o indirectamente, otorgar ni solicitar regalos, beneficios, promesas u
otras ventajas a otros funcionarios.

ARTICULO 40.-EXCLUSION. Quedan excluidos de la prohibición
establecida en el artículo precedente, los regalos de menor
cuantía que se realicen por razones de amistad o relaciones personales
con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos.

CAPITULO II

IMPEDIMENTOS FUNCIONALES

ARTICULO 41.-CONFLICTO DE INTERESES. A fin de preservar la independencia de
criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede
mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses
personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto
con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni
prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten
concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener
vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades
directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre
desarrollando sus funciones.

ARTICULO 42.-EXCUSACION. El funcionario público debe excusarse en
todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses.

ARTICULO 43.-NEPOTISMO O FAVORITISMO. El funcionario público no debe
designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición
a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado.

ARTICULO 44.-ACUMULACION DE CARGOS. El funcionario que desempeñe un
cargo en la Administración Pública Nacional no
debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o
local, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los
regímenes especiales.

ARTICULO 45.-PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE ACTIVIDADES. El
funcionario público debe declarar los cargos y funciones,
públicos y privados, ejercidos durante el año anterior a la fecha
de ingreso y los que desempeñe posteriormente.

ARTICULO 46.-PERIODO DE CARENCIA. El funcionario público no debe,
durante su empleo y hasta UN (1 ) año después de su egreso,
efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones
administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar
contratos con la Administración Pública Nacional,
cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o
hubiera desempeñado.

CAPITULO III

SANCIONES

ARTICULO 47.-SANCIONES. La violación de lo establecido en el presente
Código hace pasible a los funcionarios públicos de la
aplicación de las sanciones previstas en el Régimen
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N° 22.140, o en el
régimen que le sea aplicable en virtud del cargo o función
desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
establecidas en las leyes.

ARTICULO 48.-PROCEDIMIENTO. En caso de violaciones al presente
Código, los responsables de cada jurisdicción o entidad, de
oficio o a requerimiento de la Oficina Nacional de Etica Pública, deben
instruir sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para
deslindar las responsabilidades que en cada caso correspondan, con
intervención de los servicios jurídicos respectivos.

ARTICULO 49.-REGISTRO. Las resoluciones firmes recaídas en los
sumarios sustanciados con motivo de las transgresiones a este Código
deben ser comunicadas a la
Oficina Nacional de Etica Pública, la que
deberá llevar un registro actualizado de ellas.

CAPITULO IV

REGIMEN DE LAS DECLARACIONES JURADAS
PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

SECCION PRIMERA

CARACTER DE LA DECLARACION JURADA
PATRIMONIAL Y FINANCIERA

ARTICULO 50.-PUBLICIDAD. El contenido de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales y Financieras tendrá carácter público y
podrá ser consultado, en la Oficina Nacional de Etica Pública,
mediante la presentación por escrito de una solicitud indicando:

a) Nombre, tipo y número de documento, profesión y domicilio
del consultante.

b) En su caso, nombre y domicilio de la entidad en cuya
representación se realiza la consulta.

c) Interés que motiva la consulta.

d) Que se notifica de las limitaciones que existen para la obtención
y utilización del contenido de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera.

La Oficina
Nacional de Etica Pública podrá disponer la
publicación en el Boletín Oficial de la información sobre
el cumplimiento de la presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera de los
obligados. Dicha información también podrá ser difundida
mediante la administración de una pagina propia en INTERNET.

ARTICULO 51.-LIMITACIONES. La información obtenida de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera no
podrá ser utilizada para:

a) Propósitos ilegales.

b) Fines lucrativos, de especulación o exclusivamente comerciales

c) Determinar el nivel de crédito de una persona.

d) Obtener dinero u otros beneficios con fines políticos, en forma
directa o indirecta.

ARTICULO 52.-COMUNICACION AL FUNCIONARIO. La Oficina Nacional
de Etica Pública deberá poner en conocimiento del funcionario
declarante que se ha entregado información correspondiente a su
declaración jurada, indicando los datos del interesado que la haya
solicitado.

SECCION SEGUNDA

SUJETOS OBLIGADOS - PROCEDIMIENTO

ARTICULO 53.-SUJETOS COMPRENDIDOS. Están comprendidos en la
obligación de presentar la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera los
siguientes funcionarios:

a) Presidente y Vicepresidente de la Nación.

b) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la Presidencia
de la Nación, Secretarios y Subsecretarios.

c) Autoridades superiores de los organismos descentralizados, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, comprendidos dentro del ámbito de aplicación
establecido en el artículo 4°.

d) Interventores federales y funcionarios que designen con nivel no inferior
a Director o equivalente.

e) Funcionarios con categoría o función no inferior a
Director, Gerente o niveles equivalentes, de carácter permanente o
transitorio, y titulares de cargos con funciones ejecutivas en todos sus
niveles, de la Administración Pública Nacional
centralizada o descentralizada, dentro del ámbito de aplicación
establecido en el artículo 4°.

f) Representantes del Estado Nacional en entidades interjurisdiccionales e
internacionales.

g) Funcionarios de las categorías A, B y C del cuadro permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, Embajadores políticos
y funcionarios de otros organismos de la
Administración Pública Nacional que presten
servicios en el exterior.

h) Titulares de Unidades Ejecutoras de Proyectos financiados total o
parcialmente por organismos internacionales de crédito y coordinadores
de programas.

i) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Policía Federal,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario Federal
con jerarquía de oficial superior o equivalente.

j) Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y de la Dirección Nacional de Migraciones con
nivel no inferior a Jefe de Departamento o equivalente y quienes cumplan
funciones de control.

k) Interventores o liquidadores de organismos pertenecientes o administrados
por el Estado Nacional.

l) Rectores, Decanos, Secretarios de Universidades y Facultades Nacionales.

m) Miembros de los organismos administrativos con funciones
jurisdiccionales.

n) Asesores de Gabinete.

ñ) Funcionarios que intervengan en la gestión de fondos
públicos; administren patrimonios públicos o privados por
decisión de la
Administración Pública Nacional; integren
comisiones de adjudicación en procesos licitatorios; sean responsables
de la compra o recepción de bienes o de otorgar habilitaciones o
autorizaciones.

ARTICULO 54.-CONTENIDO. Las Declaraciones Juradas Patrimoniales y
Financieras contendrán una nómina, detallada y completa, de los
bienes, créditos, deudas e ingresos del declarante, su cónyuge e
hijos menores no emancipados con especial individualización de los que
se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles, radicados en el país o en el extranjero, y las
mejoras realizadas, con indicación de su valor fiscal, fecha de
adquisición y origen de los fondos.

b) Bienes muebles registrables, radicados en el país o en el
extranjero.

c) Otros bienes muebles como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y
semovientes, cuyo valor sea superior a cinco mil pesos ($ 5.000) en forma
individual o a veinte mil pesos ($ 20.000) en su conjunto.

d) Inversiones en títulos, acciones y valores, cotizables en Bolsa o
no; participación en explotaciones personales o en sociedades, con
indicación del valor, fecha de adquisición y origen de los
fondos.

e) Depósitos en bancos u otras entidades financieras en el
país o en el extranjero.

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes.

g) Dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera.

h) Funciones desempeñadas en carácter de fideicomisario,
mandatario, gestor o consultor de cualquier tipo de sociedad u
organización, con o sin fines de lucro.

i) Fuente, tipo y monto de los ingresos y egresos derivados del trabajo en
relación de dependencia, de la prestación de servicios para
terceros sin relación de dependencia o del ejercicio de otras
actividades o funciones independientes.

j) Ingresos derivados de rentas y sistemas previsionales.

ARTICULO 55.-OPORTUNIDAD Y CARACTER DE LA PRESENTACION. El
funcionario comprendido en el presente régimen deberá entregar la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera en dos
ejemplares idénticos, en sobres cerrados de un mismo tenor, ante la
oficina de personal, administración o recursos humanos de la respectiva
jurisdicción u organismo, dentro de los DIEZ (10) días siguientes
a la asunción del cargo o notificación del acto mediante el cual
se produjo su designación, promoción o asignación de
funciones, y al cese de su función.

La Oficina
Nacional de Etica Pública podrá otorgar
prórroga para la entrega de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera, cuando
razones fundadas así lo justifiquen, la que no podrá exceder el
plazo de TREINTA (30) días.

ARTICULO 56.-RENOVACION. Las Declaraciones Juradas Patrimoniales y
Financieras deberán ser renovadas anualmente, en las fechas que
determine la Oficina
Nacional de Etica Pública para cada
jurisdicción y organismo.

ARTICULO 57.-TERMINOS DE LA PRESENTACION. La Oficina
Nacional de Etica Pública será responsable de hacer conocer a los
obligados los términos dentro de los cuales deberán dar
cumplimiento a la presentación de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales y Financieras, así como sus alcances, cuando fuere
solicitado.

ARTICULO 58.-RECIBO PROVISORIO. La oficina de personal,
administración o recursos humanos de cada jurisdicción u
organismo extenderá al funcionario declarante un recibo provisorio, al
momento de la efectiva presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera. Asimismo,
esta dependencia será responsable de llevar un registro de los
funcionarios obligados a la presentación, en el cual deberá dejar
constancia del cumplimiento.

ARTICULO 59.-PLAZO DE REMISION. Uno de los ejemplares de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera presentada
por el funcionario obligado, deberá ser remitido por la dependencia
respectiva, en sobre cerrado, a la Oficina Nacional de Etica Pública, dentro
de los CINCO (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para
su presentación. El otro ejemplar será remitido a la Escribanía General
de Gobierno de la Nación, a los efectos de su conservación y
custodia, de acuerdo con lo previsto por la Ley N° 21.890.

ARTICULO 60.-CONSTANCIAS DE PRESENTACION. La remisión de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras por parte de las respectivas
dependencias a la
Oficina Nacional de Etica Pública, deberá ser
acompañada por un detalle en el que se dejará constancia de los
funcionarios que hubieran presentado o no dicha declaración una vez
vencido el plazo de intimación previsto en el artículo siguiente.

ARTICULO 61.-INTIMACION. Vencido el plazo de presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera sin que
ésta se hubiera efectivizado, la respectiva oficina de personal,
administración o recursos humanos deberá intimar al responsable
para que, dentro de los CINCO (5) días siguientes, proceda a su
cumplimiento. Dicha circunstancia deberá ser notificada a la Oficina Nacional
de Etica Pública.

La falta de presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera una vez
vencido el plazo indicado en el párrafo precedente, será
considerada falta grave de acuerdo con lo establecido en los respectivos
regímenes.

La Oficina
Nacional de Etica Pública deberá notificar el
incumplimiento del funcionario a la máxima autoridad de la cual aquel
dependa, a fin de que se disponga la instrucción de las respectivas
actuaciones sumariales a través de la Procuración del Tesoro de
la Nación o del servicio jurídico correspondiente.

ARTICULO 62.-APERTURA DEL SOBRE Y RECIBO DEFINITIVO. La Oficina Nacional
de Etica Pública procederá a la apertura del sobre y a controlar
que la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera se
encuentre debidamente confeccionada y completa, extendiendo el recibo
definitivo en caso de que así fuera.

Cuando se detecten errores u omisiones, deberá requerirse al
funcionario declarante que salve el error u omisión en que hubiera
incurrido dentro del plazo de CINCO (5) días. El incumplimiento por
parte del requerido será considerado falta grave.

El recibo definitivo emitido por la Oficina Nacional
de Etica Pública será remitido a los funcionarios, por intermedio
de la oficina de personal, administración o recursos humanos de la
respectiva jurisdicción u organismo al que pertenezca.

ARTICULO 63.-CARACTER DEL RECIBO DEFINITIVO. El recibo que extienda la Oficina Nacional
de Etica Pública no implicará pronunciamiento alguno acerca de
los datos consignados en la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera.

ARTICULO 64.-CONTROL Y SEGUIMIENTO. La Oficina Nacional
de Etica Pública podrá efectuar todos los controles necesarios y
solicitar al funcionario declarante las aclaraciones que considere pertinentes.

En este último supuesto, le otorgará un plazo no mayor a CINCO
(5) días para que proceda a brindar las explicaciones o aclaraciones
requeridas.

En caso de considerar insatisfactorias o insuficientes las aclaraciones
brindadas o cuando de las verificaciones realizadas surgieran irregularidades, la Oficina Nacional
de Etica Pública, con el respectivo dictamen, deberá remitir lo
actuado a la máxima autoridad de quien dependa el funcionario, la que
deberá disponer la instrucción de las pertinentes actuaciones
sumariales a través de la Procuración del Tesoro de la
Nación o del servicio jurídico respectivo. La resolución
que se dicte en el respectivo sumario, una vez firme, deberá ser
comunicada a la
Oficina Nacional de Etica Pública.

En caso de tratarse de autoridades sujetas al procedimiento del juicio
político establecido por los artículos 53 y 60 de la Constitución
Nacional, la Oficina Nacional de Etica Pública
procederá a poner tal circunstancia en conocimiento del Poder Ejecutivo
Nacional y de la
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la
Nación.

ARTICULO 65.-PLAZO DE GUARDA. Las Declaraciones Juradas Patrimoniales y
Financieras deberán ser conservadas por la Escribanía General
de Gobierno de la Nación y la Oficina Nacional
de Etica Pública, por el término de DIEZ (10) años
contados a partir del cese en las funciones del respectivo funcionario, o por
el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que lo
involucren.

ARTICULO 66.-REQUERIMIENTO DE LA DECLARACION. La
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera original o
el sobre cerrado que la contenga, sólo podrán ser entregados por la Oficina Nacional
de Etica Pública o la Escribanía General de Gobierno de la
Nación, en los términos y condiciones que establezcan las leyes
de la Nación o en los siguientes supuestos:

a) Cuando se instruya sumario administrativo y por solicitud de la
Procuración del Tesoro de la Nación.

b) A solicitud del Síndico General de la Nación, en el marco
de las atribuciones que le acuerda la
Ley N° 24.156.

c) A solicitud del Procurador General de la Nación en el
ámbito de su competencia.

d) A requerimiento del Juez competente.

En todos los casos, la
Declaración Jurada Patrimonial y Financiera o el sobre
que la contenga, según sea la dependencia requerida, deberán
entregarse bajo recibo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 67.-VALIDEZ DE TODOS LOS REGIMENES. Lo dispuesto en el presente
Código no impide la aplicación de otros regímenes
vigentes.

ARTICULO 68.-PLAZOS. A los efectos del cómputo de los plazos
establecidos en el presente Código, sólo se considerarán
los días hábiles administrativos.